Los casos de Lan-Tam y farmacias, de diversa forma, han dejado en evidencia falencias e indefiniciones en aspectos relevantes del sistema de libre competencia chileno.

  • 19 mayo, 2011

 

Los casos de Lan-Tam y farmacias, de diversa forma, han dejado en evidencia falencias e indefiniciones en aspectos relevantes del sistema de libre competencia chileno.

 

No cabe duda de que los casos de Lan-Tam y farmacias son motivo de continuo interés. Las resoluciones que respecto de los mismos dictan los tribunales se debaten en términos legales y económicos e, incluso, políticos. Y no es para menos, puesto que, de diversa forma, han dejado en evidencia falencias e indefiniciones en aspectos relevantes del sistema de libre competencia chileno. Veamos cómo.

José Manuel Bustamante

En el caso farmacias, es de público conocimiento que el acuerdo alcanzado por la Fiscalía Nacional Económica con una de las acusadas agilizó la discusión y la aprobación de la última reforma a la ley de competencia chilena (DL 211), que incluyó la figura de la “delación compensada”. Paradojalmente, las implicancias asociadas a ese mismo caso, hoy, podrían estar transformando en letra muerta tal institución, mundialmente reconocida como herramienta eficaz en el combate de la colusión. En efecto, el procedimiento penal iniciado contra varios ejecutivos por el supuesto delito de adulteración fraudulenta de precios tendió un manto de dudas respecto de los incentivos que tiene hoy una persona para acogerse al sistema de delación compensada si tal acción, no obstante eximirla de las alta multas del DL 211, le podría acarrear responsabilidad criminal. Es por ello que en tanto la arista penal del caso farmacias no se resuelva, difícilmente la delación compensada podrá funcionar adecuadamente (al menos, en lo que se refiere a colusión en materia de precios).

De otro lado, en relación con el caso Lan-Tam, las recientes resoluciones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) están cambiando el sistema chileno de control de concentraciones y fusiones. A diferencia de la mayoría de los países desarrollados, donde imperan regímenes de control obligatorio, el chileno era “voluntario”, existiendo eso sí incentivos para que las operaciones importantes fuesen sometidas a revisión de las autoridades de libre competencia. Desde que el TDLC, en votación dividida, aceptó la intervención de una asociación de consumidores como un tercero que puede dar inicio al procedimiento de rigor (no contencioso), el régimen dejó de ser “voluntario”, existiendo el riesgo de que sea usado con fines más bien estratégicos por agentes que aleguen tener interés legítimo.

Una normativa moderna de libre competencia exige que situaciones como las descritas sean aclaradas y, en definitiva, superadas, ya sea en futuras decisiones de los tribunales o bien mediante modificaciones legales. Esperamos que así se haga prontamente.