Se llama Vicent Courcelle-Labrousse y en febrero pasado fue contratado por el Estado chileno, en ese entonces por la Cancillería a cargo de Heraldo Muñoz, en el proceso de extradición del exguerrillero Ricardo Palma Salamanca, acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991.  El jurista tiene en su historial varios casos de alta connotación […]

  • 8 noviembre, 2018

Se llama Vicent Courcelle-Labrousse y en febrero pasado fue contratado por el Estado chileno, en ese entonces por la Cancillería a cargo de Heraldo Muñoz, en el proceso de extradición del exguerrillero Ricardo Palma Salamanca, acusado del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991. 

El jurista tiene en su historial varios casos de alta connotación pública criminal, entre los que destaca la representación del Estado francés en la acusación por lavado de dinero del expresidente de Panamá Manuel Antonio Noriega, condenado en 2010. También en 2013 representó al francés Pierre Robert, quien recibió una sentencia de por vida por planear ataques terroristas en Marruecos y fue abogado del miembro de Hezbollah, Hassan Onseissu, acusado ​​de participar en el asesinato en 2005 del ex primer ministro libanés Rafik Hariri. 

Como tal, está acreditado para litigar en varias cortes internacionales, entre ellas, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Especial para el Líbano y la Corte Penal Internacional para Ruanda.

Courcelle-Labrousse es socio del estudio Godin Associés, además de abogado es historiador, ha escritos varios libros y en su trayectoria tiene una reconocida práctica en derecho aduanero y como exsecretario de la Confederación de Defensores del Colegio de Abogados de París. 

Ahora, es el hombre clave en las gestiones del gobierno chileno para revertir la decisión de la Oficina de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra), que el viernes de la semana pasada resolvió otorgar asilo político al exfrentista condenado en Chile a dos penas de presidio perpetuo por el asesinato de Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.