El despacho de abogados especializado en el consumidor financiero irrumpió en dos nuevas áreas de negocios: Familia, a cargo de “la jueza” Carmen Gloria Arroyo; y Penal, en manos del ex fiscal nacional, Sabas Chahuán. Aquí, junto al fundador de la firma, Ricardo Ibáñez, hablan de su modelo low cost y de industrialización de litigios.

  • 25 abril, 2019

Una gran valla publicitaria a ambos lados de la ruta 68 sorprendió en las últimas semanas a quienes viajaban por esa vía. El mensaje comercial contiene un producto que hasta hace pocos años solo se publicitaba mediante el boca a boca: los servicios jurídicos de un estudio de abogados. Y en una gran foto, el ex fiscal nacional Sabas Chahuán, la abogada y presentadora de TV, Carmen Gloria Arroyo “la jueza” y el fundador del Grupo Defensa, Ricardo Ibáñez. Los tres, centrados en la reclamación legal de procesos penales, familia y deudas, respectivamente.

Con ello, el Grupo Defensa amplía su negocio a áreas que, según datos del Poder Judicial, representan más de dos tercios de todos los litigios que se tramitan en los juzgados del país.

“Chile tiene defensa” es el lema de la campaña de la firma de servicios legales, una de las pioneras en la atención masiva de clientes y el uso de publicidad en los medios, un modelo de industrialización de litigios que hoy, según sus propias cifras, tiene a la compañía como el mayor bufete especializado en el consumidor financiero del país. En la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento bien lo saben: en casi el 40% de todas las quiebras de personas que se tramitan, está detrás el Grupo Defensa.

Hasta mediados del año pasado, el grupo estaba concentrado en el negocio de las cobranzas y los problemas legales que enfrentan los deudores, pero según cuenta Ibáñez, las necesidades de sus clientes los convencieron de entrar a las nuevas áreas. “Empezamos a entender que las problemáticas de endeudamiento, de víctimas de delito, o problemas derivados del derecho de familia, estaban concentrados en el segmento medio de la población, que no tiene acceso a la justicia con gente especializada de una forma que una defensa legal no los empobreciera. Por eso, nos asociamos con Sabas Chahuán y Carmen Gloria Arroyo, personas realmente conocidas en la materia, con un conocimiento acabado del derecho penal y de familia”, sostuvo.

Entre el año pasado y la primera semana de marzo, Ibáñez, Chahuán y Arroyo comenzaron a explorar el negocio conjunto y terminaron creando las filiales Defensa Víctimas, a cargo de Chahuán, y Defensa Familias, encabezado por Arroyo. Ibáñez continúa liderando Defensa Deudores.

“Yo lo viví”

Con 18 años de trayectoria, el estudio jurídico se ha convertido en una fábrica gigante de pleitos, que emplea a 121 abogados, 89 procuradores, 140 profesionales de otras áreas y tiene oficinas en 17 ciudades de Chile. Y según sus cifras, una alta tasa de éxito: 0,02% de reclamos. Ello, pese a las quejas de clientes que es posible encontrar en Internet. “Pocos estudios en Chile han auditado sus resultados como lo hicimos nosotros, que contratamos a la consultora PKF, quien sobre la base de 84 mil juicios que entregamos, midió nuestro trabajo. Y la conclusión es que el 91,2% de nuestros clientes había tenido una permanencia de más de un año, lo que les dio tiempo para poder renegociar, repactar o dar cumplimiento a las obligaciones que contrajeron”, se defiende Ibáñez.

Probablemente la historia de este grupo nunca hubiera existido sin que a la familia de este abogado no le hubieran rematado su casa cuando tenía 28 años, como él tantas veces ha contado. “No es que esto yo lo haya estudiado, es que yo lo viví. Pude salir de esa situación y nos hemos propuesto enseñar, transmitir la experiencia”, comenta en la oficina de la firma, que ocupa dos pisos de una moderna torre en la calle Amunátegui del centro de Santiago.

Según Ibáñez, cuando la gente cae en desgracia, quiere pagar, pero no puede. Y gracias a las gestiones de sus profesionales, sus clientes ganan tiempo para repactar y evitar un embargo.

Modelo low cost

Abogados consultados por Capital admiten que Grupo Defensa y otras firmas de asistencia legal masiva están emergiendo como un nuevo fenómeno en el sector, moviendo cifras que podrían colocar a estos despachos low cost entre los 20 mayores bufetes de Chile, algunos de tradición casi centenaria o asociados a multinacionales. Y todo, con miles de pequeños clientes, demandas tipo, campañas de publicidad sencillas, al estilo de los abogados estadounidenses o españoles, y la consigna de que las demandas judiciales no son privativas de los ricos.

La industrialización del negocio implica que el personal de Defensa se especialice según sus perfiles, existan protocolos que establecen plazos definidos de cuánto debe demorarse cada etapa de un caso y de la forma y oportunidad en que se les responde a los clientes. “En el caso del endeudamiento, entendemos que el sistema opera de manera muy mecánica, las demandas que ingresan los bancos en contra de deudores prácticamente son todas iguales. En el caso de familia, también hay una cierta mecánica que se repite y los juicios son iguales, salvo las características particulares de cada persona”, revela Ibáñez.

Defender a las personas en procesos de deuda es un negocio muy rentable. El próximo paso es la inteligencia artificial, adelanta el abogado.

“Empezamos a conversar esta idea en la televisión”, cuenta Carmen Gloria Arroyo. “La jueza”, como es popularmente conocida, dice que llevaba varios años dándole vueltas a la idea de crear un bufete que viera casos de derecho de familia a un costo asequible y como Ricardo Ibáñez era uno de sus invitados recurrentes, comenzaron a analizar el proyecto, al término de las grabaciones de sus programas. “Un día dijimos, hagámoslo y acá estamos”, cuenta. Defensa Familias se orienta a los conflictos de las familias en materias como pensión de alimentos, regulación de visitas y divorcio, entre otros.

En el caso de Chahuán, el contacto surgió por un sobrino del ex fiscal, amigo de Ibáñez. “Tuvimos reuniones y vimos que era bastante posible, por lo que decía Ricardo, acercar la posibilidad de tener una justicia de calidad a gente que normalmente ha estado al margen. Y además me permitía mantener mi ejercicio libre y la universidad”, dice el ex persecutor nacional.

Defensa Víctimas busca ayudar y proteger a personas que han sido víctimas de delitos como portonazos, estafa o apropiación indebida. No toman eso sí a imputados ni entran en casos de narcotráfico o cohecho, a no ser que se trate de una víctima de esos delitos.

De hecho, partieron con un piloto en Rancagua con el objeto de conocer la problemática en torno a la víctima, los tiempos de tramitación, los requerimientos de los clientes, los tiempos que tomaba cada paso, entre otros.

Resolución de juicios, últimas demandas y perfiles contingentes, en este quincenal dirigido especialmente para abogados . Léelo jueves por medio en tu correo electrónico