Por Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia

  • 17 enero, 2019

A partir de una digitalización sin pausa, del surgimiento del Internet de las Cosas y de técnicas de Inteligencia Artificial, entre otros avances, asistimos a la generación de volúmenes de datos que crecen exponencialmente.

Esta transformación conlleva el desarrollo de esta economía basada en datos sobre cualquier aspecto de nuestra actividad, incluso los íntimos. Central en este ecosistema global de producción y consumo aparecen el tratamiento de nuestros datos y metadatos, incidiendo en sectores como la banca (“FinTech”), el retail, las relaciones personales o el urbanismo (“smart cities”), entre otros.

El potencial de este sistema es enorme: si las actuales tasas de crecimiento se mantienen durante los próximos 10 años, se estima que en 2025 esta alcanzará volúmenes de transacción globales de más de 23 billones de dólares, equivalente a casi el 25% del PIB mundial.

El desarrollo y promoción de industrias que logren aprovechar al máximo las posibilidades que se abren en esta Economía Digital, implica la generación de un entorno tecnológico y normativo adecuado. A diferencia de Europa, en América Latina la falta de homologación conlleva que la región esté dejando pasar todo lo que ofrece la cuarta revolución industrial.

Para Chile, como para cualquier país de la región, es imposible eludir la nueva realidad por el impacto en nuestro desarrollo, dada su arista económica insoslayable. Por ello, se requiere con urgencia una estructura regulatoria a la altura de las nuevas circunstancias, sustentada en la armonización normativa, y que sea capaz de potenciar nuestra inserción comercial y el crecimiento de nuevas industrias.

En este sentido, la recomendación es generar un modelo de protección y resguardo de los datos personales concordante con la visión recogida en el Convenio 108+, de manera de ponernos a la altura de los estándares del extraterritorial Reglamento Europeo (GDPR en inglés), nueva “regla de oro” mundial para la protección de datos, otorgándonos una ventaja competitiva clave frente a otras regiones.

En la elaboración del proyecto de ley de datos personales –en discusión en el Congreso–, se ha prestado especial atención al GDPR, reconociendo su impacto internacional en regulación de privacidad y asumiendo estándares hoy ineludibles para flujos de datos y negocios transfronterizos.

En nuestro país, entidades privadas están cambiando voluntariamente la forma en que manejan los datos, aumentando los niveles de protección, con miras a cumplir con los estándares europeos. Incluso en casos en que no tienen operaciones directas en la Unión Europea (UE).

Chile no tiene tiempo que perder. A partir de la coyuntura internacional se abre la posibilidad de estar a la vanguardia en términos normativos, lo que facilitará nuestra entrada en los mercados internacionales con normativas acordes con los exigentes estándares actuales en materia de protección de datos personales.