La legislación concursal tiene como objetivo que los bienes de una persona, natural o jurídica, sean puestos a disposición de sus acreedores, a fin de pagar sus deudas con el orden y preferencias que la ley establece… hasta ahí, Derecho Comercial tercer año.

  • 3 noviembre, 2011

La legislación concursal tiene como objetivo que los bienes de una persona, natural o jurídica, sean puestos a disposición de sus acreedores, a fin de pagar sus deudas con el orden y preferencias que la ley establece… hasta ahí, Derecho Comercial tercer año.

Pero la legislación concursal, en la práctica, tiene muchas otras utilidades. Hemos visto a acreedores solicitar la quiebra de un deudor para cobrar un pagaré; a socios de una empresa quebrarla porque no se ponen de acuerdo o a acreedores que, al ver que sus posibilidades de cobro son nulas, solicitan la quiebra de la empresa para, al menos, recuperar el IVA pagado. Otros, los menos, quiebran para liberarse de sus deudas y simplemente no pagarle a nadie, nunca.

En muchos casos, la utilidad de esta normativa es estratégica. Cuántas veces hemos visto a una empresa presentar un convenio judicial preventivo, que posterga el pago de las deudas a muchos años o que propone pagar porcentajes ínfimos, y a los acreedores no tener otra alternativa que aceptarlo, pues la quiebra significa “cero peso”. En otros casos, el convenio judicial es una señal clara para los acreedores de que ese empresario quiere cumplir, pero en condiciones distintas, que le permitirán satisfacer la totalidad de las acreencias y, precisamente, evitar la quiebra que, en muchos casos es, como ya se dijo, una manera de liberarse de los compromisos.

Pero sin lugar a dudas, donde la legislación concursal fue utilizada en forma magistral, desde el punto de vista estratégico, fue en el caso de Minera San Esteban Primera S.A.

Todos recordamos el infortunado accidente, que atrapó a 33 mineros durante 72 días y que finalmente tuvo un desenlace exitoso. Pero es probable que muchos no logren dimensionar el impacto de esta situación en la empresa: cierre de la misma, paralización inmediata de las faenas, sueldos y proveedores por pagar, compromisos financieros que cumplir, mantención de la operación mínima sin poder generar los recursos… y todo esto, con toda la opinión pública apuntando con el dedo a sus dueños. No había salida. La empresa estaba paralizada y la administración quería y debía cumplir con sus acreedores.

En esta situación, a mi entender, quebrar habría sido el camino más fácil. Se cierra, se vende todo al mejor postor y que se pague lo que alcance con el producto de la venta de los activos. Pero esa alternativa no estuvo nunca en la carpeta de sus dueños. Ante esto y tragicómicamente, los abogados de la minera deben haber pensado: ¿y ahora quién podrá defendernos? Pues bien, la respuesta estuvo en la designación de un experto facilitador (EF).

Se trata de una institución que fue creada por la última modificación a la Ley de Quiebras que, en fácil, consiste en que una empresa en dificultades solicita a un tribunal que cite a una junta de acreedores a fin de que ésta designe a una persona, normalmente un síndico de quiebras, para que haga un análisis financiero, económico y legal de la compañía. Luego, en un plazo de 30 días, el EF presenta un convenio judicial preventivo o solicita al tribunal que declare la quiebra de la empresa.

Suena bien, ¿verdad? Pero detengámonos por un instante en el caso que nos interesa. Minera San Esteban era una empresa que funcionaba normalmente, y en un minuto no sólo dejo de operar, sino que además perdió toda la credibilidad que tenía y, además, quedó debiendo. De esta forma, el experto facilitador designado fue una especie de figura “salvadora” que vino casi en forma divina a decirles a todos lo que había que hacer en un minuto en que nada de lo que la empresa propusiera sería aceptado.

La tramitación del procedimiento de designación del experto facilitador fue un éxito y desde ese momento la minera tuvo un interlocutor válido. Así, y tal como lo ordena la ley, se presentó un convenio judicial preventivo que la junta de acreedores modificó pero que finalmente aprobó, por casi la unanimidad de sus miembros. Se propuso el pago de los créditos en un mínimo del 20%, con un máximo del 70%, en un plazo de un año. El convenio es administrado por una comisión de acreedores y el experto facilitador, que ha venido a ser la nueva cara visible de Minera San Esteban.

Es este equipo el que ha enfrentado el pago a los ex trabajadores -proceso que ya está concluido- y el que ha estado encargado de negociar con los distintos actores que demandaron a la empresa a fin de cumplir sus pretensiones. Todo ello, con resultados satisfactorios.

El convenio judicial preventivo de Minera San Esteban aún está en ejecución, y se espera poder cumplirlo. Pero la principal lección de este caso es que si existe la voluntad de la empresa de cumplir con sus obligaciones, la legislación concursal, con instituciones como el experto facilitador y el convenio judicial preventivo, son herramientas determinantes para su supervivencia.