Hijo y nieto de judiciales, de tanto querer alejarse de las cortes, Urbano Marín terminó presidiendo la más importante del país. Desde su llegada a la Suprema, en enero de este año, se ha jugado por entero en modernizar los procedimientos de los tribunales y mejorar la gestión de los jueces. La paradoja del caso es que, habiendo sido formado en la Contraloría, su máxima preocupación actual es que nadie lo controle a él.

  • 24 julio, 2008

 

Hijo y nieto de judiciales, de tanto querer alejarse de las cortes, Urbano Marín terminó presidiendo la más importante del país. Desde su llegada a la Suprema, en enero de este año, se ha jugado por entero en modernizar los procedimientos de los tribunales y mejorar la gestión de los jueces. La paradoja del caso es que, habiendo sido formado en la Contraloría, su máxima preocupación actual es que nadie lo controle a él. Por M.Angélica Zegers V. Fotos: Gabriel Pérez.

 

Tiene facha de abuelito de cuento, nada que ver con la imagen lejana y terriblemente seria que suele acompañar al concepto de “supremo”. A sus 72 años y totalmente recuperado de una compleja operación al corazón que lo tuvo alejado del cargo de presidente de la Corte Suprema durante abril, Urbano Marín Vallejo se ve empoderado y dice con humor que si se le escapa algún improperio “es culpa del chancho y no mía”, en alusión a la válvula de ese animal que reemplazó a la suya en la aorta aproblemada. Marín nunca pierde la calma, es acogedor y sabe escuchar. Pero a la vez es dueño de un carácter fuerte y decidido, lo que quedó de manifiesto cuando no se amilanó frente al gobierno y se mantuvo firme hasta en su pelea por las platas para la reforma laboral.

Abogado de la Universidad de Chile, se formó en la Contraloría General de la República, con Enrique Silva Cimma como su maestro y, hasta el día de hoy, una de cada dos frases que pronuncia incluye alguna alusión a esa experiencia. Dice que fue marcadora, que ahí aprendió a administrar y que gracias a ella, su entrada al poder judicial no se le hizo difícil, aunque precisamente eligió esa repartición para alejarse del ambiente al que, según él, estaba destinado. Su abuelo fue juez y su padre, el primer Urbano de la familia, fue fiscal de la Corte Suprema por 30 años. “Todo el mundo me preguntaba si era hijo de Urbano Marín y luego agregaban que si era un cuarto de inteligente que mi padre iba a ser bueno, por lo que instintivamente me quería alejar del ambiente judicial para que no me estuvieran comparando. Ingresé a la Contraloría porque la veía muy alejada de la judicatura. Mientras más lejos me encontraba de los tribunales más cómodo me sentía”.

Sin embargo, los genes y el destino se empeñaron en aliarse y en 1997 Marín fue nombrado abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago y un año después fue elegido ministro de la Corte Suprema. Cuando en diciembre del año pasado los 21 miembros de esta corte lo eligieron por mayoría absoluta como su nuevo presidente, Marín se convirtió en el primero en la historia del máximo tribunal del país en asumir el cargo sin haber hecho la carrera judicial. “Yo ni siquiera entré por la ventana, lo hice directamente por el techo”, dice riendo.

Tal vez esta condición de externo es la que ha marcado la diferencia desde que llegó a la Corte Suprema, y hoy se hace más patente que nunca en el plan de modernización que lleva adelante. Su ánimo transformador se empezó a notar hace ya bastante tiempo, cuando se empeñó en renovar el equipo comunicacional –hoy, a cargo de la periodista Mónica González– e instaurar las vocerías, como una manera de acercar la labor de los magistrados a la ciudadanía. “Yo no soy de los que creen que los jueces sólo deben hablar por los fallos; creo que debemos informar y explicar, aunque no opinar”, dice, convencido.

