El diario Stuff de Nueva Zelandia se hizo eco hace algunas semanas del conflicto que tiene a la principal lechera de ese país, Fonterra, enfrentada con sus socios chilenos de la Fundación Isabel Aninat en Prolesur. Ambas partes contaron sus versiones a Capital, mientras el mundo legal sigue el caso con interés, ya que se trata de la primera querella importante por la nueva figura de la administración desleal en Chile.

  • 23 mayo, 2019

No ha sido fácil este último año de sociedad entre la Fundación Isabel Aninat y la neozelandesa Fonterra, en Prolesur. Enfrentamientos, acusaciones mutuas, dos bloques que apenas cruzan palabra y la determinación de cada uno de llegar hasta las últimas consecuencias han marcado esta relación. El 24 de febrero pasado, la entidad local decidió demandar a sus socios, o más bien a los directores que los representan, acusándolos de generar un deterioro económico superior a los 13 mil millones de pesos en Prolesur.

“Batalla en el directorio: la filial chilena de Fonterra bajo investigación tras una disputa entre directores”, fue el título de un artículo que publicó el diario neozelandés Stuff hace algunas semanas, haciéndose eco de este conflicto que sigue creciendo. El 10 de mayo pasado, la Asociación Gremial de Productores de Leche (Aproleche), también accionista minoritario de Prolesur, se sumó a la querella de la Fundación Isabel Aninat (FIA) por administración desleal en contra del directorio de la empresa lechera encabezada por el exministro de Educación, Gerardo Varela.

Y, por si fuera poco, Prolesur está enfrentada ahora en tribunales con la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast). El organismo la multó con 711 millones de pesos por incumplimientos, cobrándole de paso, boletas de garantía por otros 565 millones de pesos. Hasta 2018, la entidad estatal era su principal cliente. Pero en la última licitación, la lechera perdió ese importante contrato. Y de todo eso, las dos partes también se acusan.

Discrepancias

Las querellas de la Fundación y Aproleche coinciden en que hicieron todo lo posible por evitar llegar a este punto. En ambos textos se puede leer que los directores de Fonterra recibieron varias advertencias de que todo podría terminar en tribunales, pero que éstos habrían seguido priorizado a Soprole, para -según ellos- perjudicar a Prolesur.

Fonterra es dueña del 99,9% de Soprole y del 86% de Prolesur. En esta última sociedad, la Fundación posee el 13,6% de las acciones y el otro 0,17% restante está en manos de aproximadamente 600 accionistas minoritarios, entre estos los ganaderos de Aproleche.

En el mercado lechero dicen que todo esto se venía venir. Y mencionan que la relación entre los socios empeoraba cada día. Que sin muchas estridencias, de un lado y otro se oían suspicacias y resquemores mutuos sobre el manejo de la sociedad. Que, allá en el sur, se sabía que los chilenos no estaban conformes con la manera en que los neozelandeses llevaban el negocio y que estos, a su vez, consideraban que la exitosa experiencia de Fonterra era aval suficiente para hacer su trabajo.

En la Fundación desestiman que la querella haya evidenciado desconfianzas en la convivencia. “La Fundación Aninat no tiene ningún ánimo de participar en un conflicto entre accionistas. Su foco ha sido y continúa siendo la asistencia y auxilio a niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad. La Fundación ha mantenido siempre una actitud de respeto y colaboración con Fonterra y con los demás accionistas minoritarios. La acción legal que presentó respondió a la obligación que le asiste de velar por el interés de la Sociedad de la que es parte como accionista, considerando que a esta se le causaron y continúan causando gravísimos perjuicios. Exploramos todos los caminos para resolver este tema, pero cada intento resultó infructuoso, lo que no nos dejó más alternativa que ejercer los derechos que nos asisten bajo la ley con el objeto de proteger el interés de la Sociedad en la que participamos”, respondió a Capital el director de Prolesur y representante de la Fundación, Sebastián Oddo.

La figura de la administración desleal

Actualmente, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente investiga la querella en contra de los directores de Prolesur, Gerardo Varela (presidente), Tomás Walker, Sergio Diez, Robert Spurway y Paul Campbell. Todos, menos Walker (hermano del mMinistro de Agricultura, José Antonio Walker), son defendidos por Julián López, el mismo abogado de los controladores del grupo Penta. A Walker lo representa el socio de Gana y Gálvez, Jorge Gálvez.

Algunos de los directores ya han declarado en calidad de imputados, mientras la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones realiza diversas diligencias. En paralelo, el Ministerio Público pidió a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) una serie de antecedentes para poder dilucidar qué ocurrió en los directorios. Eso, porque existen diferentes versiones y también varias coincidencias sobre las conversaciones y momentos clave. 

