Chile guarda bajo sus pies un filón. Una rica área geológica que se extiende por el subsuelo y que ha convertido a la actividad minera en la principal industria del país. Pero ese mismo filón que genera tanta riqueza, puede a veces transformarse en una bomba de tiempo medioambiental. Por eso, desde noviembre del año […]

  • 5 abril, 2013
Minería

Minería

Chile guarda bajo sus pies un filón. Una rica área geológica que se extiende por el subsuelo y que ha convertido a la actividad minera en la principal industria del país. Pero ese mismo filón que genera tanta riqueza, puede a veces transformarse en una bomba de tiempo medioambiental.

Por eso, desde noviembre del año pasado, que cada faena que termine su ciclo está obligada a desarrollar un plan ordenado de cierre. Ya no se pueden dejar minas o depósitos de residuos tóxicos abandonados a su suerte.
Según el director del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, Julio Poblete, el número de empresas que deberá someterse a este nuevo procedimiento bordea las 2 mil, y de ese total, 90 corresponden a yacimientos grandes y medianos, y 1.800 a unidades más pequeñas.

“La normativa es un gran avance para Chile y para el desarrollo sustentable de nuestro país, pues nos pone en la vanguardia de las economías más desarrolladas en aspectos como el cuidado del medioambiente y la seguridad de las personas”, sostiene el ejecutivo. Tal es la relevancia, que durante la tramitación del presupuesto 2013 en el Congreso, el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, adelantó que el énfasis de su cartera estará puesto este año, entre otros temas, en la implementación de la ley de cierre de faenas.

[box num=”1″]

La ley establece un procedimiento general para todas las mineras, pero las divide entre las que producen o procesan más de 10 mil toneladas por mes, y las que se relacionan con menores montos. En el primer caso exige que todo nuevo proyecto de esa magnitud considere en su presentación un Plan de Cierre más completo al anteriormente exigido, con medidas y acciones que aseguren la estabilidad física y química del área donde se desarrolló la actividad minera.

Millonarias multas

Con la nueva normativa, las empresas deben presentar un proyecto detallado y valorizado, con el fin de evitar derrumbes o hundimientos una vez que la faena haya terminado su vida útil. Para ello, se pide a las compañías que establezcan, por ejemplo, qué medidas de seguridad estructural tomarán, además de mejorar la resistencia de lo que ya existe y disminuir las fuerzas desestabilizadoras que podrían afectar las obras o los depósitos de relaves.

La norma considera la exigencia de una garantía que cautele la correcta implementación del plan de cierre y la realización de auditorías periódicas a los planes respectivos. “La ley contempla sanciones para los incumplimientos que pueden llegar a las 10 mil UTM (casi un millón y medio de dólares) o la ejecución acelerada de la garantía. Estas sanciones también podrían afectar al representante legal de la empresa que incumpla con el plan de cierre y que podría llegar a la suma de 1.000 UTM (unos 85 mil dólares)”, dice Poblete.

A las chicas también…

Para el caso de la pequeña y mediana minería, la ley estableció un procedimiento de aplicación simplificado de los planes de cierre y se les eximió de entregar garantías, principalmente porque se trata de actividades muy pequeñas o casi de subsistencia, como en el caso de los pirquineros.

Según detalla el director de Sernageomin, a la fecha se han recibido alrededor de 200 proyectos de este tipo y de acuerdo a los cálculos de la institución se estima que existe un universo de alrededor de 1.800 empresas pequeñas y medianas que deberán someterse a este procedimiento.
En cualquier caso, la ley sólo se preocupa de la “mitigación de daños” y no de la recuperación de los terrenos.

10% de la inversión

Si bien tanto el Consejo Minero como la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) participaron ampliamente en la elaboración y creación de la ley de cierre de faenas y su reglamento, aún entre los actores del sector existe una serie de preocupaciones al respecto.

Ello, debido a que el cierre de una faena es un proceso muy largo, capaz de extenderse incluso hasta por 15 años o más. “No es llegar y bajar la cortina. Es un tema que requiere de mucho control, porque es un proceso paulatino que no sólo depende de la antigüedad de las operaciones, sino que también del agotamiento del recurso o de los cambios tecnológicos”, dice un ejecutivo del sector.

A eso se suma que como los proyectos mineros son normalmente concebidos a plazos superiores a los 10 años, tiempo en que la situación del mercado o de nuevas tecnologías pueden cambiar, a algunas compañías se les hace complejo determinar con tanta premura una fecha, plan y precio del cierre. Se estima que entre un 10% y un 15% de la inversión total de cualquier proyecto se destinará al cierre de las faenas.

No obstante, en el sector reconocen que con la nueva norma se evitarán o controlarán mejor las posibles acusaciones de dumping ambiental que siempre amenazan al sector, además de que podrían mejorar las relaciones con las comunidades donde se instalan las operaciones.

Según estimaciones del gobierno, en los próximos 10 años el sector minero deberá destinar serán entre 5 mil y 10 mil millones de dólares sólo a ejecutar los planes de cierre de faena. •••

_____________________________________________________________________________________________

Casos emblemáticos

Las tortas coquimbanas

La rica industria que el sector generó de las entrañas de la tierra ha provocado también severos daños ambientales. En zonas como la región de Coquimbo el abandono de minas y relaves ha generado la acumulación de varios metros cúbicos de residuos tóxicos que amenazan con contaminar los valles. Incluso hay desechos con forma de torta insertos dentro de los mismos poblados o en las quebradas que alimentan el cauce de los ríos.

Según el diputado por esa zona, Luis Lemus, casi la mitad de los 449 relaves abandonados que hay en Chile están en la IV Región. “Muchos son de la pequeña minería y están en terrenos privados, cuyos dueños se desconocen. Los relaves deberían ser reprocesados, por empresas especializadas que se dedican a esto y el costo debiera darlo el propio relave, a través de la explotación de los minerales que allí están contenidos”, dice.

Actualmente el ministerio de Medioambiente está implementando en la IV Región un plan de saneamiento en las comunas de Illapel, La Higuera y Andacollo, con el fin de relocalizar los relaves y recuperar los espacios urbanos.

Cierre autofinanciado

Ubicada a escasos 16 kilómetros de Santiago, la mina Lo Aguirre de Minera Pudahuel se convirtió en un verdadero caso de estudio de cierre de faena.

El yacimiento operó entre noviembre de 1980 y junio de 2000 terminando con una serie de pasivos ambientales que iban desde tajos abiertos en la tierra hasta socavones, oficinas, plantas de tratamiento, correas transportadoras y botaderos de tóxicos.

El plan costó más de 10 millones de dólares e implicó sellar y recubrir extensas áreas, re-nivelar terrenos y reforestar.
Una de sus principales características fue que se financió con la venta de parte de los mismos desechos y de áridos para la construcción.

Algo similar hizo la estadounidense Teck en la comuna de Andacollo en la IV región. La firma implementó un plan de remoción de relaves que contempla el retiro de 207.000 toneladas de desechos casi todos ubicados dentro de la misma zona urbana.