• 22 agosto, 2008

Así como en el pasado la agenda electoral estuvo marcada por la equidad o, antes, la transición pacífica, ahora la prioridad debe ser la reforma del Estado, aunque sea menos glamoroso.
Por Ricardo Solari
Así como en el pasado la agenda electoral estuvo marcada por la equidad o, antes, la transición pacífica, ahora la prioridad debe ser la reforma del Estado, aunque sea menos glamoroso. Por Ricardo Solari.

Está demasiado claro que necesitamos un nuevo Estado para enfrentar exitosamente los desafíos que nos separan del desarrollo. Así de simple. Revista Capital, en su edición 232, requirió opiniones a cincuenta personas respecto de qué hacer para enfrentar las limitaciones de nuestra competitividad y sus efectos en crecimiento, empleos, ingresos y oportunidades. Un lugar común en esas cincuenta opiniones era la necesidad de un Estado distinto, con otra cultura, con otra energía.

Ahora que entramos en un largo ciclo electoral, en que empieza a perfilarse el escenario de la sucesión presidencial, es imprescindible que el tema de la reforma estatal se instale con fuerza en la agenda, como en el pasado ocurrió con la equidad o, antes, con la necesidad de asegurar una transición pacifi ca.

No es fácil, pero es urgente. No es fácil, porque no es un tema glamoroso. Pero hay crear conciencia y condiciones, buscar acuerdos y desterrar prejuicios y visiones ideológicas que en el pasado se reducían simplemente a achicar el Estado lo más que se pudiese o, en el otro extremo, a concebir que sólo en lo estatal cabían las soluciones a los problemas públicos.

Soy un ex-alumno del Instituto Nacional y en esa condición estoy colaborando, como muchos otros, con el alcalde de Santiago en buscar soluciones para mejorar el alicaído estado del “primer foco de luz de la nación”. Pero para mi ya una cosa es evidente: la municipalización por su parte y el Estatuto Docente por otra, dos manifestaciones polares de las ideas del Estado prevalecientes en el siglo pasado, han sido un desastre para los liceos emblemáticos como el Instituto Nacional, condenándolos al abandono de una descentralización sin conducción ni contenidos y a unas normas contractuales de rigidez incompatibles con el dinamismo del mundo real y de sus cambios constantes.

Por eso me pareció tan buena idea la constitución de un consorcio de universidades y fundaciones que se han auto convocado para proveer ideas para la reforma del Estado de Chile. Me parece, además de necesaria, actualmente oportuna, porque hay una gran conciencia del agotamiento de un ciclo y la urgencia de uno nuevo en la actividad del principal agente público.

Y si es la sociedad civil la que lidera esta temática, de manera trasversal, política y culturalmente, eso agrega además sabiduría y viabilidad al esfuerzo. La última reforma de pensiones demostró una gran capacidad de entendimiento y creatividad, que no sólo dio pie a soluciones técnicas correctas, sino que además provocó que las reformas fueran identificadas, legisladas y estuvieran en marcha en menos de dos años.

El consorcio constituido por el Centro de Estudios Públicos, la Fundación Chile 21, Cieplan, Expansiva, Instituto Libertad, la Fundación Jaime Guzman, Proyect América, Libertad y Desarrollo, la Universidad Adolfo Ibáñez, el departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile es contundente. En lo académico, en lo técnico y en su experiencia concreta por su trabajo en el país y en el continente en cuestiones estatales. Y porque también expresa la diversidad que tenemos en el Chile político.

Las áreas definidas para partir han sido cuatro: roles e institucionalidad del Estado, descentralización, desarrollo regional y territorial, recursos humanos del Estado y planificación, control y evaluación del Estado.

Este será simultáneamente un debate experto y abierto. Como corresponde a instituciones que vienen de la sociedad civil. No se pretende sentar cátedra, ni establecer cánones, porque en Chile y en el mundo en todas estas materias hace tiempo que la discusión está muy viva. De lo que se trata, sin sembrar grandes expectativas, es de intentar construir algunos acuerdos que permitan perfilar cambios buenos para todos. De partida, para que los usuarios directos del Estado, en particular los chilenos más modestos, tengan los servicios y prestaciones que se merecen y para que todos los emprendedores estén ciertos de que el Estado sea un socio activo, eficiente y ágil para sus tareas. Ahora es más fácil porque hay recursos, de todo tipo, que antes no tuvimos. O sea, no hay excusas. Ojala este consorcio entregue buenos dividendos al país.