Según el diario Stuff de Nueva Zelandia, Fonterra dijo que “defenderá con fuerza” a los directores nombrados en Prolesur, en caso de que se presenten cargos, y que pondrá a su disposición toda la maquinaria de la compañía para reivindicarlos.

Y hay un ingrediente adicional: como la querella se basa en la recientemente creada figura de la administración desleal, el mundo legal sigue con particular atención este caso. Se trata de la primera acción judicial importante sobre este nuevo delito, que se produce cuando quien tiene a su cargo la administración del patrimonio de otra persona, lo afecta. Su pena máxima es de cinco años y un día de cárcel, además de sanciones como la prohibición de ejercer como director por un tiempo determinado.

En este caso, menciona la querella, la administración desleal de los directores se habría configurado por el presunto beneficio a Soprole. “Es difícil entender cómo, en estas circunstancias, alguien pueda calificar la aceptación de esa oferta como un acto de administración desleal”, dice Julián López a Capital. Pero en el entorno de la Fundación y Aproleche retrucan que “el directorio no tiene libertad absoluta para tomar acuerdos, por el contrario, los acuerdos no pueden ir en perjuicio de la propia empresa, mucho menos buscando favorecer a la compañía que los nombró en el directorio. Justamente para evitar este tipo de cosas es que se introduce la figura de la administración desleal en nuestra legislación”.

La batalla judicial ha dejado situaciones inéditas, como que el 18 de abril pasado el abogado de Cariola, Diez y Pérez Cotapos, Jorge Boldt, se quejó ante el fiscal Felipe Sepúlveda –que sustancia la causa– de afectar los derechos de un grupo de ejecutivos y directores de Soprole y Prolesur, al haberles pedido acceso a sus computadores y correos electrónicos.

Los quesos

Representada por el abogado Gabriel Zaliasnik, la Fundación Isabel Aninat interpuso la querella, contra cinco directores de Prolesur, por haber condonado una deuda por 13.906 millones de pesos que tenía Soprole con la empresa lechera.

Según el texto, Varela y los directores elegidos por Fonterra en octubre de 2018 habrían velado solo por los intereses del grupo empresarial que los designó. Pero de acuerdo con los querellados, la deuda nunca existió. Muchos menos, una condonación. Aseguran que la diferencia de platas y criterios de la que son acusados corresponde a una modificación contractual.

Y todo, por las importaciones de queso. De acuerdo a su versión, Prolesur le planteó a Soprole la necesidad de subir los precios de ese producto, que importaba y le revendía, debido a los cambios de valor al alza en el mercado mundial. Y que ahí se produjo la diferencia.

Dado a que Fonterra es la controladora común y Soprole, el principal cliente de Prolesur, las dos firmas establecieron en 2016 un acuerdo marco que buscaba asegurar que las transacciones se hicieran conforme a valores de mercado.

Amparándose en esos contratos, en 2018 Prolesur le pide a Soprole que revise el alza los precios de los quesos. Sus cuentas, que incluían el efecto retroactivo de los cambios en los valores desde 2016, cuando se firmó el acuerdo, sumaban los 13.906 millones de pesos.

El contrato entre las dos firmas establecía que en caso de discrepancias, las auditoras Ernst & Young, Deloitte y/o KPMG serían las encargadas de revisar las transacciones y definir los precios. Y que en el caso de que las diferencias siguieran, se llamaría a un árbitro.

“Esta querella está estructurada sobre una afirmación falsa, que consiste en que el directorio de Prolesur le habría “condonado una deuda” a Soprole. Y lo cierto es que esa supuesta deuda jamás ha existido. Lo que hubo aquí fue una negociación que no tenía por objeto ninguna deuda, sino la pretensión de modificar contratos vigentes entre las partes y que terminó en un punto intermedio entre la pretensión inicial de Prolesur y la pretensión inicial de Soprole. La inexistencia de esa deuda es algo que ya fue verificado e informado por escrito por PwC, aun cuando resultaba completamente innecesario hacerlo: cualquier persona que alguna vez haya negociado algo sabe que, en una situación así, no cabe hablar de deuda ni de condonación”, sostiene Julián López.

Los querellantes acusan que los directores ligados a Fonterra les pasaron la aplanadora a los demás integrantes de la mesa. Son siete los integrantes del directorio de Prolesur, de los cuales cinco son nombrados por la neozelandesa, y pese a las advertencias de que se estaba configurando un caso de administración desleal y a la existencia de un informe de Deloitte que le daba la razón a Prolesur, la querella indica que no fueron escuchados.

En los Estados Financieros de Soprole correspondientes a 2018 se lee la misma versión que los querellados han entregado en la fiscalía: que no se ha registrado en los libros de la filial Prolesur ninguna cuenta por cobrar de 13.906 millones de pesos, ni tampoco en los de Soprole.