Asimismo, aunque no maneja Internet y reconoce que en materia de música –es fanático de Frank Sinatra y Ella Fitzgerald– todo lo que supera la década del 50 no son más que ruidos, Marín mira al futuro en términos de gestión y está convencido de que el ambicioso proyecto de mejora del funcionamiento de los tribunales, que incluye un convenio de modernización institucional suscrito con el BID y un gran cambio en los procesos informáticos, para disponer de información en línea e instantánea del trabajo de cada juzgado del país, le cambiará la cara y también la evaluación pública al poder judicial. Marín se maneja en las leyes del marketing y sabe que, en los tiempos que corren, hacer bien el trabajo es tan importante como poder comunicarlo. Está a punto de lanzar una nueva imagen corporativa para la Suprema, con el frontis de la escala principal del edificio de Compañía y sus dos cariátides a los costados, “nada que ver con esa idea de la diosa vendada y la balanza, porque queremos proyectar el concepto de una nueva justicia”.

Tan convencido está de lo que hace, que a la hora de sacar a la mesa la discusión sobre mejoras en el sistema de calificaciones o mayor fiscalización en el manejo de los recursos, enumera de memoria todos los cambios impulsados por el poder judicial y refuta de manera decidida que esta área del Estado se oponga a los cambios. El matiz está en que, para él, son los jueces y no otros los que están llamados a hacer las reformas y ejercer los controles. Claramente, el ánimo de apertura y los arranques de modernidad de este presidente tienen como límite el palacio de tribunales.

 

 

 

Maldita dependencia

-¿Qué marca la diferencia entre un juez de carrera y otro de afuera?

-En general, se trata de una forma de vida. Los judiciales suelen ser muy herméticos y si bien ahora es menos, ha existido un cierto aislamiento de la sociedad y del resto de las instituciones del Estado. Para mí fue una sorpresa llegar a la Suprema y, más todavía, que me nombraran presidente, pero desde que llegué me integré de manera fácil y he sentido un total apoyo. La Contraloría fue una muy buena escuela en temas administrativos y me enseñó a pensar y escribir bien: sus dictámenes son muy parecidos a una sentencia, así que no ha sido un cambio tan tremendo.

-¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de estos seis meses?

-En general, lo he pasado bien. Lo complicado ha sido tratar de modernizar la administración sin tener muchas herramientas ni recursos, porque en el tema financiero somos dependientes. Además, en el último tiempo nos hemos debido dedicar muy a fondo a los temas de las reformas de familia y laboral. Ahora creo que vamos a tener más espacio para ir concretando todos los cambios que queremos.

-En el tema de la dependencia económica de los otros poderes, ¿cómo vivió el conficto con Hacienda?

-Creo que se trató de un problema de conceptos, más que de dinero. Hasta enero de este año la reforma laboral regía simultáneamente en todo el país a contar del 1 de marzo y el poder judicial tuvo que prepararse para eso arrendando edificios, porque no tiene facultades para comprar ni construir. Sin embargo, en febrero se dictó una ley que modificó la reforma y estipuló su implementación de forma gradual, lo que fue bueno para evitar los problemas que se produjeron con los juzgados de familia, pero incrementó el número de jueces. Lo más probable es que tengamos que devolver edificios que nunca se usaron y en los que ya habíamos invertido. Para Hacienda, ese gasto era imputable al total, de manera que nos querían dar menos plata que la que pedíamos, pero al parecer ahora estamos de acuerdo y creo que Hacienda asumirá parte de esa pérdida. Nosotros calculamos que nos deberían entregar 16 mil millones de pesos y siempre le mostramos a Hacienda los datos y el detalle de todos los tribunales que hay que equipar para la reforma.

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-¿Por qué, entonces, el ministro Velasco afirmó en un oficio que la información proporcionada no era suficiente para aclarar y justificar el déficit planteado por el poder judicial para la implementación de la reforma laboral?

-Este es un tema que afecta mucho más a la ciudadanía que a nosotros, y no queremos repetir lo que pasó con los tribunales de familia, porque es paradojal que una reforma que busca arreglar las cosas las empeore. Las opiniones del ministro se entienden porque consideramos de distinta manera el problema de las platas gastadas. Además, uno sabe que los ministros de Hacienda están para defender las platas y por eso no hay que bajar los brazos.

