Jorge Bofill desde su confinamiento afirma que con la pandemia se generarán enfrentamientos legales hasta ahora desconocidos. El mejor ejemplo, asegura, “es lo que está pasando con Latam”. el penalista relata que el año pasado, al cumplir 60, optó por dejar de hacer clases y no repostular al Colegio de Abogados –“quiero disfrutar mi tiempo familiar y personal”–. Además, habla del plebiscito, del impasse con el Fiscal Nacional, de los delitos de cuello y corbata y cuenta que tiene un proyecto de conservación en la XI Región.

  • 10 junio, 2020

En octubre del año pasado Jorge Bofill cumplió 60. Y se autoimpuso una ley que no transgrede: bajar la carga de trabajo. Eso, entre otras cosas, implicó no repostular al Colegio de Abogados y dejar de hacer clases. La decisión no fue fácil, durante veinte años fue profesor de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Chile. “Pero es momento de dar prioridad a otras cosas. No me interesa dejar de trabajar, porque me encanta lo que hago, pero sí quiero disfrutar mi tiempo familiar y personal”, cuenta el penalista, que entre su larga lista de clientes tiene varios casos de alta connotación pública, como Julio Ponce y Juan Emilio Cheyre. Una de sus nuevas pasiones está en el sur, en concreto, en la XI Región de Aysén. Ahí, junto a su hermano Octavio, está mirando un campo en el que planean desarrollar un proyecto de conservación. “Tenemos una idea de hacer algo ahí para cuidar la vida silvestre. Estamos estudiándolo y sacando ideas”, explica.
Cuando partió la cuarentena se instaló con su mujer, la también abogada de Bofill Escobar Silva, Marcela Vega, sus dos hijas de 6 y 5 años y su madre. Desde ahí encabeza reuniones con sus socios Ricardo Escobar y Loreto Silva, a primera hora de la mañana y, luego, con el resto del equipo.
“En lo personal, estoy tranquilo. En lo profesional, con mucho trabajo. Pero al mismo tiempo ha sido una oportunidad para estar más tiempo con la familia”, relata. En el encierro se ha dado espacio para practicar una de sus aficiones, cocinar –su especialidad actual son las pastas– y leer bastante. “Leo pocas novelas. Hace pocos días terminé Blink, de Malcolm Gladwell, un libro muy interesante sobre el funcionamiento del cerebro en períodos muy breves, de segundos. Ahora estoy leyendo uno sobre pensamiento matemático (How not to be wrong) y otro del que me enteré por una columna de Jorge Burgos hace unos días (Calle Este Oeste). Pero de todo lo que he leído en el último tiempo, lejos lo mejor es la biografía de Alexander von Humboldt, titulado «La invención de la naturaleza. Un libro fantástico de Andrea Wulf”.
Sobre el coronavirus, y sus consecuencias a nivel sanitario, económico y social, dice que está “aprendiendo a manejar este ambiente tan incierto”.
-Usted fundó la ONG “Libertades Públicas” y, tal como lo dice su nombre, se abocó a defender las libertades de las personas, en general. ¿Es de los críticos de las reglas que establece esta cuarentena?
-He seguido mucho esta misma discusión en otros países. Creo que la respuesta es que la autoridad es la que debe tomar las decisiones, pues es la que maneja la información. Las medidas de confinamiento son necesarias, pero también creo que es importante justificar las razones de las distintas medidas que se van tomando, porque mal que mal se trata de limitar la libertad. Hasta ahora, me parece que el confinamiento ha sido necesario. Sí, es preocupante que haya tanta gente desafiando las reglas.
-¿A qué lo atribuye? ¿Somos malos para cumplir reglas los chilenos?
-Bueno, a partir de octubre del año pasado una enorme cantidad de personas se ha dedicado a desafiar el orden público, la autoridad y la ley. Estamos en un período en el que el respeto a la autoridad es mucho menor a lo que fue tradicionalmente.
-Hace unos años, durante el paro de la Universidad de Chile, para no frenar las clases, hizo un curso de litigación con Julián López vía remota. Entonces fue algo puntual, pero hoy no hay otra forma de hacerlo. ¿Seguirá esta tendencia?
-Esa situación se dio en un contexto muy distinto. La de hoy es mucho más compleja, pues afecta todos los espacios y relaciones vitales. La virtualidad o el contacto electrónico pasaron de ser la excepción, a constituir la regla y, afortunadamente, nos han permitido mantener el contacto personal, familiar y profesional. La gran duda es lo que vendrá después. Como dijo el presidente de Alemania hace algunas semanas, hasta ahora nos veníamos comportando con el planeta siguiendo el lema olímpico (más lejos, más alto, más fuerte) y eso, tal parece, no lo podemos seguir haciendo.

