La Dirección del Trabajo, en línea con lo ya expresado por el Tribunal Constitucional, reconsideró su doctrina estableciendo que los acuerdos de grupos negociadores de trabajadores con su empleador sí constituyen un instrumento colectivo, el que además debe ser registrado como tal por este servicio. Este criterio, histórico en la materia, reconoce y responde a […]

  • 11 octubre, 2018

La Dirección del Trabajo, en línea con lo ya expresado por el Tribunal Constitucional, reconsideró su doctrina estableciendo que los acuerdos de grupos negociadores de trabajadores con su empleador sí constituyen un instrumento colectivo, el que además debe ser registrado como tal por este servicio.

Este criterio, histórico en la materia, reconoce y responde a las necesidades de los propios trabajadores que se desempeñan en importantes sectores de nuestra economía.

Un claro ejemplo de lo expuesto son las recientes declaraciones públicas de Marcelo Fonseca, trabajador de Minera Escondida, quien lidera el grupo negociador al que la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta acaba de habilitar para negociar con la empresa. Dentro de los estímulos que llevó a este grupo a tomar esta determinación, según ha señalado, estarían que a los trabajadores no les interesa participar en forma permanente de una organización sindical; que su decisión está relacionada con la nula democracia interna de estas agrupaciones; por la poca comunicación e información que existe entre un sindicato y sus bases; la falta de innovación en las propuestas que le realizan a la empresa; su desacuerdo con la violencia durante una negociación, entre otros.

Lo expresado por el señor Fonseca no es lejano a las estadísticas que se han levantado en la materia. Según la última encuesta CASEN (2017), el porcentaje total de “trabajadores asalariados dependientes” sindicalizados es solo de un 12,4%. Más interesante resulta ser la última encuesta ENCLA (2014), en la cual un 29,6% de los trabajadores consultados señala que la principal razón por la que no se habría formado un sindicato en su empresa es “por no haber interés en la utilidad del sindicato”.

Con esta realidad, se generan distintos incentivos para que los trabajadores intenten negociar bajo esta modalidad. El primero, es que no está definido un quórum mínimo para conformar el grupo. Además, estos trabajadores pueden lograr réditos económicos que no se verán afectados por la carga de tener que financiar cuotas sindicales durante la vigencia del instrumento colectivo.

Además, la negociación la puede concentrar en los beneficios que objetivamente les interesa, ya que disminuye la posibilidad de que esta instancia esté siendo utilizada para otros fines, habitualmente políticos.

Lo expresado se puede revisar en la citada encuesta ENCLA (2014), la cual da cuenta de que a nivel nacional, el 18,6% de los instrumentos colectivos corresponden a uno suscrito por un grupo negociador, llegando esta cifra en la pequeña empresa a un 36,3%.

A la luz de estos antecedentes, la determinación de la Dirección del Trabajo de reconocer nuevamente los acuerdos de los grupos negociadores permite ampliar la negociación colectiva en nuestro país, siendo esta una alternativa que permitirá a los trabajadores mejorar sus remuneraciones, beneficios y condiciones comunes de trabajo en la empresa.