Por Oscar Medina, desde Caracas A nadie debía sorprender la sentencia: más de 13 años de prisión. Sin opción a una medida de beneficio; más bien todo lo contrario: las condiciones ahora son más duras dentro de la cárcel militar donde permanece encerrado. Pero, ¿qué fue lo que hizo el líder opositor venezolano Leopoldo López […]

  • 1 octubre, 2015

Por Oscar Medina, desde Caracas

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A nadie debía sorprender la sentencia: más de 13 años de prisión. Sin opción a una medida de beneficio; más bien todo lo contrario: las condiciones ahora son más duras dentro de la cárcel militar donde permanece encerrado. Pero, ¿qué fue lo que hizo el líder opositor venezolano Leopoldo López para merecer este castigo por parte de un tribunal?

López no fue procesado por homicidio. Ni por intentar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, los voceros y los medios oficialistas se refieren a él como el asesino responsable de la muerte de 43 personas, el peligroso “ultraderechista” que atentó contra la democracia y la revolución bolivariana. Telesur, el canal regional financiado por el Gobierno, lo describe en su página web como un agente vinculado a la CIA, “aliado” del ex presidente colombiano Álvaro Uribe y “autor intelectual de acciones violentas en el país que han dejado decenas de muertos”.

El 18 de febrero de 2014 se entregó a las autoridades en un acto público y tuvo que esperar hasta la madrugada del 5 de junio a que una jueza decidiera de manera formal que había suficientes elementos como para empezar un juicio en su contra. Cinco fiscales presentaron un documento de 228 páginas acusándolo. Antes de entregarse, sobre él planeaban dos señalamientos de peso: terrorismo y homicidio. Pero esos cargos fueron retirados por los fiscales y permanecieron los mismos por los cuales resultó condenado el pasado 9 de septiembre: instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir.

13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas deberá permanecer en su celda de la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de la ciudad. Y no por una acción, sino por la “intención” que tuvieron sus palabras, tal como se desprende de la lectura del caso.

 

El proceso

¿Cómo se llegó a esta condena, que ha sido criticada por figuras internacionales, entre ellas los ex presidentes de Chile, Eduardo Frei y Ricardo Lagos? Recordemos que el 12 de febrero de 2014 se produjo en Caracas una marcha de estudiantes y activistas de oposición que terminó en una concentración frente al edificio principal del Ministerio Público. La propuesta central era exigir mayor seguridad en el país y presentar un documento a la fiscal general de la República solicitando la liberación de un grupo de jóvenes detenidos en el estado Táchira.

Pero la fiscal Luisa Ortega Díaz no atendió el reclamo y los estudiantes no aceptaron que el documento lo recibiera otro funcionario. En eso estaban cuando surgió la noticia de que unas cuadras más atrás, un manifestante –el joven Bassil Da Costa– había sido asesinado a balazos por agentes policiales. Fue la chispa que encendió la violencia: la sede de la fiscalía fue atacada a piedras e incluso con alguna molotov, y seis automóviles del vecino Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas resultaron seriamente averiados. Desde ese momento y durante los meses siguientes se vivió en buena parte de Venezuela una ola de protestas, violencia y represión inédita que produjo miles de detenciones, cientos de denuncias de torturas –presentadas ante instancias internacionales– y 43 víctimas mortales.

El episodio del 12 de febrero coincidió –o formó parte– de un esquema de protesta civil al que se llamó “La Salida”, impulsado por los líderes opositores María Corina Machado y Leopoldo López, pero que no fue respaldado por otros, como el ex candidato presidencial Henrique Capriles. Tanto por lo sucedido ese día –tres muertos: Da Costa, Juan Montoya y Robert Redman– como por los eventos siguientes, López –fundador del partido Voluntad Popular– fue apuntado por el Gobierno como el principal responsable.

