Completamente reestructurado se encuentra el Estudio Balmaceda, Cox & Piña (BCP) luego de la entrada en vigencia –en diciembre de 2009- de la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si bien en un principio el mundo empresarial miró con algo de distancia esta nueva normativa, con el paso de los meses altos ejecutivos de diversas empresas y sus directores comenzaron a darse cuenta que el diseño de modelos de prevención se hacía imprescindible para blindarlas en el caso de que alguno de sus empleados participara en delitos de cohecho de funcionarios públicos nacionales o extranjeros, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Desde entonces, BCP formó un equipo que en este momento se dedica especialmente al tema. El equipo está dirigido por uno de los socios, Juan Ignacio Piña, doctor en Derecho y profesor de Derecho penal, y por el ex fiscal jefe de delitos económicos y funcionarios de la fiscalía Centro Norte, Iván Millán, que se incorporó en el estudio a mediados del año pasado.

Actualmente, cuentan en el estudio, trabajan con más de 15 firmas, entre bancos, retailers, agencias de viajes, empresas tecnológicas y de servicios. Para ello, han debido incorporar tres profesionales más al estudio, considerando que los otros socios –Matías Balmaceda Manns y Francisco Cox Vial-, han estado enfocados a casos de alta connotación pública, como la defensa de la hija de La Quintrala, Rocío Zamorano.

  • 21 Abril, 2011

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