Por: Nicolás Marinovic

  • 20 diciembre, 2018

La irrupción de nuevas tecnologías (como aquellas que permitieron el nacimiento de aplicaciones como Uber, Cabify, Airbnb, entre otras) sorprende a nuestros legisladores. No es una crítica: se trata de un cambio que no era previsible. O al menos, que ha producido más rápido de lo imaginable.

En materia de transporte privado de pasajeros, la regulación aplicable se encuentra en el Decreto 80, el que sin lugar a dudas deja vacíos o espacios de interpretación que una regulación adecuada puede subsanar. En ese sentido, es valorable la iniciativa y determinación de la ministra de Transportes para que el proyecto de ley que actualmente se discute, avance (y en definitiva, se materialice en una ley).

El proyecto parece ir en la dirección correcta. Obliga a las famosas aplicaciones a constituirse como empresas de transporte en Chile, a fin de que declaren y paguen impuestos, y se les permite a los taxis tradicionales ser parte de ellas. Se exige la contratación de un seguro de responsabilidad civil para resguardar la seguridad de los usuarios, entre otras medidas, las que parecen poner el foco donde corresponde: en beneficio de los miles de chilenos que utilizan el servicio.

Sin embargo, no todo es tan bueno. Ciertos gremios y parlamentarios insisten majaderamente en que el Ministerio debe acotar el número de automóviles que formen parte de estas aplicaciones, exigiendo esto como imperativo moral. Peor aún, no son capaces de fundamentar esta limitación que pretenden imponer. No está en duda que sea una materia que pueda analizarse una vez implementada la ley, pero obviamente actitudes así de dogmáticas, no redundan en beneficio de la población.

El tema de la regulación obedece a distintos factores, entre otros, a la seguridad y el correcto funcionamiento de estos servicios, a la posibilidad de afrontar las externalidades que puedan generar estas aplicaciones. Así, las externalidades podrán ser resueltas por el Estado por la vía de una regulación que permita el desarrollo de la actividad en un nivel óptimo, o por medio de los impuestos.

La pregunta natural y obvia sería: ¿cuáles son los beneficios de limitar el número de vehículos que pueden formar parte de estas aplicaciones? A primera vista, las desventajas son las primeras en aparecer: 1. Existiría un desincentivo para competir, pues bastaría tener el permiso para estar “asegurado”; 2. Al igual como ocurrió con los taxis tradicionales, el derecho a formar parte de estas aplicaciones comenzaría a transarse como una acción o “derecho de taxi”; 3. Se discriminaría arbitrariamente a quienes quisieran participar en ese mercado ya regulado, por no “haber llegado a tiempo”; 4. Aumentaría el desempleo. Se estima que cerca del 2% de la fuerza trabajadora del país se desempeña en este rubro. Y así podrían señalarse un sinfín de desventajas.

La experiencia ha demostrado que, definir cuotas es desconocer la esencia del negocio de Uber o Cabify. La calidad del servicio depende de que los taxistas compitan por los usuarios. Con cuotas, la competencia (y por ende la calidad del servicio) se vería amenazada.

Lo señalado no implica que esta sea una discusión cerrada, pero imponer regulaciones tan estrictas desde un comienzo, no parece razonable. Prudente pareciera ser la recomendación del nobel de economía Ronald Coase ya en los años 60, refiriéndose a la regulación de las externalidades: “El único camino sensato es examinar cuidadosamente los casos individuales y decidir qué enfoque puede funcionar mejor…”.