Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance.

  • 27 noviembre, 2018

Recientemente, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) propuso una serie de medidas para optimizar los procesos relacionados a la contratación de obras públicas. De hecho, un diario nacional abordó en su editorial cómo las propuestas del gremio ayudarían a mejorar los procesos y cómo podrían ser aún más eficaces, sugiriendo que incluyeran fomentar la transparencia.

Si bien mucho se dice sobre cómo esta propuesta podría mejorar el desarrollo de los proyectos incluyendo una baja considerable en términos de burocracia, se hace necesario que el gremio aproveche esta idea y se atreva a perfeccionar uno de los talones de Aquiles del rubro: la transparencia. Bastante hemos tenido con la experiencia internacional, que incluso impactó a un caso chileno: el del puente del Chacao, obra en la que participó la empresa OAS que quebró y estuvo involucrada en casos de corrupción en América Latina.

En Chile, se cierran múltiples licitaciones con empresas que aparentemente funcionan en regla, sin embargo, muchas veces pueden contar con un historial nacional positivo o nulo, mientras que en otros países dejan mucho que desear. Si bien en Chile y esfuerzos por apegarse a las buenas prácticas, no todas las nacionales se esmeran por hacerlo. Es más, la llamada “cultura de hacer bien las cosas” no está tan implementada como quisiéramos, es cosa de mirar el vecindario para darnos cuenta que hay algunos empresarios que validan la corrupción a la hora de adjudicarse negocios porque creen que no tienen otra forma de ser competitivos, ya que según ellos “todos lo hacen así”.

Las empresas deben entender que con quiénes hacen negocios también importa. Un ejemplo claro de esto, es el de Graña y Montero, donde el ex presidente de la compañía, José Graña Miró, cayó detenido -y posteriormente fue dado en libertad- porque firmaron contratos con Odebrecht, siendo un secreto a voces que esta última se ganaba las licitaciones producto de sobornos.

Como aprendizaje, se hace indispensable que los gremios nacionales -no solo la CChC-, el sector público y las municipales-, incorporen medidas pro transparencia, así como cerciorarse quiénes están detrás de las empresas con las que cierran licitaciones y otros negocios.

Recientemente expuse en un seminario en Colombia, donde las empresas del sector energético formaron un grupo llamado Acción Colectiva del Sector Eléctrico, con el fin de promover prácticas éticas, imponiendo importantes sanciones si es que una empresa del grupo comete corrupción.

Aplaudo este tipo de iniciativas, dignas de copiar en Chile. Invito a los gremios a actuar en conjunto, a tener lo que yo llamo una “colusión positiva” donde todos los sectores podrían hacer algo en grande para aislar a los corruptos del sistema. No hay nada más efectivo contra las malas prácticas que la sanción de los pares.

Al final del día, episodios como éste nos hacen darnos cuenta que todos podemos ser parte de la solución.