Por: Lourdes Gómez En Chile se producen más de 17 millones de toneladas de basura, de las cuales unas 10 millones corresponden a basura industrial y el resto a basura domiciliaria. De esto, apenas se recicla un 10%. Éstas son las cifras generales de la realidad ecológica de Chile, cuyas aspiraciones de formar parte de […]

  • 15 octubre, 2015

Por: Lourdes Gómez

Ilustración-reciclaje

En Chile se producen más de 17 millones de toneladas de basura, de las cuales unas 10 millones corresponden a basura industrial y el resto a basura domiciliaria. De esto, apenas se recicla un 10%. Éstas son las cifras generales de la realidad ecológica de Chile, cuyas aspiraciones de formar parte de la OCDE, lo obligaron a ponerse al día en esta materia. Todo porque este selecto club exige a quienes lo integran aumentar el reciclaje de residuos sólidos y desarrollar una economía que incentive una mayor eficiencia en el tratamiento de los desechos residuales.

En 2013, se envió al Congreso el proyecto de Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), también conocida como ley de fomento al reciclaje, que hoy se encuentra en discusión en el Senado y que espera ver la luz a fin de año.

Una ley que si bien es aplaudida por los diversos sectores, tiene en alerta a las empresas. Ésta obliga a las compañías a hacerse cargo de la vida útil de sus productos desde la “cuna hasta la tumba”, bajo la premisa de que “el que contamina paga”. Por eso, serán las mismas productoras las que, una vez que la ley entre a regir, deberán financiar y gestionar las 3 R clave de este ciclo: reutilizar, reducir y reciclar.

“Lo que se busca es hacer de los residuos una oportunidad y no un problema. Chile recicla el 10% de sus residuos, son cifras tan bajas que se está perdiendo la oportunidad de obtener energía de materia prima reciclable y de tener menos rellenos sanitarios en las distintas comunas. Un manejo del reciclaje produce una mejor gestión de residuos, ahorra energía, materia prima, tal como ocurre en países de la Unión Europea”, explica Pablo Badenier, ministro del Medio Ambiente.

Cuando la ley ya esté operando, serán nueve los productos prioritarios que deberán reciclarse: aceites y lubricantes, neumáticos, aparatos electrónicos, baterías y pilas, envases y embalajes, plaguicidas, diarios, periódicos y revistas, vehículos y medicamentos, cuyo ciclo de vida estará regulado en una primera etapa. En todo caso, las últimas indicaciones podrían dejar a algunos de éstos fuera de la ley. Por ejemplo, la industria electrónica ha esgrimido que muchos de sus productos –como ampolletas y refrigeradores, por ejemplo– no tienen demanda como residuo, lo que complica su reciclaje.

Argumentos de este tipo son los que hoy se discuten en el Parlamento. Todo porque el proyecto estipula que de no cumplir con las metas de recolección que establecerá el ministerio del Medio Ambiente, las multas podrían ir desde las 10 mil UTA hasta la prohibición de la comercialización del producto.

 

El que paga

“Creemos que la visión país es correcta, desde el punto de vista de querer disminuir los impactos negativos de los residuos, que hoy generamos como sociedad e industria. Entendemos que el espíritu de la ley no es recaudatorio, sino correctivo, que lo que se busca es promover cambios conductuales y culturales, a través de la generación de conciencia por el cuidado del medioambiente”, comenta José Luis Solórzano, gerente general de Coca-Cola Andina Chile. Una idea en la que coincide Patricio Puelma, gerente de administración y finanzas de Cristalerías de Chile, quien dice que “si bien el productor figurará como el responsable del reciclaje de los envases que utilizará para vender sus productos, los costos finalmente se distribuirán entre todos los participantes de esta cadena; productores, consumidores y fabricantes de envases y empaques”, explica.

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Sin embargo, hay varios puntos que generan incertidumbre. Entre ellos, cuál será el costo del reciclaje para las empresas, algunos ya llaman la “ecotasa”. Y es que el financiamiento del reciclaje y recolección de residuos generará no sólo un mercado apetitoso para los actores del reciclaje, sino que también debiera incentivar el surgimiento de actores relevantes en el trading de estos productos finales. Según estimaciones, cerca de un 40% de los residuos domiciliarios encajan en el reciclaje de la ley REP y podrían ser clave en el cumplimiento de las metas de recolección, especialmente para la industria de envases y embalajes.

