El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sigue generando controversias en el mundo legal. Ahora, dos equipos de diferentes universidades están enfrentados en una pugna.

  • 17 noviembre, 2011

El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sigue generando controversias en el mundo legal. Ahora, dos equipos de diferentes universidades están enfrentados en una pugna.

Todo partió en julio pasado, cuando la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, liderada por el abogado Jorge Contesse, solicitó a Mideplan que invalide el Decreto Supremo 124 que, a su juicio, restringe excesivamente y de manera inconstitucional la aplicación del convenio 169, que establece la obligatoriedad de consultar a los grupos indígenas que se puedan ver afectados por medidas legislativas o administrativas para realizar determinados proyectos de inversión.

Por otro lado, un grupo de cuatro profesores de la Universidad Católica, entre los que están José Francisco García y Rodrigo Delaveau, presentaron un Téngase Presente a Mideplan para que considere argumentos constitucionales a la hora de pronunciarse sobre la invalidación. Esgrimen que este decreto lo que hace es precisar y poner reglas claras en la aplicación del convenio 169 y que, por lo tanto, su invalidación puede tener impactos en la inversión y en nuevos proyectos energéticos, mineros y de aguas, entre otros.