La semana pasada la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, pidió al TC que agilice la revisión de la suspensión de la investigación por malversación de fondos contra el ex comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, que está paralizada desde enero. En una de las pocas entrevistas que ha dado desde que asumió, la abogada dice que le parece “sumamente” grave la crisis del Ministerio Público y alerta: “En el CDE existe una sobrecarga de trabajo que no puede permanecer”.
Fotos: Verónica Ortíz

  • 19 julio, 2019

El 9 de julio la abogada María Eugenia Manaud, presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentó un escrito al Tribunal Constitucional (TC) pidiendo que se revise lo antes posible el caso por malversación de caudales públicos que involucra al ex comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo. La causa está paralizada desde enero, luego de que el TC acogiera un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el organismo, en el que se pedía que se decretara “la suspensión del procedimiento penal”, debido a que la defensa del general no había tenido acceso a la investigación. A fines de junio, Romy Rutherford, la ministra en visita de la Corte Marcial que investiga la causa, en la cual el CDE es querellante desde el año pasado, abrió el sumario al imputado.

-¿A través de su escrito buscaba apurar al presidente del TC, Iván Aróstica?

-No diría que lo estoy apurando, estoy pidiendo que se considere darle un tratamiento preferencial al caso del general Oviedo para permitir que la ministra en visita (Rutherford) pueda continuar su investigación. En este caso la petición de suspensión no se justifica y así lo planteamos en un escrito ante el tribunal.

-Él ha dicho que no se dejaría presionar por el clamor popular.

-Yo no he sabido que él me haya respondido a mí. Los escritos se responden por la vía de las resoluciones que en ellas recaen. Por ende, entiendo que la resolución que se dictó no me ha sido notificada aún, no la conozco.

-¿Por qué cree que se ha dilatado tanto? Hay críticas al TC por este asunto, específicamente la Primera Sala, que es donde se analiza este caso.

-Ha llamado más la atención por el efecto que produce la suspensión en una investigación penal. Llamó mucho la atención a la ciudadanía porque se trata de una investigación que afecta a un alto funcionario del Ejército. Pero es habitual que las defensas legítimamente formulen cuestiones de constitucionalidad o inaplicabilidad y pidan la suspensión de los procedimientos. No siempre la petición de suspensión está realmente bien fundamentada. Eso ocurre en este caso: no se justifica.

-¿Lo está haciendo mal Iván Aróstica, a su parecer?

-Está bien que lo preguntes, pero no corresponde que yo me pronuncie sobre el desempeño de un funcionario de tan alto nivel, porque nosotros litigamos frente a ese tribunal.

-Pero en este caso en particular usted es crítica.

-Podemos tener discrepancias en cuanto a la manera de resolver las situaciones que se van presentando. Eso es totalmente legítimo. Y el tribunal es el que tiene la atribución para resolver los conflictos. Yo planteo mi punto de vista, pero el tribunal resuelve.

-Ante las críticas que han surgido, él respondió en un medio “No tengo un pacto con el Ejército”… Es eso al final lo que se le está cuestionando…

-Lo que pasa es que los periodistas pueden hacer interpretaciones y eso se traduce en imputaciones. Pero no pasa del nivel periodístico.

-La ex presidenta del TC, Marisol Peña, dice en una columna que es parte del ejercicio la petición de suspensión y que no se debe apurar a las partes.

-Lo que ocurre es que hay una sobrecarga de trabajo. Hay mucho recurso pendiente y eso es lo que determina el tiempo que se demora el tribunal. Pero puede pedirse acelerar, y así lo hice, porque estimé fundadamente que se le diera preferencia por el efecto que causa en la investigación penal.

-La Corte Suprema, en un fallo reciente, plantea abolir la justicia militar. ¿Qué opina?

-Hay muchas personas que piensan que es lo que corresponde. No sé si lo que procede hacer sea abolirla, porque hay varios códigos que son propios de las Fuerzas Armadas y que guardan relación con materias reservadas o de seguridad nacional, que deberían tener tribunales especiales. Y mientras hoy exista, hay que aplicarla.

-Se habla ahora que la posible sucesora de Iván Aróstica puede ser María Luisa Brahm…

-No tengo opinión al respecto. Me parece que cualquiera de los ministros está capacitado para ejercer el rol de presidente.

Fin del grupo de amigos

María Eugenia Manaud (70) no viene de una familia dedicada al Derecho, pero ella siempre quiso ser abogada. “Por razones románticas, por las películas, cualquier cosa”, indica desde su oficina en el sexto piso del CDE, organismo que encabeza desde marzo de 2017. Nació en Quillota y estudió la secundaria en un liceo de niñas de esa localidad. Luego, entró a la Universidad Católica de Valparaíso.

De los 40 años que lleva ejerciendo la profesión, 37 los ha dedicado al mundo público. Entró al CDE en 1990 y en 1995 fue nombrada abogada consejera. Trabajó como asesora del ex fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, se desempeñó en Correos de Chile y en la Contraloría General de la República, entre otros.

