¿Dónde están los límites? ¿Cómo se puede y debe actuar en las causas que la fiscalía indaga por delitos tributarios, armonizando sus facultades de persecución técnica, las diversas realidades de cada proceso e involucrados y la regla general del artículo 162 del Código Tributario? ¿Es posible dar una solución justa y razonable – bajo la […]

  • 12 agosto, 2016

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¿Dónde están los límites? ¿Cómo se puede y debe actuar en las causas que la fiscalía indaga por delitos tributarios, armonizando sus facultades de persecución técnica, las diversas realidades de cada proceso e involucrados y la regla general del artículo 162 del Código Tributario? ¿Es posible dar una solución justa y razonable – bajo la misma ley – a tantos casos aparentemente similares, pero en el fondo distintos?

Respuestas razonables, pragmáticas, justas, apegadas a las reglas y con valor social para estas preguntas ha sido el quid que ha mantenido en vilo y en continua observación y análisis a los actores de líos judiciales en marcha. Percibían falta de claridad en el “escenario”. Encontrar certezas que motiven decisiones de personas, empresas, y autoridades cuyo futuro está, en parte, sujeto a estas mismas preguntas, ha sido dura tarea.

El Instructivo del Fiscal Nacional, Nº 487/2016 del lunes 5 de agosto recién pasado, es un avance positivo desde varios puntos de vista para este contexto. Si bien es de aplicación futura, en el ámbito de los delitos económicos puede extenderse a procesos en marcha cuando, con razón suficiente, los fiscales regionales con causas similares por delitos hacendarios (Penta, SQM, Corpesca y muchas otras a lo largo de Chile sin el condimento político) decidan segmentar y proceder con soluciones de calidad, respondiendo caso a caso las preguntas del inicio.

Trabajando con estricto apego al orden jurídico es como se dotará de contenido y se fijará el límite de las actuaciones del SII y de la Fiscalía. Siempre respetando y armonizando la regla legal del artículo 162 del Código Tributario, que le entrega a la autoridad impositiva el ejercicio exclusivo de la acción penal tributaria, con algunos fallos de diversas Cortes de Apelaciones del país, que han asumido también posturas diferentes. La razón suficiente la encontrarán los fiscales y el SII en la evidencia, en lo que existe en las carpetas y en los hechos probados que sustentan cada caso. Ello, junto a una ponderación serena de lo que cada cual hizo, dejó de hacer o pudo hacer, según sus específicos deberes legales, desapegando el análisis de conjeturas o de teorías jurídicas excesivas y de slogans comunicacionales, debe dar fruto.

Las decisiones pueden ir desde el juicio oral (cuando se cuenta con querella nominativa o con el hecho base que conecta a los partícipes pesquisados ya claramente denunciado, aunque no exista querella, y hay peso probatorio fuerte); pasar por convenir salidas en procedimiento abreviado (en que el infractor asume los hechos por los que se le acusa) o llegar hasta suspensiones bajo condición (multas, firmas, reparaciones, etc). E incluso, decidir no perseverar por falta de querella o de antecedentes serios para fundar una acusación formal. Los criterios objetivos dados a conocer en su caso por el fiscal regional a cargo de SQM, son otra muestra que en el contexto aparecen indicios de decisiones armónicas, sistemáticas y razonables para todos quienes enfrenten estos procesos, sean o no vinculados a la “financiación irregular de la política”.

De seguirse en la senda del trabajo profesional, sereno y fundado, los intereses fiscales, sociales e institucionales y los derechos de todos los justiciables hallarán respuestas razonables en cada juicio, se hará verdad el requisito de igual justicia para todos, bajo el amparo de la misma ley, y se dará a cada cual lo suyo.