Justicia y pobreza

-Con la pandemia los estudios de abogados ya están cambiando su forma de ejercer. Además del trabajo en remoto, claro, habrá transformaciones más profundas. ¿Qué cambios prevé?
-No puedo responder por los estudios de abogados en general. En lo que a mi estudio –Bofill Escobar Silva– respecta, estamos todos trabajando desde nuestros hogares, de manera muy intensa. Todas las mañanas tenemos una reunión de socios y luego otra con todos los abogados. Nos hemos preparado para esta carrera larga.
“Pero en su sustancia, el trabajo legal es el que es. Si tuviera que prever un cambio, me lo imagino más en la arquitectura de las oficinas de abogados, que debieran pasar a ser más lugares de encuentro que de trabajo. El aprendizaje de esta pandemia es que iremos más ligeros de equipaje en todo sentido.
A su vez, puedo anticipar que se vienen conflictos nuevos. El mejor ejemplo es lo que está pasando con Latam, que se acogió al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE.UU. Algo similar no lo experimentábamos desde los años 80. En el sector de la construcción sin duda habrá complejidades legales que antes no existían. Y eso es solo el comienzo.
Pero el gran desafío de esta pandemia va a ser enfrentar la pobreza. Vamos a vivir en un país más pobre y con más pobres. Ese va a ser el principal problema que como sociedad tendremos que resolver. La crisis sanitaria transformó en realidad la preocupación que manifestó la clase media emergente del país. Los temores que había hace pocos meses se hicieron realidad: muchos volvieron o volverán a ser pobres. Y desde todos los sectores y profesiones debemos buscar formas de ayudar, cómo colaborar. Esto puede ser desde el mundo de las ideas, aportar en las políticas públicas, pero también apela a la solidaridad con el entorno más cercano. Eso significa, en parte, evitar los despidos.

-¿Cuál debiera ser el rol de los abogados estos días de crisis económica, sanitaria y social?
-Cuidar y respetar el Estado derecho, perfeccionar las instituciones y participar en la elaboración de políticas públicas. Eso es algo que, especialmente, los políticos con formación de abogados no debieran olvidar nunca. Es lo que juraron cuando recibieron su título.
-Lo han sondeado de partidos políticos. ¿Le tienta la oferta?
-No. No soy un político, soy un abogado al que le gustan la política y los temas públicos. Me importa mucho la democracia y si puedo contribuir de alguna manera con las políticas públicas, lo hago feliz.
-¿Qué debiera pasar con el plebiscito y la reforma a la Constitución? Entiendo que usted es partidario del apruebo…
-Yo no he manifestado públicamente mi posición frente al plebiscito. Por lo demás, no es lo importante. Hasta hace pocos meses estábamos muy divididos. Pero las cosas han cambiado en muy poco tiempo. El país del futuro será otro. A lo mejor –eso espero– nos daremos cuenta de que hay ciertos temas básicos en los que necesitamos consensos mínimos, no por el afán de llegar a acuerdos –tan cuestionados hoy en día–, sino porque Chile necesita una convivencia pacífica. Supongo que eso es lo que todos buscamos. Por lo menos todos los demócratas. Esa es una línea divisoria que no podemos dejar de trazar.

