El 16 de marzo, el gobierno peruano dictó Estado de Emergencia Nacional por la crisis sanitaria generada por el Covid 19. La resolución se tradujo, entre otras cosas, en que Poder Judicial de ese país suspendiera sus funciones administrativas. Esta determinación tuvo consecuencias directas en la situación procesal de Gerardo Sepúlveda, el empresario chileno socio […]

  • 31 marzo, 2020

El 16 de marzo, el gobierno peruano dictó Estado de Emergencia Nacional por la crisis sanitaria generada por el Covid 19. La resolución se tradujo, entre otras cosas, en que Poder Judicial de ese país suspendiera sus funciones administrativas. Esta determinación tuvo consecuencias directas en la situación procesal de Gerardo Sepúlveda, el empresario chileno socio de la asesora financiera First Capital y ex colaborador de Pedro Pablo Kuzcinsky, que el 23 de febrero pasado viajó a Perú por tres días con el fin de colaborar en calidad de investigado en el caso Westfield Capital relacionado con la empresa del ex presidente de Perú.

Sin embargo, y justo cuando el chileno debía regresar al país, José Domingo Pérez, el fiscal peruano que investiga el caso pidió a la justicia una orden de arraigo por tres meses en calidad de testigo para Sepúlveda. Esta vez para indagar en otra arista: aquella que involucra al también ex presidente Alejandro Toledo. “Fue una medida sorprendente e improcedente, en dos años nunca antes había sido citado y lo hacen después que la causa estaba cerrada, por lo que además de injusta, fue una medida extemporánea”, señala su abogado en Chile, Juan Ignacio Piña.