-¿Está contenta con en este año y medio que lleva como presidenta del CDE?

-Hay de dulce y de agraz. De dulce, el tremendo honor de estar a la cabeza de un organismo como este.

-¿Y de agraz?

-El manejo diario. Hay mucha presión porque no hay una separación entre lo que es administración y gestión, con lo que es litigio. En definitiva, hay una organización que no se adapta a los requerimientos actuales. Se necesita que haya un director ejecutivo que absorba todo lo que es administrativo porque eso, hoy lo tengo que resolver yo. Por eso, desde que asumí, he pretendido continuar el proceso de modernización que se inició ya hace nueve años. La idea es que los abogados litigantes se dediquen al litigio y no cumplan con funciones administrativas. Y que todo el resto de la organización esté al servicio de los abogados litigantes, que son el corazón del CDE.

-El sistema está colapsado, ha dicho usted.

-El servicio es muy antiguo, tiene 124 años y sus procesos de trabajo nunca habían sido revisados. Siempre se trabajó de una manera consuetudinaria, tal como se hacía en el inicio, como un grupo de amigos que se hace cargo de la defensa judicial del Estado.

-Ahí hay una crítica a sus antecesores…

-No, porque había funcionado bien. El servicio tiene muy buenos resultados. Y lo que ahora se busca es mayor eficiencia porque hay un aumento de las cargas de trabajo.

-Como parte de la modernización, usted está pidiendo más financiamiento: 390 millones de pesos para aumentar el número de funcionarios y 200 millones de pesos para la instauración de edificios.

-El servicio en los últimos años ha tenido un aumento enorme de carga de trabajo (los juicios han aumentado en un 59%) y la cantidad de abogados de hace más de cinco años se mantiene igual, en 181. La puesta en práctica del nuevo sistema de organización, es decir, separar los roles de abogados litigantes con los de apoyo y gestión, implica que hay que contratar nuevas personas que se hagan cargo de la parte administrativa. Y eso son 14 personas para todo el país, lo que es muy poco. Existe una sobrecarga de trabajo que no puede permanecer. Se puede exigir en determinados momentos a los funcionarios abarcar más trabajo, pero eso no puede ser permanente. Y por eso tiene que ser abordado con urgencia y ponerle fin.

-¿Cómo ve la respuesta?

-Sobre este proyecto, que se trata separadamente del presupuesto ordinario, en los últimos dos años no se han asignado recursos para estos efectos.

-¿Por qué?

-Por necesidad de reducción de gasto público. Me preocupa y espero que se solucione.

 

“No hay parcialidad”

Por estos días, el Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley que modifica los estatutos de los consejeros del CDE. La iniciativa debiera ser dada a conocer dentro de los próximos dos meses, según indica la abogada.

-El presidente Sebastián Piñera propuso que se disminuyera el tiempo que dura un consejero en el cargo, que hoy se extiende hasta 75 años, y que se establezca un plazo de 10 años en el puesto.

-Nosotros hemos entregado antecedentes sobre la necesidad de modernización, reestructuración del servicio, que es mucho más importante que si los consejeros van a durar 10 años o van a estar hasta los 75 años. No es un tema fundamental.

-También se está analizando exigir dedicación exclusiva a los consejeros…

-Tampoco me parece que los dos requisitos vayan juntos. Pero no puedo opinar del tema porque el texto está en consulta al interior del Ejecutivo. Cuando sepa cómo viene la proposición, podré aportar ideas para mejorar el sistema, tanto de nombramiento de los consejeros como de duración en los cargos.

-Pero los consejeros no son tan independientes, dicen los críticos.

-Mientras no esté prohibido el desarrollo de otras actividades lucrativas, pueden hacerlo. Lo que importa es que no se entremezclen los intereses de sus actividades particulares con las del servicio. No pueden tener relación con juicios que lleven sus estudios y que tengan algo que ver con el Estado. Deben que abstenerse.

-Tienen una alta remuneración, cercana a los 7 millones de pesos.

-Creo que la remuneración si bien es buena, para personas que litigan privadamente, no es exorbitante de ninguna manera. Mi temor, si se establece el sistema de consejeros bajo un régimen de exclusividad y por periodos, es que distinguidos y exitosos abogados de la plaza no se interesen en ser consejeros. En definitiva, que disminuya la calidad.

-Tras el reciente nombramiento de Sebastián Soto como nuevo consejero por parte del presidente Piñera, la Asociación de Abogados del CDE manifestó reparos: “Carece de la trayectoria institucional y como litigante”.