Aquí, el rol de las municipalidades y de los gestores podría ser un punto clave para las compañías. Pero también un dolor de cabeza. Las empresas ven en esta relación un riesgo de mercado, donde quienes tengan mayor acceso a la recolección de los desechos de los hogares, tendrán la llave para que las empresas puedan cumplir con las metas de reciclajes establecidas por la autoridad. Así, las comunas con una mayor educación ambiental, aquéllas que ya tienen implementado un sistema de reciclaje, las más numerosas, o las de mayor proximidad, serán más apetecidas.

“Los temas críticos radican en generar incentivos para el reciclaje, tal como existen en países del primer mundo como Australia o Alemania, donde las normativas ya están arraigadas en la cultura de la sociedad. El reciclaje, ante la presencia de incentivos correctos, también se ha convertido en una fuente de negocios y generación de empleo. En países de Latinoamérica existen organizaciones que conforman poderes de compra de residuos para luego clasificar y vender sus derivados, generando reciclaje y, por lo tanto, menor contaminación de una manera rentable. Creemos que en Chile el desafío es complejo, pues coexisten realidades sociales diversas que no responderán de la misma manera a incentivos homogéneos. Tenemos comunas en donde la conciencia y el reciclaje ya son parte de las preocupaciones, así como otras más periféricas en donde la situación no es tan distinta a lo que ocurre en países vecinos de economías más vulnerables”, comenta Solórzano.

Víctor Ballivián, presidente del Comité Nacional Chileno de Empresas Eléctricas que reúne a los principales actores de la industria eléctrica industrial y de iluminaria del mercado, también precisó su preocupación por el rol que asumirán las municipalidades en este mercado. “Nos preocupa que la ley pone toda la responsabilidad en el productor y no en los municipios”, advierte el representante gremial.

Puelma comparte esta visión. “Consideramos que la ley que se está tramitando está incompleta. Falta incorporar a los municipios en toda esta cadena. Ellos tienen un rol muy importante en el proceso. Todo el material reciclable debiese ser retirado en origen (desde los hogares) por camiones de basura, lo que debiese quedar estipulado a través de una ordenanza municipal. De esta forma, aseguraremos un volumen importante de todos los materiales reciclables, no sólo de vidrio”, precisa Puelma.

Hoy, las municipalidades son las entidades responsables del aseo y ornato de las distintas comunas, rol que se consagra bajo la ley de ordenanzas municipales, instrumento legal que se mantendrá con la aprobación de esta nueva normativa. Actualmente, son las alcaldías las que deben financiar la recolección y tratamiento de toda la basura.

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Alejandro Smythe es director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades para la Sustentabilidad Ambiental (Amusa). Su visión es que esta nueva normativa trae beneficios para todos los actores que participan de este sistema. En el caso de las municipales, indica, el financiamiento de la recolección y tratamiento posterior de los desechos considerados como prioritarios significará un ahorro de 30 millones de dólares. “La tarifa que el municipio destina para la recolección y disposición final se verá disminuida, porque la recolección de lo reciclable se va a hacer por otra vía. Éste es un sistema donde todos ganan, es win-win pero nadie lo quiere decir, porque aún está por definirse quién va a pagar finalmente la ecotasa del reciclaje”, asegura Smythe.

 

Libre competencia

Otro tema que también preocupa a las empresas es la asimetría que pudiera surgir de un nuevo mercado, tanto el sistema de gestión, los gestores o recicladores. Para Alejandro Navech, gerente general de Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), este tema también preocupa a las empresas que reciclan, ya que ahora deberán competir para abastecerse de los desechos para reducirlos. “Este mercado nuevo va ser extraordinario para muchos, va a generar más empleo, nuevos actores, pero tiene que estar resguardada la libre competencia, hay que estar monitoreando para evitar monopolios. Los sistema de gestión acumulan mucho dinero y al principio siempre es importante que se logren economías de escala, pero en el largo plazo esto deriva en un aumento de precios, es decir, comprar más barato y luego vender esos residuos más caros”, dice.

Un ejemplo es la implementación de la ley REP en Alemania, que tras operar durante sus primeros diez años bajo un sistema monopólico, abrió el mercado a otros participantes y redujo a la mitad los costos del reciclaje a nivel nacional desde 2.000 millones a 1.000 millones de euros.
La REP chilena contempla la opción de crear Sistemas Integrados de Gestión (SIG) que podrán estar compuestos por distintas compañías o grupos de compañías en asociación con municipios y recicladoras. Por eso, el riesgo de monopolio de estos sistemas es uno de los fantasmas.
Badenier asegura que esto no ocurrirá, debido a que cada empresa podrá optar libremente cómo recicla sus desechos.