-¿Cómo define la relación con el gobierno y cuánto les afecta la falta de autonomía económica?

-La independencia que a nosotros más nos interesa es la jurisdiccional, que es la que establece la Constitución. Los recursos no dependen de nosotros porque funcionan como una partida del presupuesto que aprueba el Congreso a propuesta del gobierno y, en general, no hemos tenido dificultades insolubles. Pero no estamos en las condiciones que quisiéramos.

-¿No cree que la dependencia económica abre un espacio para eventuales presiones de los otros poderes?

-Podrá no gustarnos que nos tengan que autorizar la plata, pero no por eso nos vamos a sentir presionados. Yo no estoy ni para agradar ni para desagradar a los gobiernos, y el que sienta eso tiene que dedicarse a otra cosa, no a ser juez.

-¿Todavía aspiran a que se les asigne un porcentaje fijo del presupuesto?

-Eso lo vimos con el ex presidente Lagos y nos convenció un poco de que no era viable; al menos, por un tiempo. No vale la pena pelear por algo sin sentido, pero sí por tener el mismo estatus que el Congreso y el TC. Le explicamos al gobierno cuánta plata necesitamos y el presupuesto más o menos recoge eso. Lo importante es que podamos manejar el gasto y tener flexibilidad para traspasar recursos de un ítem a otro. Desde hace como seis años que trabajamos con convenios anuales con Hacienda que permiten esta flexibilidad y el proyecto de ley que está en el Congreso, sin movimiento, lo que hace es consolidar y ratificar esta práctica.

 

 

 

Control puertas adentro


-Si todo lo que hacen es tan claro, ¿por qué aparecen defendiéndose como gato de espalda, frente a cualquier fiscalización externa?

-Creemos que nuestra propia fiscalización es suficiente y lo más importante es que no afecta nuestra independencia. Cualquier organismo externo puede colorearse políticamente.

-¿Incluida la Contraloría?

-La Contraloría está concebida para controlar a la administración, no al poder judicial, y con todo el cariño que le tengo al contralor, creemos que los procedimientos de este organismo son un poco anticuados. Además del control de legalidad y de regularidad de operaciones contables, lo que se requiere en el poder judicial es un examen de efi ciencia y eso lo vamos a lograr nosotros mismos, por ejemplo, con el programa del BID, que incluye un sistema de control de todo lo que pasa en la organización, con detalle y de manera inmediata.

-¿Están ustedes lejos del mundo y en una situación pre angelical, como insinuó el contralor?

-En el sentido de la jurisdicción debemos estar lejos del mundo; y en las platas, yo le pregunto quién fiscaliza a la Contraloría, al Tribunal Constitucional o al Tricel. Yo no dudo de las gestiones de esos organismos, pero son tan autónomos como nosotros y además, también habría que preguntarse quién califica al contralor. Aquí no se trata de que nadie rinda cuentas o de que no paguemos por los errores, porque de hecho el Congreso puede remover ministros de la Suprema por notable abandono de deberes. En un sistema republicano operan los que se llaman frenos y contrapesos; y así como el Congreso controla al Ejecutivo y al poder judicial, nosotros podemos instruir procesos contra ministros de Estado o parlamentarios previo desafuero. Creo que es bueno para el país que el poder judicial no esté sujeto a mayores influencias externas. Y en cuanto a la gestión, insisto que no nos sirve la Contraloría, porque está en el siglo XX y nosotros nos colocamos en el siglo XXIII.


-¿No le parece que es todo lo contrario a la percepción ciudadana, que está viendo una Contraloría ágil, versus un poder judicial lento?

-La gente nos evalúa mal en términos de justicia, no en la administración. El año pasado logramos que las salas penal y laboral fallen recursos en el plazo de un mes, siendo que antes nos demorábamos cinco años. Hay avances y la idea es seguir luego con las otras dos salas de la Suprema y después, con las Cortes de Apelaciones. El control de eficiencia lo vamos a lograr mucho más con nuestros propios procesos que con la Contraloría, que sólo habla a posteriori y en términos de legalidad.