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“Viene la condena. Ahora viene la decisión del tribunal y debe quedar bien claro ante el país que ese señor llamó al asesinato de 43 personas. Aquí tiene que haber justicia para que haya paz”. Eso dijo en su programa de televisión el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, a quien se le considera como el hombre fuerte del país detrás de Maduro. Y lo dijo una semana antes de que la jueza Susana Barreiros dictara sentencia.

El abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, ha denunciado una y otra vez las irregularidades cometidas durante el juicio y las violaciones al debido proceso ocurridas desde la propia audiencia de presentación que se hizo dentro de un autobús y no en la sede del tribunal. La jueza Barreiros impidió a la defensa de López presentar pruebas a su favor o evidencias que respondieran a las acusaciones de la fiscalía. Y mientras permitió que desfilaran 108 testigos respaldando los argumentos en contra, sólo aprobó que una persona de la lista promovida por la defensa abriera la boca en la sala: alguien que también atestiguó citado por los fiscales.

En las 228 páginas de la acusación, se describe como víctima de las acciones de López al Estado venezolano. En otras palabras, no fueron los fallecidos ni los heridos durante las manifestaciones. Lo que se plantea es que los desmanes y destrozos que ocurrieron el 12 de febrero fueron hechos por otras personas, “pero determinados por los discursos del mencionado ciudadano”.

La tesis central de los acusadores se afinca en el poder de sugestión de López: “Ejerció una fuerte influencia no sólo en su manera de pensar, sino en las potenciales acciones de sus destinatarios, quienes actuaron y cumplieron cabalmente el mensaje de ir por las cabezas de los Poderes Públicos y desconocer las autoridades legítimas”.

Los fiscales se esmeran en demostrar cosas muy evidentes: que López hizo llamados a manifestar contra el Gobierno –eran públicos–, que participó en la marcha del 12 de febrero y que el Leopoldo López que se vio hasta por la televisión ese día era el mismo Leopoldo López que fundó Voluntad Popular. También le hicieron un informe antropomórfico. Pero el elemento fundamental que intenta sostener toda la tesis de su poder para influir sobre las masas, es el testimonio de una experta que realizó un análisis lingüístico de tres discursos públicos del opositor y a una entrevista que le concedió a Fernando del Rincón en la cadena CNN en Español.

La experta Rosa Amelia Asuaje –abierta entusiasta de Hugo Chávez– es la estrella de la acusación. Asegura que analizó 4.356 palabras dichas por López con el programa “AntConc Versión 3.4.1u para Linux OS”. Su informe detalla, en esencia, los conceptos que más repitió López en esa muestra. Y palabra a palabra llega a conclusiones: que el líder opositor hace responsable al gobierno de Maduro por la crisis de violencia y escasez del país y que invitó al pueblo a salir a las calles a alzarse contra un gobierno antidemocrático y corrupto. Y aunque ella misma destaca que López utilizó expresiones como “convocatoria a la no violencia”, asegura que su mensaje “colérico y rabioso” pudo ser transferido a quienes le escucharon y se vieron animados “a seguir, en acciones, lo que éste les indica que deberían hacer, aunque no les explique claramente”.

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Las palabras del dirigente político, de acuerdo a esta lectura, son capaces de desatar tempestades. “La participación del ciudadano Leopoldo López, no consistió en desplegar de manera directa los delitos de Incendio y Daños, pero existen elementos, como la experticia de análisis de los discursos del imputado, suficientes para estimar que si (sic) determino (sic) e indujo a los manifestantes a realizar un ataque en contra de la sede del Ministerio Público”.

Juan Carlos Gutiérrez advierte sobre las implicaciones de esta decisión: “Esta sentencia genera jurisprudencia y restricción del derecho a la libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad del disenso político”. López ha sido condenado por su verbo. Hay ocho funcionarios policiales imputados por el homicidio de Bassil Da Costa: fueron descubiertos gracias a videos tomados por vecinos y cámaras de seguridad sacados a la luz por los reporteros que para entonces formaban parte de la unidad de investigaciones del diario Últimas Noticias. De los ocho, sólo uno está siendo juzgado en prisión. •••