Es común en el diario quehacer de un abogado recibir preguntas sobre la existencia de algún derecho o situación jurídica que los beneficie o afecte. Es lastimoso afirmarlo, pero la gran mayoría de quienes consultan, desconocen que a través de su función jurisdiccional, El estado debe dar respuesta y solucionar aquellos estados de incerteza […]

  • 7 marzo, 2013

 

Es común en el diario quehacer de un abogado recibir preguntas sobre la existencia de algún derecho o situación jurídica que los beneficie o afecte. Es lastimoso afirmarlo, pero la gran mayoría de quienes consultan, desconocen que a través de su función jurisdiccional, El estado debe dar respuesta y solucionar aquellos estados de incerteza jurídica.
En nuestro país existe incerteza jurídica en mayor grado que controversias o conflictos contenciosos.

Nuestro ordenamiento civil no contempla una forma sistemática de protección jurisdiccional ante la incertidumbre jurídica, y esa es justamente la razón para que una protección tan valiosa no haya adquirido el uso y aplicación que sería dable esperar. Con todo, ha sido la jurisprudencia de nuestros tribunales la que ha señalado los requisitos necesarios, para intentar lo que la doctrina califica como Acciones Declarativas o de Mera Certeza, dándole sustento práctico a su aplicación.

Un aspecto básico que debiera tenerse presente al intentar una acción declarativa es su sustento. Desde un punto de vista orgánico y normativo encuentran sustento en el concepto de “jurisdicción”, del cual deriva la consagración, de rango constitucional, del principio de tutela o garantía jurisdiccional.

En efecto, la jurisdicción encuentra reconocimiento constitucional en el inciso primero del artículo 76 de la Constitución, pero esta función necesariamente debe traducirse en el correlativo derecho de los ciudadanos de poder reclamar su intervención cuando sea necesario y, para ello, más allá de radicar dicha función en un determinado órgano del Estado, como es el poder Judicial, ésta debe traducirse en un principio de tutela o garantía jurisdiccional.
De ahí entonces que el inciso segundo del artículo 76 de la Carta Fundamental, sea la expresión del principio de tutela o garantía jurisdiccional.

Este criterio se ve abonado si nos remitimos al inciso segundo del artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, que responde a la misma idea matriz, consignando la inexcusabilidad, como un reflejo del principio de tutela jurisdiccional consagrado en la Constitución. Y es tal su amplitud que, de acuerdo al N° 5 del artículo del Código de procedimiento Civil, aun si faltare la ley que diere solución al conflicto debe éste resolverse de acuerdo a principios de equidad.
Es un Juez de la República el que dentro de su competencia, y en un acto declarativo, fija certeza sobre la materia sometida a su conocimiento.

La Acción de Mera Certeza no puede recaer sobre situaciones hipotéticas o futuras, sino sobre una contienda que implique una protección actual.

Así lo determinó la Corte Suprema en fallo del 13 de noviembre de 1985, refiriéndose a la competencia de los Tribunales de Justicia, para conocer acciones de mera declaración o certeza.

Al deducir una acción de mera certeza, además de justificar la situación de un derecho desde donde surge un estado de duda o incertidumbre a la cual se le quiere dar término, deberá el actor acreditar un interés patrimonial o moral que habilite solicitar y obtener ese tipo de protección. Lo anterior no podría ser de otra manera, ya que el órgano jurisdiccional actúa resolviendo controversias jurídicas intersubjetivas.

Es necesario indicar que lo resuelto por un Tribunal conociendo de una acción declarativa, conlleva para el actor, quedar amparado por el efecto de cosa juzgada. Ello no es una consecuencia menor pues las implicancias que puede tener una sentencia del tipo declarativa, si se quiere renovar la controversia sobre la misma situación, son enormes. Y definitivas.

Como excepción a lo ya referido, algunas sentencias están sometidas a trámites de inscripción como una solemnidad frente a terceros.