Para Gastón Cáceres, director de Ingeniería e Innovación de KDM, uno de los principales actores en la gestión de residuos domiciliarios, este riesgo es compensado con las exigencias de las autoridades de libre competencia, quienes deberán regular los contratos entre los distintos actores. “Me parece que dentro de la estructuración de la ley ya se trata este tema, porque se establece que las SIG deberán contratar bajo un sistema de licitación abierta, cuyas bases serán reguladas por la Fiscalía Nacional Económica. En este sistema, no veo un mundo en que haya un solo gestor definido, están los recicladores bases y otras empresas del rubro pudiesen participar abiertamente y en forma acorde con la libre competencia”, precisa.

 

El rol gremial

La definición de los nueve productos prioritarios y las metas que deberá cumplir cada empresa, que quedarán definidas en los reglamentos posteriores a la ley, también abren nuevas interrogantes. Al respecto, Badenier calma los ánimos y asegura que como autoridad definirán una meta equilibrada. “Buscaremos hacer cumplir las metas derivadas de buena información, de tal forma que no sean incumplibles ni insuficientes, para que impida el despegue de esta industria”, asegura.

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Frente a estas dudas, la Sofofa decidió tomar cartas. El gremio reunió a representantes de las nueve industrias que están afectas a esta ley y constituyó el Comité Pro Reciclaje, liderado por Patricio Jottar, gerente general de CCU, para buscar que la discusión de la ley resguarde temas como la libre competencia. También, actualmente el comité evalúa hacer estudios que permitan definir lineamientos de los hábitos y el comportamiento de los hogares en el reciclaje.

“Creemos que el proyecto del Ejecutivo va en la línea correcta. Éste es un proyecto extremadamente técnico y por ello esperamos que las indicaciones sean votadas en forma favorable, ya que perfeccionan el proyecto, especialmente aquéllas que resguardan la libre competencia, y se fomentan los sistemas costo eficientes”, explica Mariela Formas, secretaria ejecutiva del Comité Pro Reciclaje de la Sofofa.

Todas, dudas que deberían quedar resueltas durante la elaboración de los reglamentos para que, a partir de 2017, el reciclaje se transforme en una realidad cada vez más masiva en Chile. •••

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El panorama hoy

Una de las industrias que representan la mayor tasa de reciclaje son los plásticos, superando el 70%. Una cifra que no alcanza a suplir las necesidades de la industria que reutiliza los PET reciclables. De hecho, Chile importa unas 18 mil toneladas de plásticos desde otros países para reciclarlos y alcanzar la demanda de las 700 mil toneladas que se consumen año a año. Los conocedores de esta industria explican que esto se debe, principalmente, a las fallas en la recolección selectiva de este tipo de envases. Al respecto, hay empresas que han dado algunos pasos. Embotelladora Andina está fuertemente orientada a la retornabilidad, que actualmente corresponde al 55% del volumen de ventas de bebidas y que cada año implica una inversión de entre 22 y 24 millones de dólares. A su vez, utiliza hasta un 25% de PET reciclado en sus envases y busca constantemente reducir menor cantidad de plástico (PET- Lightweighting).

Cristalería Chile, por su parte, utiliza hasta un 40% de vidrio reciclado en su proceso, gracias a su campaña de reciclaje con Coaniquem, desarrollo de recolectores de vidrio (pequeños y medianos) y compra de vidrio a clientes. Una de las ventajas de este producto es que es 100% reciclable, por lo que un aumento en el volumen de la recolección compensaría los costos del reciclaje.

La industria del neumático también ve con buenos ojos esta ley. Chile consume unos 120 mil toneladas y una baja tasa de reciclaje. Según explica José Browne, gerente general de la Cámara de la Industria del Neumático de Chile A.G., que reúne a los principales conglomerados internacionales de la industria, esta ley viene a emparejar la cancha. “A nosotros nos interesa porque nuestras casas matrices están en países donde esto ya se viene haciendo hace décadas, lo tienen internalizado en sus políticas y lineamientos y hacerlo por nuestra cuenta acá tiene un alto costo y se pierde competitividad. Esto cambia con la ley REP, donde todos tienen que hacerse cargo de esta externalidad”, precisa.

En Chile, los neumáticos reciclados se destinan como fuerza calórica en cementeras y como materia prima para las canchas de fútbol sintéticas. También tienen un fuerte posicionamiento como materia primara para asfalto de caminos.