 

 

 

 

Los jueces se ponen nota

-¿Cómo se le puede asegurar a la ciudadanía que van a ser exigentes en el control de los recursos y en los sistemas de gestión, si en las calificaciones que hacen a los jueces más del 90% obtiene nota sobresaliente o muy buena?

-En la mesa judicial que establecimos con el ex ministro Bates el 2005 elaboramos un proyecto para hacer más realista y objetivo el sistema de calificaciones. Pero en vista de que llevaba tres años sin avance en el Congreso, en agosto del año pasado decidimos aplicar por nuestra cuenta parte de esas recomendaciones y este año vamos a tener una película más clara. Contratamos a gente externa para hacer estos cambios, porque se parte de la base de que todos los jueces son buenos, pero sólo algunos son excelentes y otros, no son tan buenos.

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-¿No cree que hay que sincerar las notas y bajar el rango en el que se manejan hasta hoy, dado que la nota 6,5, que para ustedes sería el mínimo, para el común de la gente es muy bueno?

-Los sistemas de calificación deben partir de un ideal normal y nosotros fijamos esa media en 6,5; para arriba es muy bueno y para abajo, malo. Lo que importa es que los jueces saben que se manejan en ese rango y que si se mantienen en 6,5 no van a ascender.

-¿Se cierra absolutamente a calificar también a los jueces de la Suprema?

-Las calificaciones van formando la carrera judicial, y la idea es que arriba sólo lleguen los mejores. Lo importante no es quién califica a los jueces, sino que la calificación sea bien hecha. Yo también puedo preguntar quién evalúa a los consejeros del Banco Central, pero asumo que siempre hay alguien que está en el extremo superior de la cadena. Los jueces son las personas más evaluadas del mundo, las cortes son periódicamente visitadas por funcionarios y hay estrictos sistemas de control y ahora, con la puesta en marcha del nuevo sistema computacional, vamos a estar mejor. Todos los viernes nos juntamos los ministros y aplicamos sanciones a todas las faltas que se detectan: creo que somos la institución que más se preocupa de la disciplina y la probidad.

– ¿A cuántas personas han echado en el último tiempo?

-A varios, y lo hemos hecho no porque nos obligue una ley, sino porque nos aburrimos de esperar a que saliera. No me haga decir que lo que hacemos es ilegal, pero a falta de ley, implementamos cosas por nuestra cuenta que están destinadas a mejorar el funcionamiento de las cortes. Queremos trabajar mejor y, si bien en las encuestas aparecemos mal evaluados, lo cierto es que son sólo opiniones. Lo más probable es que nadie haya presenciado a un actuario recibir plata, pero como lo ha escuchado, repite que los actuarios son todos corruptos y los jueces, flojos.

-¿Qué grado de avance tienen las reformas, sobre todo en cuanto al sistema de datos en línea de tribunales?

-Queremos llegar a establecer indicadores de gestión tribunal por tribunal, y para lograrlo estamos haciendo un levantamiento de todos los juicios que hay en Chile. Creo que podemos tener esa información a fines de año y que el 2009 el sistema estará operativo.


-¿Cuánto falta para que los jueces dispongan del historial de los acusados para evitar así el otorgamiento de libertades a personas que no las merecen?

-Necesitamos un sistema que le permita al juez tener a la vista de manera instantánea el historial de los acusados, pero con los datos actualizados. La idea está en marcha y queremos cargar lo antes posible ese sistema. Sin embargo, es importante terminar con las etiquetas de jueces garantistas, extremadamente duros o lentos, porque muchas veces no se toma en cuenta que los jueces fallan con los datos que les proporcionan y, en materia civil, los dueños de los juicios son las partes. Es inaceptable que un juicio dure diez años, salvo para la parte a la que le interesa que el juicio se eternice y cuyos abogados hacen todo lo posible para evitar que la responsabilidad quede establecida.

-¿Cuánto de real ve en este sentimiento de indefensión que, según las encuestas, declara sentir la gente en materia de delincuencia?

