Luego de recibir múltiples amenazas en contra de él y de su familia en su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, decidió cerrarla. Con ello, se abrió un debate sobre el uso de las cuentas personales en redes sociales de los funcionarios de gobierno para dar información oficial. El abogado especialista en […]

  • 21 mayo, 2020

Luego de recibir múltiples amenazas en contra de él y de su familia en su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, decidió cerrarla. Con ello, se abrió un debate sobre el uso de las cuentas personales en redes sociales de los funcionarios de gobierno para dar información oficial. El abogado especialista en propiedad intelectual y tecnologías de información nos da algunas claves para entender el caso:

1. La Contraloría objetó, a que cualquier autoridad que entregue información oficial a través de sus cuentas de redes sociales personales, se les considera oficiales y no podrán bloquear usuarios. ¿Hubo ahí un vacío o poca claridad?

Evidentemente hay un vacío legal, por cuanto la Ley N°20.285 establece que la obligación de publicidad se deberá realizar en forma permanente, completa y actualizada en el sitio web de la repartición pública y no en las cuentas Twitter o en cualquier red social. Lo anterior no obstante, que los organismos públicos tienen cuentas en distintas aplicaciones, con el propósito de hacer más efectivo el cumplimiento de la obligación de transparencia, en tanto se llega a un mayor número de ciudadanos, que se informan por esas vías.
Sin embargo, el caso de las cuentas personales es algo completamente distinto, por cuanto los tuits son comunicaciones que tienen como objetivo aclarar, desmentir o replicar informaciones provenientes de otras fuentes, como era el caso de la cuenta del ministro Mañalich. Pero en ningún caso se puede argumentar, que el cierre de la misma afecte al debido acceso de la información pública, por cuanto no resulta posible que los tuits reemplacen o puedan ser considerados actos administrativos, sino solo se trata de comunicaciones informales. La señalada obligación de transparencia (en este caso activa) recae sobre el Ministerio, sin perjuicio de la responsabilidad del ministro como autoridad a cargo.

2. ¿Rige de la misma forma la ley para la información que se entrega en el sitio web oficial de un institución que a través de Twitter?

Una arista importante es la improcedencia de interpretar extensivamente el concepto del sitio electrónico a cuentas Twitter, por cuanto la ley señala que se trata de sitios web (artículo 1 N°6) y en virtud del principio de legalidad que rige el derecho público, la interpretación debe ser siempre restrictiva, por cuanto, extender el ámbito de aplicación de la ley de transparencia a cuentas de Twitter de carácter personal podría traer como consecuencia inmediata, infracciones a derechos garantizados constitucionalmente, por cuanto el ministro, en su calidad de ciudadano, tiene plena facultad de disponer de su cuenta, emitir opiniones e informar (siempre de manera responsable en virtud de la investidura del cargo) y, de ser necesario, cerrarla cuando existan fundamentos que le lleven a suponer que su integridad física o la de su familia está en riesgo.

3. A su juicio, ¿es necesario ajustar los dictámenes sobre el correcto uso de las redes sociales de una entidad pública y obligar con ello a que todas las autoridades “migren” a cuentas institucionales”?

A mi juicio, en caso de querer avanzar hacia esa dirección, se debe realizar una reforma de carácter legal, por cuanto un dictamen no tiene el nivel de suficiencia para eventualmente restringir el ejercicio de derechos garantizados constitucionalmente, como hemos señalado. No obstante lo anterior, es necesario señalar que las normas de acceso a la información pública obligan únicamente a los órganos de la administración del Estado, por lo que de extender la obligación a cuentas de Twitter de prohibición de bloqueo, actualización y responsabilidad de la entrega de la información, sería únicamente aplicable, en este caso, a la cuenta Twitter del Ministerio de Salud, la cual deberá estar en perfecta concordancia con la información entregada en su sitio web, de manera que la cuenta Twitter sea una herramienta adicional y que refuerce por medio de otro canal, la entrega de información a la que está obligado por ley entregar. En ningún caso podrá realizarse a las cuentas personales, por cuanto siempre se debe distinguir la calidad de autoridad y ciudadano, con excepción, claro está, en el hipotético caso de que la cuenta del ministro hubiera sido el único canal de información del Ministerio de Salud, situación que tanto por ley como en la práctica no es así.

4. ¿Es “justo” que cuando la información obtenida en ejercicio del cargo es proporcionada a través de la cuenta privada, ella debe someterse a las mismas reglas de apertura, no discriminación, transparencia y publicidad que la cuenta del órgano público, encontrándose, en consecuencia, impedido el bloqueo de usuarios, incluso considerando maneras de muerte y revelación de información personal de él y su familia?

No lo es, principalmente por dos razones. La primera de ellas es que sería altamente injusto que el ministro de Salud deba suplir por medio de su cuenta personal de Twitter, obligaciones de carácter institucional en lo que se refiere a la ley de transparencia, ya que ello se debe llevar a cabo por una cuenta institucional del Ministerio, que finalmente es el sujeto obligado en materia de transparencia tanto en su faz activa como pasiva. La segunda es una razón de diseño de Twiiter, ya que este tiene una serie de limitaciones para efectos de la entrega de la información por parte de una autoridad; a saber: (i) la limitación de caracteres para un tuit, impidiendo a la autoridad entregar la información en forma completa y (ii) el formato permisivo (a diferencia de un sitio web) para la realización de comentarios, los cuales pueden caer en la descalificación y amenaza.