• 30 octubre, 2008

 

Esta enfermedad es de notificación obligatoria. Es un derecho y un deber del Estado informar a las personas que son portadoras (…). Es un derecho y un deber de los pacientes saber que son portadores. Por Fernando Chomali..

 

En Chile, el primer caso de SIDA se notificó en 1984. Hasta el 31 de diciembre de 2001, en las trece regiones del país los enfermos de SIDA eran 5.863 y 22.045 personas eran VIH+ asintomáticas. Se había informado del fallecimiento de 3.230 personas por SIDA. Desde el inicio de la epidemia, desde 1984 hasta fines de 2001, unas 27.908 personas habían sido portadoras o enfermas de SIDA. Hasta la fecha, en tanto, se han reportado aproximadamente 17.000 casos y los expertos estiman en 50.000 los portadores del mortal virus.

En Chile, los afectados de entre los 20 y los 49 años concentran el 84,9% de los casos y representan en nuestro país la cuarta causa de mortalidad en hombres de entre 20 y 44 años. Otro grupo vulnerable son las dueñas de casa, debido a la infidelidad de sus maridos, tanto heterosexuales como bisexuales.

La forma más frecuente de contagio es por una relación sexual con una persona infectada. Al 31 de diciembre de 2001, el 93,9% de las personas infectadas lo fueron por esta vía, y el 69% del total, por relaciones de carácter homosexual o bisexual. Por esta razón es que es tan importante informar al paciente de su enfermedad, dado que tiene gran efecto multiplicador e impacto social.

Sólo el 4,6% lo ha hecho por contacto sanguíneo. Este porcentaje va tendiendo a cero dadas las medidas que se toman en los bancos de sangre. En el 1,5% de los casos se transmitió de madre a hijo.

La tasa de infectados en nuestro país es, en promedio, 28 personas por cada 100.000 habitantes, aumentando en la Región Metropolitana. Aunque hoy se percibe una ruralización cada vez más importante de la enfermedad. La posibilidad de infección es mayor en la población homosexual y bisexual, aunque se ha ido extendiendo a mujeres heterosexuales que han tenido contacto sexual con bisexuales.

Asistimos a un proceso de feminización de la epidemia. El año 1990 la proporción entre los enfermos de SIDA era de 28,4 hombres por cada mujer. En 2000, esta proporción fue de 6,9 hombres por mujer. En relación a los portadores, de 6,6 hombres por mujer se pasó a 4,2 hombres por mujer, en el mismo período.

A pesar de los esfuerzos por promover el uso del preservativo, los resultados han sido muy pobres y la razón de ello es que se ha intentado solucionar el problema de la transmisión del virus a través de la misma lógica que lo produce: las llamadas relaciones sexuales “protegidas” o “seguras”.

En Chile ha habido una política de Estado de generar conciencia en los jóvenes de la necesidad del uso del preservativo y de aumento de las importaciones de éstos. En 1990 se internaron a Chile 2,6 millones; en 1998 el número subió a 15,7 millones. Hoy se habla de 64 millones. Sin embargo, no se percibe el mismo empeño en generar cambios de conductas reales en lo que a la vida sexual se refiere, promoviendo la castidad y la fidelidad conyugal… las cuales sí son eficaces como prevención, como lo demuestra ampliamente la literatura al respecto.

Esta enfermedad es de notificación obligatoria. Es un derecho y un deber del Estado informar a las personas que son portadoras e invitarlas a que asuman su responsabilidad con conductas que no arriesguen la vida de los demás. Es un derecho y un deber de los pacientes saber que son portadores, dado que ello les permite someterse a un tratamiento médico de muy buenos resultados terapéuticos. Podría darse el caso de alguien que no quiera saber que es portador y no reciba ni vaya a buscar los resultados. Esta decisión se contrapone con el deber que tienen las personas de cuidar su salud y no seguir conductas de riesgo, las que quedan especialmente vulnerables frente a estas personas. De esta forma, que alguien no quiera saber su diagnóstico positivo no impide que la autoridad esté obligada a hacer todo lo
posible por informarlo y, si así no logra su objetivo, creo que debe notifi car a la persona más cercana de su entorno. El querer mantenerse en la ignorancia es a costa de poner en riesgo la vida de otros.

Lo que es éticamente cuestionable.

El valor de la vida de terceros, especialmente inocentes, cuestiona el celo de la autoridad frente a la información del enfermo. Por otro lado, lo que no puede permitirse es incompetencia, impericia o incapacidad de parte de los funcionarios encargados de obtener la información y de entregarla de modo oportuno al paciente que está infectado. Eso es muy grave. El sistema de notificación ha de ser revisado y corregido a la brevedad para que ello no ocurra. Quienes trabajan en esta área han de ser personas altamente capacitadas y constantemente auditadas. Las razones de esta urgencia son tres: en primer lugar, porque no informar cuando corresponde impide que la persona infectada se someta a un tratamiento, lo que la lleva a la muerte; en segundo, sin esa información es difícil que cambie de conducta para que no infecte a terceros; y por último, porque se daña lo propio de los organismos públicos: la confianza y la credibilidad.

Es importante decir que quien tenga conductas sexuales que impliquen riesgos de contraer el virus de inmunodeficiencia adquirida tiene la obligación moral de someterse a un examen, y si el resultado es positivo, la obligación de hacerse curar y, sobre todo, no dañar a terceros a través de sus comportamientos.