La histórica Iansa enfrenta un momento crítico: los bajos precios internacionales del azúcar tienen a la empresa con números rojos desde hace dos años. Para sobrepasar el temporal, hoy se ve forzada a cerrar una de sus tres fábricas de azúcar, lo que podría afectar a unas 5.000 personas. mientras, tienen una batalla en mente: eliminar el impuesto verde de la reforma tributaria.

  • 24 julio, 2018
Ilustración: Ignacio Schiefelbein

A principios de marzo, cerca de mil agricultores de la zona del Maule, todos ellos productores de remolacha, recibieron una noticia negra. La empresa azucarera Iansa reconocía serios problemas económicos y dificultades para seguir produciendo azúcar. De paso, les entregaban un duro mensaje: debían bajar los precios de su producto porque como únicos productores del commoditie en Chile, ya no podían seguir pagando lo mismo. En vez de 51 pesos por tonelada de remolacha, precio que habían pactado en 2017, ahora solo desembolsarían 47 pesos para la próxima cosecha. No se aceptaron reclamos, pero la incertidumbre quedó encendida.

La noticia llegó rápidamente al Ministerio de Agricultura. El titular de la cartera, Antonio Walker, se ha reunido en varias ocasiones con los distintos agricultores, con los sindicatos, y unas cinco veces con el presidente de Iansa, Joaquín Noguera, y su gerente general, José Luis Irarrázaval, en lo que va del año. En estas citas, los ejecutivos han transparentado la crítica situación en que se encuentra el negocio azucarero, algo que evidenciaron con la decisión tomada en el último directorio: cerrarán una de las tres plantas de producción que operan en Chile, la de Linares, lo que implica, literalmente, que en 2019 dejará de funcionar y casi 400 personas quedarán inmediatamente sin trabajo.

Pero eso es la punta del iceberg. Porque si se consideran los servicios que genera esta industria y que la producción de remolacha tiene rotación, en el sentido que en las mismas tierras se planta también maíz o trigo, las personas afectadas son muchísimas más. “La situación es grave, porque el Maule Sur es una región pobre, con alta cesantía, donde no ha llegado la fruticultura, por lo que el negocio azucarero es lo más rentable. Visualizo que el cierre de la planta y la reducción de lo que se paga por la remolacha afectará a unas 5.000 personas en toda la cadena productiva del azúcar, porque bajará el cultivo, se comprarán menos insumos, se contratarán menos maquinarias, lo que generará un impacto muy grande en la economía”, explica el ministro Walker.

El azúcar ya no endulza

La culpa de la crisis que vive Iansa hoy la tienen los precios del azúcar a nivel internacional, los más bajos de los últimos 10 años que, contra toda expectativa, han ido cayendo cada vez más, lo que hace a la chilena ser poco competitiva. Hace un año, bordeaban los 465 dólares la tonelada; hoy están en 330 dólares, una reducción del orden de 30%.

Ese escenario fue la razón de por qué la emblemática empresa –que en un 90% está en manos de un grupo inglés y 10% en accionistas minoritarios– decidió que no solo debían bajar los costos de producción sino que reducir también el precio que pagaban por la remolacha, aun cuando sabían que la decisión arrastraría consigo a los productores. Desde Iansa proyectan que las hectáreas plantadas disminuirán de 17 mil a 13 mil, por este efecto. Reconocen que es un escenario poco grato, pero asumen que es la única salida que tienen para seguir existiendo y que la industria no muera.

2017, de hecho, no fue un año fácil para la firma. Las primeras señales de que el negocio no andaba bien se palparon al término del primer trimestre: entre enero y marzo de ese año, el resultado agroindustrial de su producto estrella arrojó una pérdida de 5,6 millones de dólares. El cierre de año fue incluso peor: 12 millones de dólares en rojo, antes de impuestos. Un resultado fatal, para una compañía acostumbrada a buenas utilidades.

Pero entonces, la apuesta fue seguir potenciando esa línea de negocios, proyectando que era imposible que los precios a nivel internacional, importaciones que compiten directamente con Iansa, siguieran a la baja. Se equivocaron: el valor del azúcar continuó cayendo, cada vez más, mes a mes.

En el Maule, paralelamente, hay enojo entre los agricultores. Muchos consideran que con los nuevos precios no vale la pena continuar invirtiendo. Sobre todo los que tienen sus siembras en Linares, que ahora deberán pagar por fletes para enviar sus productos a las otras fábricas, lo que les encarece desmedidamente su producto.

