Ojalá esta emergencia termine siendo una oportunidad para la mejora institucional de la democracia. Esto pasa por devolverle la majestad a la ley, como su expresión cercana y cotidiana.
Por Lucas Sierra, Abogado investigador senior del Centro de Estudios Públicos

  • 24 octubre, 2019

Domingo 20 de octubre de 2019. Santiago bajo estado de emergencia. El toque de queda a unas pocas horas de empezar. La Moneda. Los tres poderes del Estado en conferencia de prensa.

Habló el Presidente de la República. Siguió el del Senado y el de la Cámara. Ensayaron diagnósticos de lo que estaba pasando, evaluaciones y soluciones.

Venía el turno del Presidente de la Corte Suprema. ¿Diría algo parecido? Las circunstancias inducían a eso. Mal que mal, era un escenario que nos tenía atónitos y sobre el que todos intentábamos balbucear algo.

Pero el juez no hizo nada de eso. Sólo informó que había “observado” una conversación, que había sido “testigo” de un diálogo en democracia. Nada más. Y fue perfecto.

El Gobierno y Congreso, colegisladores, diagnostican, evalúan y reforman. En otras palabras, hacen política, definen políticas, distribuyen y redistribuyen. Son los representantes del pueblo.

Los jueces no. No representan al pueblo y, por lo mismo, deben concentrarse en aplicar lo que éste decide a través de sus representantes. Los jueces observan lo que la política define en las normas que surgen de la conversación democrática. Son testigos de ellas al aplicarlas. El Presidente de la Corte Suprema encarnó así, en ese difícil y expectante momento, la esencia de un juez.

Fue una imagen esperanzadora, que permite mirar con una nueva luz la cuestión que debatíamos hasta el momento en se inflamó Santiago: la tensión entre la Corte Suprema (CS) y el Tribunal Constitucional (TC). El “choque de trenes” que, tan pronto se inició la emergencia, comprensiblemente se hizo humo. Pero que volverá, ninguna emergencia es eterna.

Desde hace años, ambos tribunales han mostrado actitudes contrarias a la autocontención del Presidente de la CS en La Moneda. En su función cautelar a través de la acción de protección -una jurisdicción de equidad y, por lo mismo, de pocos límites-, los tribunales ordinarios se han deslizado hacia la política. Y el TC también. De hecho, el choque de trenes fue un ejemplo. Por ambos lados.

Ojalá esta emergencia termine siendo una oportunidad para la mejora institucional de la democracia. Esto pasa por devolverle la majestad a la ley, como su expresión cercana y cotidiana. Hemos vividos años de inflación constitucional. Quizás desde el Estatuto de Garantías Constitucionales de 1970. Hoy, después de algunas vueltas, es el llamado “neo-constitucionalismo”. Estamos algo intoxicados de Constitución. A costa de la ley.

Para devolver la majestad de la ley hay que reformar el ámbito de competencia del TC. Por lo pronto, hay que reducir su competencia preventiva a cuestiones de forma, pero no de fondo. El TC se creó hace 50 años para resolver conflictos entre los colegisladores. ¿Quién era competente para qué? Hoy debería concentrarse en esto y, quizás, también en arbitrar las contiendas de competencia a que dará lugar el proceso de descentralización en marcha. Pero no más control de fondo preventivo.

Ese es un control abstracto, pero que ni siquiera arranca de un caso, porque aún no hay ley. Es decir, sólo se contrasta una norma general (el proyecto de ley) con una norma aún más general (la Constitución), en el más absoluto vacío. Esto es lo que hace la política, no la jurisdicción, pues ésta necesita un caso.

Y  la CS se debería reformar para que pueda realmente ser un tribunal de casación. Para esto se deberían reducir las apelaciones de protección. Y liberarla de sus múltiples tareas no jurisdiccionales.