Las aguas están movidas al interior de Libertades Públicas, la asociación gremial que se formó en 1994 con el objetivo de proteger y promover los derechos fundamentales de las personas.
En septiembre dos de sus miembros, Juan Ignacio Correa, socio de CorreaGubbins, y Pablo Ruiz Tagle, de Larraín y Asociados, decidieron alejarse definitivamente de la entidad, arguyendo que había “perdido el rumbo libertario y tolerante que le dio origen”.
Hacía varios meses que ambos juristas mostraban su disconformidad por el manejo de la asociación. Las divergencias se iniciaron cuando algunos de sus miembros decidieron presentar una lista al Colegio de Abogados, lo que fue criticado por Correa por tratarse de una asociación gremial cuya trayectoria, a su juicio, no había sido coincidente con los principios de su organización.
Pero la gota que rebalsó el vaso fue el caso de la Universidad de los Andes que tuvo enfrentados por cuatro meses a un grupo de abogados de Libertades Públicas, liderados por su presidente Iván Harasic, con Correa.
Todo empezó en mayo pasado, cuando miembros de Libertades Públicas decidieron representar legalmente a Marcela Raveau Benítez, ex directora académica de la escuela de Psicología de esa universidad, quien fue despedida de la casa de estudios, asegura, por convivir con un hombre separado.
Raveau y sus abogados presentaron una demanda contra la universidad, argumentando que el plantel había pasado a llevar los principios de igualdad, no discriminación y respeto a la privacidad.
La Universidad de los Andes, a su vez, contrató al abogado Juan Ignacio Correa, también miembro de Libertades Públicas, para asumir su defensa. El jurista aceptó y en su contestación negó la veracidad de las acusaciones y agregó que aun si éstas fueran ciertas, la universidad estaría en su derecho, según lo establecido por la Corte de Derechos Humanos de Europa, que en un fallo unánime dijo que “no es contrario a los derechos fundamentales y civiles de un trabajador que un organismo católico o con otro ideario igual de explícito le exija a su plana principal observar una conducta coincidente con los principios que profesa”.
Esa fue la razón que motivó la molestia interna en Libertades Públicas y que terminó con la renuncia de Correa, uno de sus fundadores.
El juicio fue zanjado a fines de septiembre pasado, cuando tanto la universidad como la afectada lograron un acuerdo de conciliación, a través del cual la casa de estudios pagó la suma de 3 millones de pesos a Raveau; eso sí, sin admitir haber actuado en forma discriminatoria.
Pero en el camino se abrió un amplio debate al interior de Libertades Públicas, que no vio con buenos ojos que uno de sus miembros hubiera aceptado defender a un demandado por la organización. De hecho, en varios mails de un lado a otro, algunos de sus asociados reprocharon a Correa directamente el haber aceptado defender a la universidad en este caso.
Consultado por Capital, Iván Harasic explicó que “Libertades Públicas reconoce la libertad de individuos para rechazar o aceptar diferentes casos. Pero eso hasta un cierto límite, porque no se puede aspirar a litigar en contra de la organización. Éste es un inconveniente insalvable y no tuvimos la necesidad de llegar a analizarlo mayormente para ver qué medidas disciplinarias adoptar, porque él renunció a la asociación”.
Al respecto, Correa criticó el episodio. “Lamento que Libertades Públicas se haya transformado en unanimidades privadas y no acepte posiciones divergentes a su interior, diversidad que constituyó su fuerza en el pasado”, comentó.

  • 21 octubre, 2011

Las aguas están movidas al interior de Libertades Públicas, la asociación gremial que se formó en 1994 con el objetivo de proteger y promover los derechos fundamentales de las personas.

En septiembre dos de sus miembros, Juan Ignacio Correa, socio de CorreaGubbins, y Pablo Ruiz Tagle, de Larraín y Asociados, decidieron alejarse definitivamente de la entidad, arguyendo que había “perdido el rumbo libertario y tolerante que le dio origen”.
Hacía varios meses que ambos juristas mostraban su disconformidad por el manejo de la asociación. Las divergencias se iniciaron cuando algunos de sus miembros decidieron presentar una lista al Colegio de Abogados, lo que fue criticado por Correa por tratarse de una asociación gremial cuya trayectoria, a su juicio, no había sido coincidente con los principios de su organización.
Pero la gota que rebalsó el vaso fue el caso de la Universidad de los Andes que tuvo enfrentados por cuatro meses a un grupo de abogados de Libertades Públicas, liderados por su presidente Iván Harasic, con Correa.

Todo empezó en mayo pasado, cuando miembros de Libertades Públicas decidieron representar legalmente a Marcela Raveau Benítez, ex directora académica de la escuela de Psicología de esa universidad, quien fue despedida de la casa de estudios, asegura, por convivir con un hombre separado.

Raveau y sus abogados presentaron una demanda contra la universidad, argumentando que el plantel había pasado a llevar los principios de igualdad, no discriminación y respeto a la privacidad.

La Universidad de los Andes, a su vez, contrató al abogado Juan Ignacio Correa, también miembro de Libertades Públicas, para asumir su defensa. El jurista aceptó y en su contestación negó la veracidad de las acusaciones y agregó que aun si éstas fueran ciertas, la universidad estaría en su derecho, según lo establecido por la Corte de Derechos Humanos de Europa, que en un fallo unánime dijo que “no es contrario a los derechos fundamentales y civiles de un trabajador que un organismo católico o con otro ideario igual de explícito le exija a su plana principal observar una conducta coincidente con los principios que profesa”.

Esa fue la razón que motivó la molestia interna en Libertades Públicas y que terminó con la renuncia de Correa, uno de sus fundadores.

El juicio fue zanjado a fines de septiembre pasado, cuando tanto la universidad como la afectada lograron un acuerdo de conciliación, a través del cual la casa de estudios pagó la suma de 3 millones de pesos a Raveau; eso sí, sin admitir haber actuado en forma discriminatoria.

Pero en el camino se abrió un amplio debate al interior de Libertades Públicas, que no vio con buenos ojos que uno de sus miembros hubiera aceptado defender a un demandado por la organización. De hecho, en varios mails de un lado a otro, algunos de sus asociados reprocharon a Correa directamente el haber aceptado defender a la universidad en este caso.

Consultado por Capital, Iván Harasic explicó que “Libertades Públicas reconoce la libertad de individuos para rechazar o aceptar diferentes casos. Pero eso hasta un cierto límite, porque no se puede aspirar a litigar en contra de la organización. Éste es un inconveniente insalvable y no tuvimos la necesidad de llegar a analizarlo mayormente para ver qué medidas disciplinarias adoptar, porque él renunció a la asociación”.

Al respecto, Correa criticó el episodio. “Lamento que Libertades Públicas se haya transformado en unanimidades privadas y no acepte posiciones divergentes a su interior, diversidad que constituyó su fuerza en el pasado”, comentó.