Por: Juan Ignacio Piña Rochefort, socio de Balmaceda, Cox y Piña

  • 16 junio, 2020

La historia es relativamente sencilla. Me permito resumirla en dos líneas. Por el estado de emergencia y las dificultades para la realización de audiencias en tiempos de emergencia, se reagendaron una serie de juicios orales al decretarse el estado de excepción. Como nadie previó que la excepción duraría tanto como la regla, no hubo de pasar mucho tiempo ni ser muy agudo para anticipar el monumental atochamiento judicial que vendría después. Las cifras eran efectivamente alarmantes. Más de 3600 juicios tuvieron que ser reprogramados. La señal de preocupación de la Corte Suprema no se hizo esperar y su vocera, la Ministra Gloria Ana Chevesich, anunció el interés del máximo tribunal de retomar la actividad en la medida que fuera posible y usando los medios tecnológicos que estuvieran a disposición. Fue así como volvieron a agendarse muchos de esos juicios y en Santiago y Colina hasta se dictó un «protocolo seguro» para su reanudación.

El festín entonces estaba servido. Al unísono distintos actores (Asociación de Magistrados, de fiscales, Defensoría Penal, etc.), manifestaron su preocupación por esta disposición. Especialmente cuando subsistía la duda de si la forma de realización de dichos juicios sería presencial o, en caso contrario, si serían completamente virtuales o mixtos. Sin duda ambas opciones muestran inconvenientes de distinta naturaleza.

Los juicios presenciales presentan problemas estrictamente sanitarios y, por lo mismo, su viabilidad depende de que se puedan garantizar las condiciones mínimas de resguardo a todos los intervinientes. Por lo mismo, la determinación de si estas medidas son capaces de conjurar los riesgos de contagio es una cuestión técnica sobre la que tienen que pronunciarse órganos especializados, pero ya podemos adelantar que parece poco probable en el estado actual de la situación. La segunda posibilidad —que en parte ya ha comenzado a ejecutarse—, es la realización de juicios remotos o semi-remotos. Sin embargo, si bien estos conjuran o disminuyen los riesgos para la salud, pueden entrañar problemas jurídicos de gran calibre. Resulta relativamente evidente para quienes han participado regularmente en este tipo de procesos que muchos episodios probatorios resultan inimaginables por vía remota, como el examen y contraexamen de los testigos, peritos o imputados (¿cómo descartar que no se estén leyendo declaraciones o no estén amañadas por un tercero fuera de cámara?).

En un juicio oral se juega de un modo radical la suerte de un ciudadano. Por eso se le ha garantizado el derecho a un juicio oral y público en que los jueces puedan observar directamente toda la prueba producida. Solo en ese contexto se puede asegurar la correcta formación de su convicción sobre la culpabilidad del imputado más allá de toda duda razonable. Cualquier atisbo de duda en ese aspecto redunda en la pérdida de credibilidad del proceso y eventualmente de su legitimidad. Igual de preocupante resulta la idea promovida de racionalizar la prueba ofrecida, restringiéndose eventualmente la posibilidad de las partes de ofrecer aquella que han dispuesto para el juicio. Resulta difícilmente discutible que estas medidas entrañan el riesgo de viciar de nulidad los juicios —por ejemplo, por afectación del derecho a la defensa—y que ello obligue a su nueva realización.

No puede ponerse en duda que hay una serie de episodios procesales que pueden llevarse a cabo virtualmente. Del mismo modo, es factible también, pero por excepción, que algunos episodios del juicio oral puedan verificarse de ese modo. Pero transformar esa excepción en la regla es altamente riesgoso y pone en entredicho la legitimidad del enjuiciamiento en primer lugar y de todo el sistema como consecuencia. Adicionalmente, es sabido que los derechos que se restringen en períodos de excepcionalidad difícilmente se recuperan en estados de normalidad. Y siempre hay buenas razones que permiten justificarlo. Puesto en términos sencillos, los mecanismos tecnológicos no ofrecen las garantías suficientes para la contradictoriedad e inmediación esenciales al proceso penal y la producción de la prueba. Entonces alguien podrá decir que no está de acuerdo —de hecho, así parece desprenderse de las declaraciones del Fiscal Nacional— y que a su juicio sí se cumplen los estándares del debido proceso echando mano a estos recursos. Si eso pasa tendremos que asumir que existe una razonable discrepancia y, por ende, que existe la legítima duda sobre el adecuado resguardo de las garantías del imputado. Y a pesar de lo que parezca, con ello en lugar de profundizarse el problema, se atisba su solución. Porque hace demasiados años se alcanzó un consenso básico en el Derecho penal y en proceso penal: que la duda nunca debe ceder en contra del imputado, y es precisamente ello lo que aconseja la postergación de los juicios. Por eso, aunque deban pagarse enormes costos administrativos y haya que soportar, como en el resto de las actividades humanas, un fuerte impacto y retraso en la tramitación de los procesos, parece altamente conveniente que ellos no se lleven a cabo en las condiciones actuales. No vaya a ser que, por tener juicios durante la peste, terminemos teniendo juicios apestosos.