En el edificio Metrópoli, en plena esquina de Apoquindo con El Golf,  se encuentra la recién inaugurada oficina del ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) Gonzalo Yuseff. Quien fuera durante ocho años fiscal adjunto de Quillota, antes de trabajar en el gobierno de Sebastián Piñera, decidió “privatizarse” y crear su propio estudio […]

  • 11 julio, 2014

Legal_Yuseff y Fodich

En el edificio Metrópoli, en plena esquina de Apoquindo con El Golf,  se encuentra la recién inaugurada oficina del ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) Gonzalo Yuseff. Quien fuera durante ocho años fiscal adjunto de Quillota, antes de trabajar en el gobierno de Sebastián Piñera, decidió “privatizarse” y crear su propio estudio jurídico.

No es un desafío en solitario. El ex director de la ANI tendrá como socio a Vinko Fodich, quien como fiscal adjunto lideró varios casos emblemáticos, como la estafa a la Compañía Chilena de Fósforos y quien también trabajó en el gobierno de Piñera como jefe de la División de Control y Sanción del Ministerio del Interior.

A ellos se suma Eduardo Riquelme, quien fue jefe de gabinete de Andrés Allamand en el Ministerio de Defensa; Patricio Torres, ex fiscal adjunto a cargo de delitos contra el patrimonio; Pedro Anguita, con experiencia en la academia y José Luis Andrés, ex defensor público jefe de la Defensoría de San Miguel.

“Éste es un estudio en el cual los abogados reciben en equipo los casos que defienden, compareciendo personalmente los socios a todas las audiencias y actuaciones judiciales que se presentan. El ámbito de actuación del estudio jurídico apunta a entregar la mejor defensa judicial posible en el campo penal, en especial, en los delitos patrimoniales, económicos y financieros”, explica Yuseff.

La especialidad del nuevo estudio, agregan los demás socios, es “la nueva litigación oral con énfasis preferente, aunque no excluyente, en los delitos patrimoniales, económicos y financieros”. Aunque también prestan asesorías preventivas a empresas en el ámbito penal y contravencional administrativo.