• 1 julio, 2011



El gobierno debe tener claro que el movimiento estudiantil está lejos de apaciguarse y que algunas de sus demandas despiertan una enorme simpatía. Lo más razonable es modificar el trazado general del camino que se tomó en educación en los años ochenta.


Es sintomático que sea la educación el ámbito en que se ha expresado con mayor fuerza el malestar con el orden social. Las demandas y su expresión no se inscriben en las coordenadas básicas de consenso, gradualismo y moderación que organizan al actual sistema político chileno. Era ingenuo pensar que estas nuevas generaciones, nacidas en la post-dictadura, pudieran seguir sosteniendo de manera complaciente los modelos de comportamiento que hicieron posible la transición.

Atribuir irracionalidad a la demanda estudiantil de educación gratuita es, sin duda, una salida fácil para tres generaciones de chilenos que miran la realidad, con mayor o menor intensidad, bajo el impacto de los traumas de polarización política y el autoritarismo del pasado.

En virtud de las experiencias que los actuales estudiantes han vivido, lo más razonable es suponer que estos movimientos nos están hablando sobre los efectos de las políticas adoptadas en los últimos treinta años. Por ello, la clásica estrategia de la derecha de atribuir los reclamos públicos a grupos minoritarios exaltados no hizo más que alentar la convocatoria a las marchas. Los estudiantes se vieron desafiados a mostrar no sólo argumentos, sino también adhesión y respaldo a sus dichos contestatarios.

Como siempre se ha dicho, en educación los resultados de una opción deben evaluarse en plazos largos. Cumplidos 30 años de las políticas de mercado y descentralización es evidente, tanto por los estudios realizados como por la percepción de los propios usuarios, el fracaso del proceso en lo que respecta a la función igualitaria y cohesionadora del modelo escolar. Es particularmente patético que un país de la OCDE, con el mejor per capita de la región, que aspira al desarrollo para el año 2020, tenga miles de niños y jóvenes protestando en la calle, pidiendo además lo que la comunidad internacional propone y practica en el campo educativo: activa intervención del Estado.

¿Qué salida queda entonces para el sistema político y para el gobierno? O se aceptan las críticas y se trabaja por un cambio más sustantivo, o se asume que los estudiantes movilizados son una minoría manipulada por ideologías anti-sistema y se actúa en defensa de la “mayoría silenciosa” que “prefiere dedicarse a estudiar”. Esto último implica tramitar el movimiento y reprimirlo, tolerando un fondo crónico de ruido social y esperando, con optimismo, que se mantenga circunscrito.

Aficionado a las proyecciones, el gobierno debe tener claro que la envergadura de los movimientos estudiantiles no ha ido en retroceso y que parte de sus demandas, especialmente aquellas que dicen relación con el sistema de créditos de la educación superior, despierta una enorme simpatía en otros segmentos de opinión. Por lo demás, la agitación parece tener algo de contagioso en el actual momento histórico. Lo más razonable, entonces, es modificar el trazado general del camino que se tomó en educación en los años ochenta, en nombre de lo que las nuevas generaciones nos están indicando. El gran éxito de la política de mercado fue el aumento de la cobertura del sistema universitario. Sin duda, la calidad de las instituciones debe ser monitoreada con suficiente fuerza para prevenir que los alumnos sean estafados a punta de publicidad engañosa. Pero el punto más inmediato en que puede actuar el gobierno tiene que ver con el CAE (crédito con aval del Estado) y la carga usuraria indebida que la educación superior genera en muchas familias chilenas.

Sin embargo, el área en que la intervención estatal es más urgente es la educación escolar. Esto implica reconocer la realidad peculiar de un país que ha experimentado ideológicamente en este sector, invirtiendo limitados recursos en la educación pública y creando un sistema único en el mundo con sostenedores privados (y no hablamos aquí de algunas exitosas fundaciones sin fines de lucro) financiados por el fisco con todos los incentivos para proporcionar una mala educación.

El propio Lavín ha reconocido las insuficiencias del sistema y ha emprendido acciones para enmendar rumbo. Es hora de aprovechar el impulso y empezar a discutir una reforma en serio del sistema escolar, más allá de las tendencias cortoplacistas que marcan la agenda del gobierno.

El presidente Piñera transmitió, durante su última cuenta a la nación, la idea de una reforma educacional ya completada en el tramo escolar y una nueva prioridad en el sistema universitario. Esta falta de sentido de realidad dejó perplejos a los especialistas en el tema. Por eso, pensando en el país, lo mejor es que en este rubro también empiece a retroceder sobre sus pasos, tal como lo ha hecho con el posnatal y con el 7% de los jubilados.