El rol de Petersen

Un personaje clave en esta historia es el ex gerente de Prolesur, Juan Carlos Petersen Widmer. Según la querella de la Fundación, fue despedido a través de un mensaje de WhatsApp por Gerardo Varela el 26 de octubre de 2018. El ejecutivo, que fue el autor del informe sobre las diferencias de platas, llegó a ese cargo nombrado por los mismos neozelandeses en 2015, tras un largo paso por Manuka, la ex hacienda Ñuble y Rupanco, el mayor productor de leche de Chile.

Su aterrizaje estuvo acompañado de una profunda reestructuración y anuncios de separación de aguas con Soprole, siguiendo el modelo de Fonterra, la principal exportadora global de lácteos.

De acuerdo con los testimonios de los querellantes, cuando Petersen entregó su informe al directorio de Prolesur indicando la diferencia de 13.906 millones de pesos, los directores Jaime Milic, Tomás Walker y Arturo Tagle se pusieron en alerta y fueron a negociar con Soprole, firma que habría respondido estar dispuesta a pagar solo 1.869 millones de pesos. Y eso no fue aceptado. A esas alturas, el ambiente ya estaba para cortarlo con tijeras.

El 6 de septiembre de 2018, Soprole propuso pagar 2.500 millones de pesos para terminar con el problema y además modificar el contrato. Las relaciones en el directorio ya estaban rotas completamente. Los directores apenas se hablaban y la desconfianza campeaba en cada reunión.

En octubre, Petersen fue desvinculado de Prolesur y Erich Becker, quien entonces era gerente de abastecimiento de Soprole, fue nombrado en su reemplazo. Eso no le pareció correcto al ex director de la compañía nombrado en representación de la Fundación Aninat, Enrique Alcalde Undurraga, quien decidió denunciar el caso ante la unidad de investigación de la CMF.

“Llama la atención que cuando Petersen defendió los intereses de Prolesur, se decidió despedirlo nombrando a un nuevo gerente general que promovió los intereses de Soprole”, reclaman los productores de leche en su querella.

Dos meses después, Becker informó en el directorio, que todos los cálculos de Petersen estaban errados.

El 23 de octubre de 2018, Soprole hizo su oferta final: pagaría hasta 5.149 millones de pesos a Prolesur por las diferencias de precios y terminaría con el problema. Ello fue revisado por las auditoras externas Ernst and Young y KPMG y aprobado por el directorio con los votos de los representantes de Fonterra. En contra estuvieron los demás integrantes de la mesa. Soprole Inversiones S.A. –controlada por Fonterra– perdió en esa operación 1.521 millones de pesos.

“Las diferencias entre los directores que representan a los accionistas minoritarios y mayoritarios de Prolesur no son nada más que eso: legítimas diferencias de negocios acerca de si lo más conveniente para Prolesur era aceptar o rechazar la última oferta de Soprole”, dice López.

Pero la querella insiste en que se vulneraron las normas que regulan los precios de transferencia entre empresas relacionadas. “No es un problema contable, es un problema de actuar dolosamente contra la empresa de la que son directores”, dicen en Aproleche.

Carta al presidente de Fonterra

“La Fundación Isabel Aninat hizo todos los esfuerzos a su alcance, durante largo tiempo, para evitar el ejercicio de acciones legales. Se advirtió reiteradamente que ello representaba un ilícito, lo que está consignado en las propias actas del directorio. Se envió en su oportunidad una carta al presidente de Fonterra, solicitándole que tomara las medidas tendientes a la protección de Prolesur. Solo cuando se llegó a la convicción de que la situación estaba consumada y era su obligación presentarla, lo hizo, tras consultar a los más destacados abogados penalistas del país”, asevera Oddo.

Pero los querellados aseguran que todo está en regla y apuntan a la gestión de Petersen. Se le acusa de haber fracasado en sus proyectos y de haberle “vendido” este conflicto a la Fundación para ocultar las bajas en las compras de leche, el aumento de las importaciones y los problemas con Cenabast.

Pero en el entorno del ejecutivo aseguran que estos comentarios solo buscan socavar su gestión. De hecho, la misma Fundación no tiene reclamos en su contra.

La pelea, en cualquier caso, no acaba más que comenzar. Las partes buscan ganar tiempo para preparar la defensa ante una operación que desde el principio se consideró hostil. Al hilo de la batalla, algunos suscitan la posibilidad de una venta. En las últimas semanas, han aparecido rumores de un cambio de propiedad en Soprole. Diversos medios han informado sobre la posibilidad de que Fonterra venda activos en Sudamérica por cerca de 1.000 millones de dólares.

Pero el 28 de marzo, la neozelandesa comunicó que “nos parece importante aclarar que Soprole no es parte de las desinversiones anunciadas el pasado 20 de marzo por Fonterra para reducir su deuda”. Ese mismo día, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente encargó nuevas diligencias. La leche ya estaba derramada.