Por Juan Pablo Cabello, abogado de Cabello Abogados y académico de U de Chile y U. Católica.

  • 14 marzo, 2019

Hace unas semanas, el ministro de Hacienda señaló en los medios que aplazar la reforma tributaria “puede generar una desaceleración”, expresión más bien política dentro de un proceso de negociación. En ese mismo momento, el ministro indicó que “en una negociación, todos tienen que mostrar flexibilidad, no solo el Gobierno. Esto no es un gallito (sic)”. Es preferible quedarse con esta segunda propuesta, la cual de por sí conlleva a no considerar la primera frase. Hagamos algunas reflexiones al respecto. Primero, el proyecto de reforma tributaria de 2014 sin duda trajo varios aspectos positivos, como modernización de facultades de fiscalización, eliminación de mecanismos elusivos y de franquicias tributarias, adecuaciones al IVA en la construcción, entre otros. No obstante, incluía modificaciones trascendentales en materia de impuesto a la renta, que generó legítimamente muchas dudas y discusiones transversalmente.

El resultado fue el ya conocido: una negociación bajo presión en el Senado, entre pocos, que resultó en un cambio que no fue aplaudido por ningún sector. Qué distinto habría sido si se hubiesen aprobado en 2014 todos aquellos aspectos no controvertidos y si se hubiese discutido reflexivamente qué estructura de impuesto a la renta queríamos a largo plazo.

Einstein nos ilustra cuando dice “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. ¿Estamos conscientes de que el modus operandi que debemos seguir debe alegarse completamente de los errores del pasado reciente? Segundo, uno de los principios de todo sistema tributario es que sea eficiente, concepto que en una de sus dimensiones se refiere a su impacto sobre el crecimiento económico.

El actual proyecto no tiene este aspecto como punto central, ya que contempla una depreciación acelerada, pero de impacto transitorio, no rebaja la tasa de impuesto a las empresas, y vuelve a un esquema integrado que más bien genera un mayor crédito al retiro de los socios y accionistas, que un incentivo a la inversión e innovación. La iniciativa sí avanza en otros principios como simplicidad y certeza, que son aspectos en que estamos muy deficientes.

El ministro, cuando dice que demorar la aprobación de la reforma puede generar desaceleración, señala que ese hecho conllevará la reducción del ritmo de crecimiento de la economía. Preferimos refrasear lo anterior, a riesgo de modificar su sentido, indicando que la economía requiere una reforma tributaria consensuada, de largo plazo y que aborde los desafíos del futuro. Si esto requiere aprobar lo indiscutido y debatir en un preproyecto, lo demás debiera ser el camino a seguir. Si se llega a un consenso en el proyecto actual, bienvenido sea, pero sin dejar de levantar aquellos aspectos que faltan. Tercero, un desarrollo sostenible requiere que la política tributaria mire hacia el futuro, considerando que el reto es sustentar el crecimiento en nuevas actividades –y no solo en la utilización de los recursos naturales disponibles–, en innovación y desarrollo del talento humano, y teniendo especial consideración en los aspectos medioambientales.

Por ello, no olvidemos en la discusión que se encuentran pendientes el proyecto I+D, el proyecto de ley única de donaciones, y que debemos avanzar seriamente en un sistema de impuestos verdes ad hoc a los tiempos actuales. En definitiva, asimilemos el aforismo “cada error nos enseña algo”.