-A mí me parece una excelente designación. No hay que olvidar que él viene a reemplazar la vacante que dejó Javiera Blanco, que no era de carrera, era externa al servicio. Por ende, no era de extrañar que se haya designado a alguien externo también. Entiendo perfectamente la preocupación y la inquietud, y la comparto. Ellos pretenden que las designaciones recaigan en funcionarios de carrera. Pienso que es muy bueno que haya gente de carrera, pero también externos al servicio. La gente que viene de afuera tiene una mirada nueva que aporta muchísimo. Cuando uno lleva muchos años en un organismo se acostumbra demasiado.

-¿Cuál es el consejero ideal? El año pasado dijo que la ex ministra de Defensa Javiera Blanco (quien renunció al consejo) era un elemento perturbador…

-No dije eso precisamente. Los medios replicaron mal el comentario. Su presencia era un elemento perturbador. Pero si se generaron dificultades alrededor del servicio, es otra cosa. No quisiera referirme a ese tema porque ya es del pasado, no me interesa.

-En 2018, el CDE ganó más del 90% de sus juicios. Hay quienes cuestionan la tendencia, dicen que el organismo es parcial…

-Se debe a la calidad del trabajo, comités especializados de consejeros que son los que dirigen las defensas. También hay muchos factores que influyen. Uno es la calidad de trabajo, otro, que hay muchos litigantes que formulan demandas que contienen peticiones exorbitantes. Toda demanda es sobre miles de millones, por lo tanto, eso es imposible que prospere. No hay parcialidad. Hay quienes aluden a que el consejo o el fisco tiene privilegios procesales. La verdad es que no, y conserva solamente uno, que se denomina “la consulta”, que es que en los casos que el fisco no apela, automáticamente está previsto que las sentencias de primera instancia pasen a la Corte en consulta, pero eso no se utiliza. Este organismo es técnico e independiente, defiende los intereses del fisco y del Estado y persigue a la corrupción. Son dos ideas básicas.

-¿Cómo es su relación con el ministro Hernán Larraín y el presidente Piñera?

-Es muy buena. Es fluida, no he tenido ninguna dificultad. Pero independiente. Es importante que este organismo pueda actuar judicialmente en contra de cualquier persona, incluso civilmente mediante demandas, sin tener que preguntar si puede hacerlo o no. Eso le da garantías a la ciudadanía de que los intereses del Estado fueron defendidos de una manera objetiva.

-En su minuto debe haber sido difícil encabezar el caso Caval, en el que estaba involucrado el hijo de la ex mandataria.

-Por supuesto. Pero gracias justamente a la independencia es que se ha podido actuar y presentar las querellas correspondientes, y se ha actuado en las investigaciones.

-¿Cómo va ese juicio?

-Sigue, está pendiente.

 

Crisis en el Ministerio Público: “Es sumamente grave”

-La semana pasada, el  CDE presentó una querella al suspendido fiscal Emiliano Arias por filtrar investigaciones de la ley de drogas. Lo acusa en tres delitos: violación y revelación de secretos, además de delitos informáticos. ¿Hay novedades?

-Este caso llega porque el fiscal a cargo de la investigación nos comunica lo que pasa. El consejo interviene en todas aquellas investigaciones penales donde hay delitos cometidos por funcionarios públicos, que este es el caso, y los delitos en que se afecte el patrimonio del Estado. La querella está referida a un delito de vulneración de secreto, del sistema interno del Ministerio Público respecto de datos de personas que se deben mantener en reserva. Y dependiendo de los resultados de la investigación, podría modificarse nuestra querella y ampliar cargos.

-¿Es inédita esta querella?

-Sí, es primera vez que el CDE se querella contra un fiscal regional. Me parece muy lamentable, se ha afectado enormemente la integridad y el prestigio del Ministerio Público, y me parece muy bien que tanto el Ejecutivo como el fiscal nacional (Jorge Abott) estén preocupados de introducir modificaciones legales para evitar que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir.

-Usted en el pasado asesoró al Ministerio Público. ¿Cuál es su análisis frente a la crisis que enfrenta el organismo?

-No me gusta referirme a la situación de otros organismos públicos. Solamente creo que es necesario cuidar las instituciones porque, en definitiva, su prestigio y estabilidad guardan relación con la observancia del Estado de Derecho y con la mantención del régimen democrático. La crisis del Ministerio Público me parece muy lamentable. Confío en que esto sea muy localizado y que, con las modificaciones, se evite que esto vuelva a ocurrir en el futuro, porque es muy grave. Puedo decir que lo estimo sumamente grave.

-¿Qué le parece el nombramiento de María Angélica Repetto para la Corte Suprema?

-Me parece lamentable que hayamos devenido en esta situación actual, con la participación de operadores políticos, todo eso… Pero felizmente el propio Poder judicial y el Ejecutivo están estudiando modificaciones para cambiar el sistema de nombramiento y evitar situaciones como las de la ministra (Dobra) Lusic.

-El próximo año termina su cargo en el CDE. ¿Cómo se ve en el futuro?

-Tengo la intención de dedicarme a los arbitrajes en la cámara, en el CAM en Santiago.