Por Rafael Loyola Abogado del estudio Fontaine & Cía. Ex Seremi de Obras Públicas, Región Metropolitana. Mientras esta columna estaba siendo redactada, llegó a nuestra oficina un recordatorio del inicio de la temporada invernal: todos en el estudio nos vacunamos contra la influenza. La sensación del pinchazo ya se fue, pero el frío que se […]

  • 13 junio, 2014

Por Rafael Loyola
Abogado del estudio Fontaine & Cía.
Ex Seremi de Obras Públicas, Región Metropolitana.

Mientras esta columna estaba siendo redactada, llegó a nuestra oficina un recordatorio del inicio de la temporada invernal: todos en el estudio nos vacunamos contra la influenza. La sensación del pinchazo ya se fue, pero el frío que se deja notar nos anuncia la estación de lluvias y con ella un aumento en la demanda de consultas de salud y hospitalizaciones derivadas de las bajas temperaturas.

En este escenario, resulta preocupante el anuncio del Ejecutivo en orden a detener el proceso de licitación por concesiones de los hospitales Biprovincial Quillota-Petorca y Provincial Marga Marga (Red Quinta Región), y de Curicó, Linares y Chillán (Red Sur), proceso que venía gestionándose desde el año 2007. Según se informó por el Ejecutivo, éstos serán licitados por la vía tradicional; esto es, construidos según las reglas del D.S. MOP 75/2004. Existen voces que critican la vía concesionada, aduciendo que el concesionar el edificio y algunos servicios básicos no médicos (provisión y mantención del equipamiento médico, infraestructura, alimentación, seguridad, ropería, etcétera) significa la privatización de la salud pública. Tal afirmación es equivocada, ya que en las Bases de Licitación de los hospitales concesionados los servicios médicos permanecen a manos del Ministerio de Salud. También esa afirmación es confusa, pues para nadie es un misterio que hoy buena parte de las prestaciones del sistema público de salud se cubren licitando a privados servicios médicos y no médicos, a través de la ley de compras públicas.

Se ha hablado, además, de los mayores costos que significaría el sistema de concesiones por sobre el tradicional, lo que resulta también muy discutible, ya que el sistema visibiliza algunos costos no completamente expuestos en el sistema público, como son los relacionados al aparato estatal que se requieren para activar los planes periódicos de compra de materiales, provisión de equipamiento médico, prestación de servicios y compra de insumos, lo que sabemos normalmente opera de forma ineficiente.
Si el concesionario llega a ser ineficiente, es deber del Estado aplicar multas. Otras consideraciones a ser analizadas son aquéllas relacionadas con la buena calidad de la construcción, ya que el concesionario debe reparar a su costo cualquier defecto que exista durante su período, por sobre los plazos que establecen leyes ordinarias sobre el tema. En materia de seguros, éstos son obligatorios por ley de concesiones, a diferencia de las obras que mantiene el Estado, las cuales normalmente no cuentan con seguros de ninguna especie.

Finalmente, hay que sumar al análisis el hecho que desde el 2010 está vigente la ley 20.410, la cual perfeccionó el sistema en términos de hacer más transparentes los eventuales aumentos de obra, que en este tipo de contratos deben ser licitados públicamente. La nueva ley establece un sistema de solución de controversias con tribunal arbitral y fallo en derecho. En fin, creemos que en esta materia el foco debe estar puesto en buscar el sistema que permita prestar el mejor nivel de servicio al usuario, lo cual reviste la mayor importancia, dada la apremiante necesidad de nuestros compatriotas más desvalidos de contar con una atención hospitalaria más digna y de calidad. •••