Por: Juan Ignacio Correa
Abogado socio de Correa Squella

  • 5 diciembre, 2019

¿Qué constitución nos rige?:

Heraldo Muñoz tuitea que la Constitución de Pinochet debe morir, eludiendo que ella solo fue adoptada parcialmente por el gobierno constitucional de Alywin, pues la negociación política que siguió a su derrota plebiscitaria le introdujo 54 modificaciones.

Luego se aprobaron otras enmiendas. Hoy suman más de 300 las modificaciones al articulado original.

En este proceso democrático rectificatorio sobresale la Gran Reforma de 2005, aprobada con solo 3 votos en contra y una abstención; cuya magnitud motivó que el entonces Presidente Lagos reemplazara las firmas de Pinochet y de sus ministros por la suya y la de su gabinete en pleno; y la promulgara en una solemne ceremonia en La Moneda, incluyendo un exultante abrazo de Bachelet en señal de felicitación mientras sonaba el coro de los esclavos del Nabucco de Verdi. Las siguientes palabras del expresidente Lagos ilustran su contexto:

“El nuevo texto constitucional se pone a la altura del espíritu democrático de todos los chilenos; y hoy Chile se une tras este”.

Entonces cuando hablamos del actual texto, hablamos de la Constitución de Lagos.

Si esta hubiese sido plebiscitada, como debió serlo, es muy posible que no estaríamos en este entrevero.

Obvio que esta tampoco es perfecta, pues aún persiste, entre otros aspectos a corregir, una excesiva preeminencia del Ejecutivo por sobre el Congreso; también da cuenta de una indefinición sobre qué tribunal tiene la supremacía de la interpretación constitucional, como quedó de manifiesto recientemente; y sobrevive el Consejo de Seguridad Nacional, un organismo extraño a nuestra tradición constitucional y
—además— inútil.

También es obvio que el camino de la tabla rasa no es un camino republicano, sino que revolucionario.

Entrellamas:

¿Será el viernes 15 de noviembre de 2019 otra efeméride política que recordaremos en el tiempo?

Aún está por verse en qué rango se situará: en un extremo, el deseable, sería que fuese el inicio de un caminar que sepulte un conflicto latente desde hace 45 años; o en el otro extremo, el indeseable, que equivalga al Juramento de los Estados Generales reunidos en la Sala del Juego de Pelota de Versalles el 20 de junio de 1789, o al 25 de octubre de 1917, cuando los bolcheviques se tomaron el Palacio de Invierno en Petrogrado; actos que se identifican como las chispas que prendieron las hogueras de las revoluciones francesa y rusa, respectivamente.

No tenemos seguridad sobre cuánto influyó en la premura por suscribir el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución el triple tuit subido simultáneamente, a las 21:49 horas del miércoles 13 de noviembre, a las cuentas: @Ejercito_Chile, @Armada_Chile y @FACh_Chile, dando su absoluto y total respaldo al actuar de carabineros, que lo leí como una actualización del ruido de sables del general Navarrete, que fue —¿quién lo puede negar?— la partitura a cuyos sones marciales se impuso la Carta Constitucional del 25; o cuánto afectó el temor a la violencia que podría suscitar el primer aniversario de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Cómo negarlo, en la víspera y madrugada del 15 un fantasma revolucionario recorrió Chile.

El Acuerdo abrió una ventana que descomprimió el ambiente vivido desde la asonada iniciada al atardecer del viernes 18 de octubre.

Este preliminar alivio quedó reflejado en la jornada diurna del viernes 15 de noviembre: el dólar registró su mayor caída histórica y el IPSA anotó su mejor desempeño en 11 años.

Es de esperar que los episodios de violencia, saqueo, destrucción, sabotaje y violación de los derechos humanos disminuyan. Ojalá que el humo y el olor de la pólvora y de los incendios se difumen.

Tengo esperanzas, pero también incertidumbres, cómo negarlo.

Constitución Mínima:

Al menos desde marzo del 2015 existe la creencia compartida por más del 70% de los encuestados sobre la necesidad de contar con un nuevo texto.

Tal vez por lo mismo, los trasnochados firmantes del Acuerdo se plegaron al clamor anónimo, gritando: “Nueva Constitución, Nueva Constitución”, como si fuesen el protagonista colectivo de Fuenteovejuna.

Expresamente no está en el papel, pero una mayoría triunfante asegura que el método que guiará a la Comisión Constituyente será el de la hoja en blanco, la tabla rasa.

Este procedimiento entraña un enfoque utópico de la política en contraposición de uno gradual, utopía que persigue concretizar un ideal predestinado, que —en el Chile actual— podría ser la reinstauración del estado socialista.

A mi juicio, más bien la Nueva Constitución debe ser un receptáculo que equilibre y comprometa las fuerzas antagónicas del conflicto y del consenso, entregando reglas abstractas y generales que permitan establecer relaciones recíprocas, equitativas y justas entre nosotros y la cohabitación pacífica de las diversas corrientes políticas que compitan por el favor popular.

