El proyecto de ley de Reforma Procesal Civil está sacando ronchas en algunos sectores. No todos están contentos con el documento que ingresó al Congreso y creen que hacen falta revisiones más de fondo y mayor claridad sobre el tipo de conflictos que dirimirán los tribunales civiles y el rol que tendrá la Corte Suprema.

  • 5 julio, 2012

El proyecto de ley de Reforma Procesal Civil está sacando ronchas en algunos sectores. No todos están contentos con el documento que ingresó al Congreso y creen que hacen falta revisiones más de fondo y mayor claridad sobre el tipo de conflictos que dirimirán los tribunales civiles y el rol que tendrá la Corte Suprema. Por María José Salas.

La reforma procesal civil está dando de qué hablar en el mundo legal. Siendo el último escalón de la justicia que aún sigue anclado en una estructura antigua, la reforma está generado un acalorado debate en el mundo del Derecho, en el cual las universidades están jugando un papel importante. En las casas de estudio las opiniones a favor y en contra de la modificación legal están a la orden del día, especialmente al interior de la escuela de Derecho de la Universidad de Chile donde, mientras algunos académicos apoyan en casi su totalidad la reforma, otros creen que hacen falta algunas revisiones.

En esta casa de estudios coinciden en que es necesario un vuelco hacía una estructura con mayor flexibilidad, en que lo fundamental sea garantizar una justicia oportuna que obtenga resultados en un tiempo más corto.

Hace cinco semanas, un grupo de académicos de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conformado por Mauricio Tapia, profesor de derecho civil y director del Departamento de Derecho Privado; Pablo Cornejo, Joaquín Polit y Sebastián Ríos, se reunió en la sesión especial de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados para elaborar un documento que deja al descubierto disconformidad en la manera en que se ha planteado el proyecto y en el cual se evidencian dudas sobre los tipos de conflicto que dirimirán los tribunales civiles a partir de la nueva reforma.

Uno de los puntos más críticos se relaciona con el hecho de que los conflictos contractuales que importan a los ciudadanos, y que se relacionan con el consumo, deberían quedar entregados a los juzgados civiles y no a los de policía local, como ocurre actualmente.

Y se plantean la siguiente pregunta: ¿es el sistema propuesto por el proyecto una herramienta adecuada? A juicio de ellos, puede serlo, pero no en su estado de redacción actual. Es por eso que plantean que si se quiere modificar las reglas civiles es necesario abrir una discusión a la que se convoque a especialistas en el tema, los que guiarán las reformas. Consideran que el proyecto tiene que pasar por una revisión global de los protagonistas del derecho civil, que analicen el impacto que causará en la legislación sustantiva.

Por eso creen que existe la posibilidad de que se genere un descalabro en el derecho de los contratos, de la responsabilidad, en la economía y en los mercados. Incluso, en algunos círculos se ha hablado que los cambios que se pretende implementar podrían transformarse en un equivalente al Transantiago en materia legal.

El rol de la Corte Suprema
Uno de los puntos que genera mayor debate es el rol que jugará la Corte Suprema en el nuevo sistema. El proyecto elimina el recurso de casación y la deja supeditada a casos extraordinarios, por el cual actualmente es la Suprema que dirime en última instancia frente a determinadas causas. Con la reforma, la función del máximo tribunal quedará restringida a determinaciones de carácter más constitucional y a la necesidad de formar y uniformar doctrina.

Para muchos académicos da la impresión de que con esta reforma se quiere que la Corte Suprema se pronuncie en muy contadas ocasiones y que en tales excepciones dicte normas con efectos generales, invadiendo las competencias de otro órgano del Estado; el Tribunal Constitucional. Además, muchos critican que en los pocos momentos en que podrá intervenir se le obligará a tomar el papel de una jurisdicción constitucional, ya que sólo podrá inferir en términos de derechos fundamentales y no podrá velar por el respeto de la ley civil. Para muchos entendidos da la sensación de que se tuvo en cuenta otro modelo de Corte Suprema, similar a la imagen del derecho anglosajón, al momento de redactar la Reforma Procesal Civil.

El abogado José Joaquín Ugarte, profesor de la UC, ha manifestado su preocupación a través de cartas a los diarios. En una de estas misivas plantea que si bien es cierto que la Corte Suprema tiene ahora un excesivo número de recursos de casación en el fondo en materia civil, “la manera de solucionar ese problema no está en quitarle el noventa y nueve por ciento de los casos, sino en volver a instaurar el límite de cuantía monetaria que existía antiguamente, estableciendo una de cierta importancia bajo la cual no sea procedente el expresado recurso”. A su juicio, no debe permitirse que con el fin de mejorar las cosas se termine “desmantelando nuestro sistema jurídico”.

No es el único tema en discusión. En otros círculos también hay dudas sobre la oralidad de los procesos y los altos costos que implicará contar con un lugar físico para realizar audiencias. Según algunos abogados, en las causas civiles, más que los hechos son las interpretaciones de la ley las que hacen valer una posición u otra, lo que sería difícil de demostrar en una audiencia pública. Pero, a juicio de otros, lo que se busca con esto es, justamente, darle más valor a la prueba, que entre tanto escrito e informe en derecho, ha pasado a segundo plano en el ámbito civil.

Los aires están movidos y todo indica que no será fácil que el proyecto pueda ver la luz en el corto plazo… por lo menos mientras no se aclaren las dudas y se logre un consenso.