-Los establecimientos penales concesionados están saturados, lo que indica que el sistema no es garantista y Chile es el segundo país con más gente presa en Latinoamérica. A los jueces se les echa la culpa de todo porque son las caras visibles. Nosotros partimos de la base de que podemos mejorar en todo, pero hay que hacer el balance real de nuestra gestión.

 

 

 

Definiciones supremas


FUNCIONES Y OBLIGACIONES
El número de miembros de la Corte Suprema es el mínimo indispensable para cumplir con nuestro trabajo como tribunal de casación, donde no hay límites ni de cuantía ni de materia. Creo que se debería estudiar una manera de analizar ese tipo de recursos a través de una ley que establezca que en determinadas materias la instancia no es apelable o que, por ejemplo, bajo 30 UF no se va a la Suprema.

ABOGADOS INTEGRANTES
Son ministros muy necesarios, porque es difícil que los 21 miembros estemos todos en funciones: algunos están visitando cortes, otros enfermos y otros están con feriado; algunos también se mueren, lo que es un riesgo latente para los que llegamos a esta corte ya con varios años a cuestas.
DISPERSION DE FALLOS El sentido que tiene distribuir las salas por temas es propender a la uniformidad de los fallos, pero somos personas y en Chile la jurisprudencia no es vinculante, por lo que un mismo asunto jurídico puede ser visto de distinta manera. El recurso de casación en el fondo tiende a evitar las contradicciones, pero no es absoluto, ni tampoco todos los juicios son exactamente iguales.

AUMENTO DE LOS ARBITRAJES
El arbitraje puede ser muy expedito, pero también mucho menos transparente que un juicio público… y es caro. Nunca he creído que un juez no pueda llegar a definir un problema jurídico por complejo que sea, porque para eso están los peritos y los informes en Derecho. Mis profesores decían que debíamos aprender los primeros 50 artículos del Código Civil, donde estaban los principios generales del Derecho, porque cuando uno encuentra la hebra en la aplicación del principio, todo lo demás se aclara.

REFORMA CIVIL
No creo que la reforma a los procedimientos civiles salga pronto, pero es absolutamente urgente. Actualmente hay una asimetría en el sistema jurídico, porque si se parte de la base de que el sistema público y oral es bueno, no es posible que la mitad de los juicios tengan ese sistema y los otros no.

CALIDAD Y CANTIDAD DE ABOGADOS
No creo que el problema sea de cantidad, porque incluso en tiempos de crisis los abogados se las arreglan para vivir; y si antes formaban sociedades, en los tiempos malos trabajan en su disolución. Nunca se ha visto abogados en planes de empleo mínimo. El problema de la calidad es distinto, porque una cosa es que haya miles de personas que quieran estudiar Derecho y otra que exista una cantidad

EXAMEN DE CALIFICACIÓN
Me hace sentido que los egresados de Derecho que ya han rendido su licenciatura rindan un examen general para medir sus competencias antes de jurar como abogados. Esto se podría hacer en convenio con una facultad de Derecho que diera garantía de idoneidad y esta corte, lo que no es nada extraño si se piensa que hasta más o menos los años 30, cuando el número de estudiantes los hacía posible, la Corte Suprema tomaba examen a los egresados de Derecho

Derechos Humanos
“La Corte Suprema no tiene ninguna deuda pendiente”
La justicia está haciendo bien su trabajo en el sentido de que investiga los hechos, define responsabilidades y aplica la ley. Podrá haber discrepancias en el criterio que se aplica de acuerdo a la interpretación que se hace sobre si opera o no la prescripción o si rige la amnistía, pero hemos acotado los hechos y eso no existía antes. En el tema de los derechos humanos, las responsabilidades son individuales y la Corte Suprema como institución no tiene ninguna deuda pendiente. Nosotros tomamos este asunto porque el sistema político no fue capaz de generar un acuerdo que definiera responsabilidades y hasta qué nivel ellas se podían hacer exigibles, no porque nos sintiéramos responsables.