A seis meses de asumir como defensora de la niñez, la abogada Patricia Muñoz habla de las dificultades que ha enfrentado la nueva institución para insertarse en el aparato público y de la urgencia de introducir la agenda proinfancia. “En Chile se han violado gravemente los derechos de los niños en los últimos 40 años”, sentencia y adelanta su plan para crear los parlamentos juveniles.

  • 6 diciembre, 2018

Lo primero que la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, hizo al asumir su cargo el 1 de julio pasado fue enviar un oficio a todos los ministerios. A cada secretaría de Estado le preguntó cuánto había gastado en infancia en los últimos 10 años, en qué programas y cuáles fueron sus resultados. Grande fue su sorpresa cuando le respondieron que esa información –así como ella la estaba pidiendo– no existía. “Seguimos invirtiendo plata pública sin saber si los programas o políticas que se imparten tienen efectividad o no”, dice a Capital. 

Son las once de la mañana y la luz inunda la sala de reuniones de las recién estrenadas oficinas de la entidad en la calle Carmen Sylva, en Providencia. La abogada de la Universidad Católica de Temuco y ex directora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional pronuncia varias veces la expresión “niños, niñas y adolescentes de este país” y reconoce haberse frustrado cuando le dicen que no hay plata para atender a la infancia. “Hoy hay 4,2 millones de niños, niñas y adolescentes en el país, de los cuales un 71% aproximadamente ha declarado sufrir violencia, y dentro de ese 71%, un 21% declara haber sufrido violencia grave. En Chile se han violado gravemente los derechos de los niños en los últimos 40 años”, sentencia.

Habla de los últimos 40 años, porque fue el 14 de agosto de 1990 cuando Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y se obligó a proteger la infancia. “Lo que no puede pasar es que un país que se dice desarrollado y pertenece a la OCDE siga invirtiendo recursos públicos sin contrastar evidencia. No podemos seguir invirtiendo plata pública que es escasa si no vamos a impactar. No hay ninguna rigurosidad técnica”, se queja. 

Dice que se lo ha hecho saber a los ministros y demás autoridades que la han recibido hasta ahora. Porque hasta el cierre de esta edición todavía esperaba un espacio en las agendas de Hacienda e Interior. Con el ministro Andrés Chadwick espera hablar sobre el trato policial a los menores de 18 años. Su intención es que Carabineros modifique sus estándares, tal como ella misma se lo hizo saber al general director de la institución, Hermes Soto, en una reunión en julio.

La Defensoría mantiene hoy dos querellas en contra de esa institución uniformada. La primera, por homicidio calificado frustrado en la detención del menor M.P.C. de 15 años, quien se encontraba junto al comunero mapuche Camilo Catrillanca al momento de su asesinato por efectivos del llamado “Comando Jungla”, el 14 de noviembre pasado en Ercilla y, la segunda, por las torturas que sufrió el mismo adolescente. En esa acción, la Defensoría es parte de la demanda interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

 “Yo creo que el ministro del Interior ni siquiera se ha enterado de que hemos tratado de reunirnos con él. Es clave que los órganos del Estado entiendan que este es un aporte técnico y adopte las medidas correctas. No tiene que ver con cuestionar por cuestionar. El que yo sea comunicacionalmente en algunos casos muy clara y quizá para algunos ‘dura”, no significa que yo o nuestra institución no estemos disponibles para colaborar”, explicita.

Parlamentos juveniles

Desde que asumió, la defensora se ha enfocado también en posicionar públicamente a la entidad. Entre sus planes figura crear un canal de YouTube, conseguir que las nuevas políticas públicas consideren a los niños, niñas y adolescentes y a largo plazo… generar parlamentos juveniles. En las próximas semanas viajará a Noruega a conocer las políticas proinfancia de ese país.   

En el intertanto sigue muy activa en la discusión pública. Sobre todo, en redes sociales. Allí, la defensora ha cuestionado las actuaciones de varias autoridades. En el gobierno causó polémica cuando ofició al controvertido exministro de Educación, Gerardo Varela, para preguntarle si los bingos eran una política de Estado o cuando dijo que “el que está por nacer no es niño” y que llevó a la subsecretaria de la niñez, Carol Bown, a responderle a través de El Mercurio.

En todo caso, ella misma comenta que en los ministros Hernán Larraín (Justicia y DDHH) y Gonzalo Blumel (Secretaría General de la Presidencia) ha encontrado una buena disposición para aceptar su visión y considerarla. 

-¿Al final le respondieron del Ministerio de Educación sobre los bingos?

-No. Me respondieron solo lo de los techos. Ahí hay cosas que tienen que ver con visiones también. Aula Segura también es la manifestación de una visión, desde mi punto de vista, estigmatizadora y criminalizadora, que no se hace cargo de las necesidades que tienen los niños hoy y que además fue utilizada comunicacionalmente de manera muy potente, incluso burda desde mi punto de vista. El tema con educación es un buen ejemplo de cómo no se entiende el rol que tiene la Defensoría. Se trató de ponernos en defensa de los delincuentes, entre comillas, y eso es no entender nada. 

 

Niños que participan

-La infancia y adolescencia chilenas enfrentan varios problemas de salud… desde el acceso hasta enfermedades de todo tipo. ¿Tiene algún plan para eso?

-El ministro de Salud nos recibió de manera muy llana. Pero el diagnóstico que tenemos es que hoy existen brechas de todo tipo en salud, por lo que hemos hecho peticiones concretas y generales. Hay consumo de alcohol y drogas, embarazo adolescente, contagio de ETS. Y no hay prevención, ni reparación, ni un abordaje eficiente. La salud mental, por ejemplo, no es prioritaria. El 70% de los niños que tenemos bajo la tutela del Estado en el Sename tiene sintomatología depresiva, hay residencias donde los niños consumen benzodiacepinas y no hay siquiatras para intervenir en crisis. Queremos desde la Defensoría liderar la creación de una política pública que considere la participación de niños, niñas y adolescentes de manera efectiva como una exigencia para el Estado. 

-¿Cómo? 

-Nos hemos propuesto ser la voz de los niños desde la institucionalidad y además darles el espacio para que ellos mismos sean su propia voz. En la estructura de la Defensoría integraremos a niños al Consejo Consultivo. Ellos van a tener una participación de igual a igual y lo más diverso posible. 

-¿No le preocupan los resquemores de los padres? No les gusta que les digan qué hacer con sus niños…

-Con algunos es más fácil que con otros. Desde 1990, cuando ratificamos la Convención de Derechos del Niño, como Estado nos comprometimos a que sean realmente reconocidos como objetos de derechos. La sociedad se compromete a transitar desde una lógica de maltrato y adultocentrista, que sigue viendo a los niños como objeto de sus decisiones, a entender que ellos son personas en desarrollo y tienen derechos tal como los adultos. 

-Pero el Estado continúa dejando en manos de los padres esos temas… 

-El paradigma del Estado sigue anquilosado en esa dinámica. Yo voy a un montón de reuniones y encuentros, pero nunca hay niños. Seguimos los adultos hablando de lo que a los niños les pasa y sí, está bien, pero es distinto cuando conversamos con ellos.