Los textos constitucionales republicanos exigen un reconocimiento expreso de la autodeterminación personal, a fin de asegurar los derechos individuales y las garantías constitucionales.

Sería un grave error pensar que el método democrático excluye la necesidad de limitar el comportamiento abusivo o populista tan boga.

En pos de un constitucionalismo democrático-social:

Este nuevo eslabón darwiniano concilia los citados derechos individuales con los llamados derechos económicos-sociales (derecho a la vivienda, salud, educación, seguridad social, entre otros).

Su reconocimiento será el principal reto de la Convención Constitucional. Si no toma este desafío con responsabilidad corremos el riesgo de vestir al Estado con el ropaje del temido, sediento e insaciable Ogro Filantrópico creado por la ficción de Octavio Paz, conculcándose —de este modo— las libertades individuales y poniendo en jaque el bienestar social al que todos aspiramos para todos.

Esta contingencia no se tuvo en consideración, por ejemplo, en el Proyecto Constitucional Bachelet, enviado al Congreso días antes de abandonar derrotada el poder.

Recordemos que este proyecto entregaba a los ciudadanos acciones judiciales para reclamar y hacerlos efectivos; dañando en forma grave la esencia de la democracia representativa al supeditar al autárquico Poder Judicial las decisiones democráticas adoptadas sobre el gasto público. Más aún, cuando gobernar es priorizar: los recursos siempre son escasos y las necesidades ilimitadas. Y esta precedencia la definen las urnas y no los jueces, elegidos para resolver conflictos particulares y no políticas públicas generales.

Si la Nueva Constitución insiste en asegurar estos derechos sin restricciones, inevitablemente habrá un impacto en la estabilidad presupuestaria, que es, como aseguraba el expresidente del gobierno de España, Felipe González, “una condición necesaria para garantizar (…) un crecimiento económico sostenido”.

Tras la crisis de Lehman Brothers en el 2008, la Unión Europea suscribió el Pacto Fiscal Europeo, a fin de compatibilizar gastos con ingresos públicos, obligándose los estados a incorporar en su legislación nacional, de preferencia con rango constitucional, una “regla de equilibrio presupuestario”.

En ejecución de tal compromiso, Alemania —en el 2009— reforzó en su Carta Fundamental dicha regla.

Y, en el 2011, España promulgó una reforma constitucional aprobada con solo 8 votos en contra, introduciendo una regla similar.

En Chile, lo peor que podría suceder sería que la Nueva Constitución reconociera derechos económicos-sociales que el país no pueda sustentar o que su cumplimiento diera paso a un desequilibrio fiscal que perjudique nuestro desarrollo, como advirtió el ex-triministro José De Gregorio, actual decano de la FEN de la Universidad de Chile.

¿Es compatible con la épica republicana-liberal la hoja en blanco?:

Como la Nueva Constitución tendrá su origen en una enmienda a la Carta de Lagos, a fin de establecer el Plebiscito de Entrada y la Comisión Constituyente, por mucho que se diga que estamos frente a una Nueva Constitución, ella sobrellevará el hecho de que su concepción estará engarzada indisolublemente con el actual texto; igual que las anteriores cartas constitucionales chilenas, las que tomaron como escenario base sus antecesoras. Así lo hicieron las Constituciones de 1833, 1925 y 2005.

Una excepción a esta tradición fue la Constitución de Pinochet, que también optó por la tabla rasa, teniendo un declarado espíritu rupturista y fundacional.

Expectativas:

Es irracional la fe depositada en la Nueva Constitución como medio eficaz para escampar y moderar el malestar ciudadano; utopía que en nuestra historia política es más vieja y recurrente que el hilo negro.

Este fetichismo, a modo ilustrativo, ha significado que cada nuevo texto constitucional del Chile republicano sea recibido con desmesurado optimismo, llegando al paroxismo de considerar que la Constitución de 1828, la liberal, encapsulaba “el germen de la perfección”. O que ella traería “abundancia en todas las provincias del Estado, y que haría la felicidad de mil generaciones”.

La “idea de legislar” condicionada por el miedo y la falta de un relato y proyecto político liberal alteró la secuencia lógica: primero se debió acordar una regla eficaz y republicana para dirimir los desacuerdos, y no incluir una a tontas y a locas, imprecisa, tramposa como diría Atria; para enseguida elegir el mecanismo más democrático al efecto.

Hoy aún se podría adoptar, por ejemplo, como texto “por defecto” el Proyecto Constitucional Bachelet. De manera que si no hay acuerdo rige este último, pero corregido con una “regla de equilibrio fiscal”.

Parece, concluyo, un sinsentido que se diga que se quiere consultar la opinión de la ciudadanía, a la par de que se guarde absoluto hermetismo sobre los contenidos de la Nueva Constitución.