Por Carlos Cortés, socio de Cortés y Rodríguez Abogados.

  • 26 septiembre, 2018

“Razón tiene el ministro Künsenmüller de calificar de ignorantes a los parlamentarios que apoyaron la reciente acusación constitucional en su contra. Sus discursos estaban llenos de yerros jurídicos. Pero este calificativo solo es aplicable en forma parcial. Hubo una pluralidad de políticos viejos que apoyaron tal acusación, que de ignorantes no tienen un pelo. Estos últimos se movieron no desde el desconocimiento, sino desde el cálculo frío, buscando generar, en definitiva, el ya conocido “conflicto” social.

Nada les importó la trayectoria impecable del ministro Dolmestch, siempre humano en el trato, y a quien se le puede reconocer mérito importante en el destrabado judicial de la CNI y la posterior condena de sus autores y partícipes. Poco les importó que el Sr. Künsemüller le haya dedicados años de trabajo a la Vicaría de la Solidaridad, al estudio permanente del Derecho Penal, y haber servido, con dedicación, en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Ni consideración tuvieron por la trayectoria destacada, desde Punta Arenas hasta Santiago, del ministro Valderrama, conociendo y fallando temas tan importantes como los dineros de la familia Pinochet.

El desprestigio de la acusación era solo el costo de una operación mayor: el objetivo último era la generación de este “conflicto”, necesario para sus fines, el cual buscaba crear un clima de miedo en la magistratura. O fallan ustedes a favor nuestro, o ya verán las consecuencias. Si se lo podemos hacer a la Corte Suprema, imagínese al resto de los magistrados.

Los ignorantes y los ideologizados buscaron y encontraron un instrumento institucional para usarlo en contra de estos ministros, pero la verdad, es que no “usaron” del mismo. Más bien abusaron. Unos, desde el desconocimiento; otros, desde la búsqueda de un objetivo final diverso. En definitiva, les imputaron a estos jueces el no hacer su trabajo y coordinarse para dejar abandonada sus funciones ministeriales.

Ciertamente que con tales ministros uno podrá tener diferencias de apreciación jurídica en sus fallos, pero de ahí a acusarlos de no hacer su trabajo, o abandonarlo, hay un mundo de diferencia. Nadie puede sostener seriamente que no trabajan, que abandonan sus funciones, o que fallan contra ley. Por el contrario, han desempeñado su función siempre con apego al Derecho. 

Ahí se configura el abuso. Abusaron de una institución, la utilizaron para un fin diverso, aun sabiendo que no había mérito. Abusaron de la institucionalidad.

La situación es altamente riesgosa. El abuso puede llevar a situaciones límite. Incluso, en términos imaginarios, uno podría pensar que a un abogado cualquiera, ingenioso, se le podría ocurrir presentar una querella en contra de estos diputados abusivos, por algún tipo penal de aquellos que abundan en el Código del ramo (recordemos el uso extremo en el caso del artículo 285 del CP y la investigación de la colusión). No vaya a ser que algún fiscal del Ministerio Público, sobremotivado, que no faltan, le crea a la causa y le solicite al Poder Judicial que les prive del fuero parlamentario a tales diputados, cosa que, en definitiva, será resuelta por la propia Corte Suprema, y nos quedemos, como consecuencia, en caso de que haya mérito, a lo menos formal, para un desafuero, con una Cámara de Diputados diezmada. En resumen, cuando se empieza a abusar de las instituciones, se extrema el sistema y las consecuencias pueden ser insospechadas. Por tanto, prudencia con lo que se hace. La vida da muchas vueltas.

Lo cierto es que la primera piedra ya fue tirada y creo que esta historia puede no terminar aquí. Ojalá me equivoque”.