Presidente ejecutivo de Prelafit Compliance.

  • 8 noviembre, 2018

-El Proyecto Anticorrupción fue aprobado por el Congreso y se publicará pronto. ¿Cómo afectarán a las empresas estas nuevas disposiciones? 

-El proyecto establece modificaciones relevantes en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se agregarán cuatro nuevos delitos que pueden generar responsabilidad penal de la empresa: corrupción entre particulares, administración desleal, negociación incompatible y apropiación indebida. Ello significará que habrá, en estas, más procesos con riesgo.

-¿Las sanciones que arriesgan las empresa son mayores ahora?

-Ese es uno de los elementos más relevantes del proyecto. La ley original establece sanciones de multa hasta por un máximo de 1,5 millones de dólares. La nueva ley eleva el máximo de la multa hasta por encima de 20 millones de dólares. Se crea, además, una suerte de lista negra de empresas corruptas, un registro de personas jurídicas sancionadas, las que tendrán prohibición de contratar con el Estado o donde el Estado participe. También, la actual legislación contempla como sanción la disolución o cancelación de la personalidad jurídica, solamente para el delito de lavado de activos, haciéndose, con la modificación, extensible a más delitos. Las compañías que se negaban a tener un programa de compliance o tenían uno meramente cosmético y no lo certificaban, deberán ocuparse seriamente de este tema, porque las sanciones serán mucho más severas.

-¿Y qué pasa con las empresas que ya tiene sus modelos de prevención de delitos o programas de compliance implementados o incluso certificados?

-Esas empresas deberán actualizar sus modelos de prevención, esto es, revisar su diagnóstico de riesgos y las normas, protocolos y procedimientos establecidos para prevenir la comisión de delitos. Las compañías certificadoras no podrán otorgar la certificación a un modelo que no haya sido actualizado, incorporando mitigantes para los nuevos riesgos a que se verá expuesta la empresa tras la entrada en vigencia de la nueva ley.