El escrutinio y la funa

-Esta revista comenzó a publicarse en 1996 y usted estuvo presente en varias de sus ediciones, a su parecer, ¿cuáles son los principales cambios en la justicia chilena en los últimos 20 años?
-Hace veinte años se comenzó a implementar la reforma procesal penal. Eso supuso nombrar a lo largo de cinco años más o menos a seiscientos nuevos jueces, lo que representó un incremento muy importante en el escalafón primario del Poder Judicial. Esos jueces –muchos traen otra mentalidad– están empezando a llegar a las cortes superiores. Hay en muchos de ellos una renovación del pensamiento respecto de la figura del juez y de sus relaciones externas e internas. Eso queda bastante en evidencia cuando se observan los conflictos político-profesionales que hoy día se dan al interior del Poder Judicial. No sabemos en qué va a terminar, pero es un fenómeno muy relevante en una institución hasta ahora diseñada con muchos criterios de verticalidad y jerarquía, que ellos están desafiando.
Por otra parte, los jueces están hoy sometidos a un escrutinio público y a una presión mediática que no existía hace veinte años. Esa es una dificultad en el ejercicio de la jurisdicción. A menos que el juez esté dispuesto a sufrir la crítica muchas veces violenta de las redes sociales, de las cuales no es fácil abstraerse, esa presión es un riesgo para el sistema. Hemos visto varios ejemplos de jueces –me carga la palabra– funados o, incluso, amenazados en los últimos meses.
-¿Qué cambios vislumbra en el mundo legal en el escenario futuro?
-Hablando de la justicia en general, más allá de cambios procesales o de la revisión de los sistemas de juzgamiento –hace rato está pendiente la reforma de la justicia civil y hay varios anteproyectos de Código Penal– y de la introducción de medios tecnológicos –las cortes superiores han funcionado muy bien en estos meses de crisis–, mi experiencia de cuarenta años en la profesión me ha llevado a concluir que todas las personas que se ven involucradas en un conflicto judicial necesitan una respuesta rápida. Si hubiera que pensar en un cambio de enfoque, lo centraría en las necesidades de las personas, en pensar cómo acelerar la respuesta judicial. Hoy en día, para cualquiera que entra al sistema, la justicia es una especie de túnel en el cual no se ve la salida.
-Hay sectores que critican la justicia chilena, sobre todo en cuanto a su función y rol en sectores vulnerables y de pobreza. ¿Cómo lo ve usted? Participó activamente en la reforma al sistema penal, lo conoce de cerca.
-La justicia es parte esencial del funcionamiento de la democracia, porque es uno de los poderes del Estado. Tanto en Chile como en otros países, el sistema democrático se puede mejorar y perfeccionar, en todos los ámbitos. Pero tenemos un sistema que funciona y estoy lejos de los que creen que hay que cambiarlo todo. Cuando se trata de diseñar políticas públicas, el único mecanismo posible es el diálogo y la mirada de largo plazo. Un muy buen ejemplo es la creación de la Defensoría Penal Pública, que funciona muy bien y acompaña a todas las personas imputadas, especialmente las que no pueden costearse un abogado. La justicia es un derecho al que toda persona debe poder acceder.
-En la vereda del frente, ¿los delitos de cuello y corbata debieran tener sanciones más duras?
-Este es un tema bien técnico, quizás no tan fácil de explicar. Los delitos económicos no tienen penas bajas. Lo que ocurre es que se tiende a ver la pena únicamente en la privación de libertad. En Chile, todos los condenados por primera vez a una pena de hasta cinco años tienen derecho a que el juez analice si pueden optar a una pena sustitutiva, distinta de la cárcel. Y eso ocurre también la mayoría de las veces con los delitos económicos. Por eso, en el último anteproyecto de Código Penal propusimos un sistema distinto, en el cual ciertas penas y ciertos delitos no dan derecho a esa opción. No es necesario exacerbar las penas, hay que repensar el sistema.
-Usted iba a ser el primer fiscal nacional… ¿Es la principal frustración de su carrera?
-Eso, como bien se dice, es nieve de ayer.

Cheyre y el impasse con Abott

-Según sus alumnos, usted solía repetir en clases: “No nos asusta representar al cliente impopular”. Entre sus representados hay varios de connotación pública, como La Polar, Julio Ponce, Juan Emilio Cheyre… ¿Por cuál se ha ganado más enemigos?
-No hay clientes más importantes que otros. Esa es una condición ética básica del ejercicio de la profesión. La mayoría de los casos que veo son complejos, muchos de ellos tienen repercusión pública y creo que eso es algo que los abogados deben aprender a incorporar como factor relevante en el ejercicio profesional. El gran riesgo de la exposición pública de los casos son las condenas anticipadas y el juzgamiento de las personas por los medios. Esa es parte de la ética del periodismo. Sin esa consideración, la libertad de opinión e información y el derecho a defensa se distorsionan y distorsionan los resultados de los casos. El caso más claro es el del general Juan Emilio Cheyre. Él no intervino ni participó en los crímenes de la Caravana de la Muerte, ni pudo por su edad y posición haberlo hecho. Sin embargo, hay quienes han descontextualizado los hechos –solo por haber ocurrido en dictadura– para generar un clima de opinión adverso en torno a su figura.
-Entre los casos que tiene en carpeta, está el gobierno. Usted es parte de un grupo de abogados que está colaborando en las investigaciones vinculadas a los hechos delictuales del 18 de octubre y las semanas siguientes. ¿En qué está ese proceso?
-Esas investigaciones avanzan, se ha identificado a muchos responsables, de los cuales la mayoría está sometida a medidas cautelares y estamos esperando llegar a los juicios orales. Ya ha habido algunas condenas, lo que demuestra que la violencia callejera es un crimen y no tiene justificación, con independencia de las consignas políticas.
-¿En qué quedó el impasse con el fiscal nacional Jorge Abott?
-Fue eso, un impasse. Por lo demás, no hay nada personal allí. Con Jorge nos conocemos desde los años ochenta. Pero él es el fiscal nacional y lo que importa es cómo conduce el Ministerio Público. En mi opinión, las discusiones públicas son sanas y no hay que tenerles temor.