Socio de Merino y Cía.

  • 24 enero, 2020

El pasado 9 de diciembre el gobierno anunció la tramitación de una agenda antiabusos que -entre otras medidas- tiene como objetivo fortalecer las herramientas investigativas y aumentar las sanciones de los denominados delitos de “cuello y corbata” (white-collar crime). Esto, en respuesta a los incesantes reclamos de la ciudadanía, que ha percibido una sensación de impunidad ante el resultado judicial de los casos de colusión y corrupción que se han conocido durante la última década en nuestro país.

En ese contexto, la semana pasada un grupo transversal de diputados del oficialismo y la oposición, presentaron ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, un proyecto de ley (boletín N°13205-07) que establece una nueva -y severa- regulación para los delitos económicos. El proyecto, elaborado por un grupo de académicos y abogados penalistas, introduce grandes cambios en el sistema de determinación y aplicación de las penas, como también, en materia de responsabilidad penal de las empresas.

El proyecto, que parte definiendo cuáles serán considerados delitos económicos (delitos de la ley de mercado de valores; de la ley de sociedades anónimas; de defensa de la libre competencia; de la ley general de bancos; del Código Tributario, entre muchos otros), establece para esta categoría de delitos un régimen especial de determinación y sustitución de las penas, cuyo propósito es aumentar considerablemente las multas, y limitar el cumplimiento de las condenas en libertad, sancionando con penas efectivas de cárcel aquellos casos que tengan un mayor impacto socio-económico.

Este nuevo régimen, restringe la posibilidad de cumplir en libertad una condena–bajo remisión condicional- sólo a los casos en que el perjuicio económico provocado no supere las 40 UTM (menos de dos millones de pesos), sancionando siempre con penas efectivas de cárcel, cuando el perjuicio supere las 40.000 UTM y/o el delito haya afectado a bienes de primera necesidad o de consumo masivo. La misma regla se aplicaría cuando el delito es cometido por un alto ejecutivo (gerente, director, etc.) o por cualquier otro miembro que participe en la administración de empresa.

Además, este régimen elimina definitivamente la pena sustitutiva de libertad vigilada, estableciendo en su lugar la pena de reclusión parcial domiciliaria y en establecimientos especiales, para los casos de menor gravedad o que no tengan una gran connotación económica.

En el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el proyecto junto con incorporar todos los delitos económicos al catálogo de la ley 20.393 (más de 40), establece un nuevo criterio de atribución de responsabilidad penal, que sanciona a las empresas cuando los delitos cometidos por sus dependientes, se hubieron visto favorecidos o facilitados por la falta de implementación de un modelo adecuado de prevención de delitos.

Esta última modificación provocaría un cambio muy significativo en la ley responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que obligaría a todas las empresas (privadas y públicas) a contar con un modelo efectivo de prevención de delitos, para poder eximirse de responsabilidad penal, incluso, cuando los delitos cometidos por sus dependientes no hayan sido realizados en interés o beneficio directo de la empresa.

Otra novedad que contempla el proyecto en esta materia, es la incorporación de la figura de la “supervisión de la persona jurídica”, figura en virtud de la cual el tribunal puede designar a un agente público para supervisar desde su interior a la empresa, quien estará a cargo de implementar -o mejorar, si ya existe- un sistema de prevención de delitos, cuyo cumplimiento será obligatorio.

De convertirse en ley, este proyecto se transformaría en la mayor reforma al derecho penal económico y de la empresa desde la promulgación del Código Penal.