• 27 julio, 2010


Casos especiales siempre van a existir. La ley no se puede hacer cargo de todos ellos hasta el punto de negar su razón última de ser, que es velar por el bien común.


Las políticas públicas han de estar pensadas para procurar lo que es mejor para el país y sus habitantes y han de ser conformes a la verdad que el hombre lleva grabada en sí. Ello exige que un político reflexione acerca de lo que significa ser persona humana, conozca sus anhelos más profundos y legisle en consecuencia. Las políticas públicas han de surgir de la razón y no del sentimiento, las emociones o las opiniones contingentes. No pueden quedar supeditadas a los dictados de la moda ni a lo que acontece en otros países. La libertad y la soberanía de un país lo exigen, así como el valorar adecuadamente la razón humana y la verdad que encierra la naturaleza humana.

A raíz de lo acontecido en Argentina, donde le han dado carácter de “matrimonio” a la unión de dos personas del mismo sexo, es bueno reflexionar sobre de qué manera en Chile se asumirá esta tendencia. La pregunta que ha de surgir inmediatamente apunta a si es buena para el país, para los jóvenes y su futuro una ley de este tipo. La respuesta urge y la Iglesia Católica, por cierto, la tiene, amparada por su tradición bimilenaria y fundamentada en la verdad que hallamos con la razón y con la fe en aquello que se nos ha revelado. Dado que esta verdadera “batalla” se da en el campo legislativo es que, en primer lugar, me dirijo a quienes lo protagonizan.

Lo digo con claridad y sin ambigüedades: lejos, lo mejor y esperable es que los legisladores centren sus esfuerzos en promover el matrimonio tal como siempre se ha entendido; es decir, la unión estable entre un hombre y una mujer, y que los futuros ciudadanos nazcan de esa unión como miembros de una familia y en ella se eduquen. Eso lo dicen la razón, el sentido común y la experiencia. Es lo mejor para la sociedad. Las políticas públicas no pueden ser pensadas desde las minorías o desde personas que se vean en situaciones especiales. Quienes promueven la regularización de las uniones de hecho están diciendo que al final casarse y permanecer casados es indiferente y que al legislador le corresponde sólo ser notario de los deseos personales y darles un marco legal. Ello conlleva una visión del ser humano, de la labor
legislativa y del bien común pauperizadas y erradas.

Los legisladores chilenos no pueden pensar que su trabajo se limita a regular libertades individuales, olvidando el sentir de los chilenos que anhelan como primera prioridad tener una familia fundada en el matrimonio. No es legítimo afectar a la institución del matrimonio para reivindicar derechos patrimoniales. De acuerdo a esta lógica, pregunto: ¿habrá que promover una ley que proteja patrimonialmente a la hija que se quedó cuidando a su madre largos años, dándole el estatus de unión de hecho? Lo mismo con la abnegada asesora del hogar que por años atendió a su empleador, ¿también habrá que reconocer aquel vínculo? Ante esas posibilidades, surgen espontáneamente tantas preguntas: ¿dónde estarían los límites ante las múltiples situaciones que se dan? ¿Acaso todas y cada una de ellas debe necesariamente tener un estatuto jurídico? ¿Por qué no reconocer que en la actualidad ya existen soluciones jurídicas para las uniones no matrimoniales? ¿Cómo puede sostenerse que no afectará al matrimonio una regulación que conceda a las uniones idénticos derechos patrimoniales, de salud y herencia?

No se puede hipotecar sin más un valor tan alto como el matrimonio, ya bastante menguado con la ley que introdujo el divorcio. No existe ninguna razón que autorice a pulverizar la institución del matrimonio, que es anterior al Estado, ni a transar y negociar valores tan arraigados en la sociedad y que constituyen su cimiento más preciado. La ley tiene una dimensión educativa, pero bajo la reforma que se propone aprobar se está diciendo que el matrimonio es una alternativa más entre muchas.

Lo que es un error. Además, quienes promueven estas leyes empobrecen el esfuerzo de miles de padres que día a día enseñan a sus hijos, con su testimonio y sacrificada vida, el valor del matrimonio y de la fidelidad. ¿Por qué, entonces, no tratar de que la ley represente aquel anhelo tan arraigado y que tanto bien ha hecho? Como afirma Benedicto XVI en su última encíclica: “los Estados están llamados a establecer políticas públicas que promuevan la centralidad y la integridad de la familia, fundada en el matrimonio, célula primordial y vital de la sociedad…”

Pido a los legisladores que piensan aprobar leyes que avalen en la práctica las uniones de hecho, tanto heterosexuales como homosexuales, que mediten sobre qué es lo que querrían para sus hijos. Es sabido que para un padre y una madre ver casados a sus hijos y formando un hogar es altamente deseable por todo lo que significa como realización plena en el amor. ¿Por qué, entonces, no promover políticas públicas que vayan en esa dirección? Ello es posible si existe la voluntad política. Casos especiales siempre van a existir. La ley no se puede hacer cargo de todos ellos hasta el punto de negar su razón última de ser, que es velar por el bien común. Hoy, más que nunca, lo que se necesita es claridad conceptual y una profunda reflexión sobre hacia dónde queremos conducir a nuestro amado país. Qué triste espectáculo sería celebrar el bicentenario diciéndole al mundo que abdicamos de nuestro tesoro más preciado: la familia, la
célula básica de la sociedad. Ella se cuida promoviendo el matrimonio tal y como siempre se ha entendido. No hay otra manera.