Ante la desesperación, han tocado puertas de diputados y senadores y del propio ministro de Agricultura para levantar un plan de salvataje. Aunque Walker ha intentado persuadir a la empresa de que en tiempos de dificultad Iansa debiera transitar por otro camino –en pos del bien social–, el complejo escenario tiene a sus ejecutivos atados de manos, insisten al interior de la compañía.

Si bien algunos productores ya se han comprometido a continuar sembrando, lo cierto es que solo en octubre se sabrá con claridad quiénes se subirán a la micro. Ahí recién se podrá dimensionar con claridad la profundidad de la crisis. En el gobierno existe preocupación por la influencia que esta nueva situación pueda provocar en los productores chicos y medianos, que a través de esta industria han podido tecnificarse y profesionalizar sus operaciones, precisamente por los rumores que se han levantado, de que esta industria no sobrevivirá en las actuales circunstancias. Por lo mismo, están buscando fórmulas para apoyarlos.

En Iansa, sin embargo, ponen paños fríos. Los accionistas siguen creyendo que en términos agrícolas, el país es competitivo y que tienen los mejores resultados de remolacha en el mundo. “Por eso hemos seguido aprobando inversiones en las fábricas del orden de 15,5 millones de dólares, porque, a pesar de la compleja contingencia, seguimos creyendo que hay gran potencial, pero en una superficie limitada”, explica José Luis Irarrázaval, gerente general de Iansa.

Nuevos negocios

Paralelamente, los ejecutivos de la firma azucarera apostaron por diversificar las actividades de la empresa. Sucedió cuando internalizaron la idea de que los tiempos azucareros habían pasado y en 2017 decidieron reestructurar la compañía, de manera de separar bien los distintos negocios y las utilidades que cada uno de ellos generaba.

Por eso, optaron por invertir recursos y energía en lo que coloquialmente llaman área de ingredientes, que incluye la venta de alimentos para mascotas, saborizantes y colorantes, a clientes industriales. Además, durante el último tiempo, se asociaron para producir, por ejemplo, fibra de manzana seca, y se convirtieron en representantes de marcas extranjeras, por ejemplo, de una alemana que fabrica ingredientes naturales. También se enfocaron en el retail: endulzantes, azúcares light y jugos, entre otros productos, para compensar la crisis del azúcar.

Ambas líneas de negocios les han reportado en el primer trimestre de este año, todo lo que el azúcar les ha quitado. Cerca de 3,7 millones de dólares y 4,9 millones de dólares, respectivamente, mientras que el azúcar obtuvo una pérdida de 2,3 millones de dólares, los primeros meses de 2018.

No al impuesto verde

Hay distintos factores que, según José Luis Irarrázaval, han impactado en la producción de azúcar y específicamente a la empresa que él comanda desde hace 10 años. Porque además de los bajos precios internacionales y un tipo de cambio menor, la producción de azúcar en el mundo ha aumentado 6,5% este año respecto a 2017, con la fuerte presencia productora de Europa y Asia, en especial de países como India y Tailandia, mientras que el consumo en el planeta solo ha crecido 1,5%. En Chile, dice Irarrázaval, la demanda se ha visto afectada, en buena medida, por la Ley de Etiquetado, que con sus sellos negros, castiga fuertemente a los productos con azúcar, impactando dramáticamente los precios y la estabilidad del negocio.

Pero el tema que más preocupa a Irarrázaval es el impuesto verde, incluido en la reforma tributaria del gobierno de Michelle Bachelet, el cual comenzó a regir desde el 1 de enero de 2017 y que afecta directamente a Iansa. Según la nueva disposición legal, la firma está obligada a pagar un impuesto adicional de 1,5 millones de dólares anuales, para paliar la contaminación que emiten.

El impuesto verde rige para todas las firmas que cuentan con fuentes fijas (calderas o turbinas), que en conjunto sumen una potencia mayor a 50 megavatios térmicos. “El tema es que hay fábricas sobre este umbral, pero operan solo tres o cinco meses al año, que deben pagar el impuesto, como nosotros, a diferencia de otras, cuya potencia está justo debajo del umbral legal, pero que, sin embargo, operan todo el año”. Esas firmas, según el ejecutivo, contaminan más, pero no deben pagar el aludido tributo. Por lo mismo, considera necesario que se haga una modificación a este en la reforma tributaria. “Porque de la manera que se creó este impuesto verde es injusto para la agroindustria”, dice Irarrázaval. Con esa lucha en mente, el gremio que representa a los agroindustriales ha sostenido reuniones con el Ministerio de Hacienda para que ponga ojo en este punto, cuando modifiquen la reforma tributaria. “Porque cómo está nos están matando”, recalcan en Iansa.