La reforma al proceso penal estuvo marcada en sus inicios por la necesidad de dotar a Chile de un sistema de investigación independiente, transparente, oportuno y eficiente, y al mismo tiempo un sistema de juzgamiento penal, público, imparcial y predecible. Para lograr el primer objetivo, se creó el Ministerio Público y se organizó un modelo […]

  • 4 abril, 2013
Rafael Blanco Suárez

Rafael Blanco Suárez

La reforma al proceso penal estuvo marcada en sus inicios por la necesidad de dotar a Chile de un sistema de investigación independiente, transparente, oportuno y eficiente, y al mismo tiempo un sistema de juzgamiento penal, público, imparcial y predecible. Para lograr el primer objetivo, se creó el Ministerio Público y se organizó un modelo de persecución penal con sistemas de selectividad de casos y salidas alternativas para ciertos delitos.

Para lograr el segundo, se creó la figura del juez de garantía y del juez oral, gestándose adicionalmente un modelo de audiencias públicas que reemplazó el expediente y un modelo de escrituración que fue reemplazado por la oralidad.
De conformidad con diversos estudios, tales objetivos lograron cumplirse de forma bastante exitosa.

A la par, se gestó de forma paralela una segunda reforma a los modelos de gestión y administración judicial, que se tradujo en cambios muy radicales en la forma en que se organizaban los antiguos tribunales del crimen. Así, se generaron juzgados de composición múltiple, el juez dejó de tener injerencias cotidianas en asuntos administrativos, se logró mejorar los sistemas de atención de público, de comunicación y uso de tecnologías, y se desarrollaron mejores sistemas de determinación de cargas de trabajo para los jueces, entre otras medidas.

La tercera reforma adosada al cambio de la justicia penal se conformó, sin embargo, en forma muy incipiente y tímida. Se trata de aquella vinculada a los modelos de persecución penal y específicamente al trabajo policial.

La creación del Ministerio Público y los cambios procesales impactaron fuertemente en el trabajo, organización y funciones de los cuerpos policiales, los que no fueron el foco de la atención de política pública en el proceso de cambio, debiendo adecuar sus estructuras y formación aceleradamente, y modelar nuevas formas de trabajo y comunicación que hasta ese momento le eran desconocidas.

Chile posee instituciones policiales muy bien evaluadas por la ciudadanía, y con una vocación de servicio elogiada por todos los sectores. No obstante lo anterior, nuestras policías requieren una mirada más detenida de conformidad con la evolución de la criminalidad, lo que supone atender una serie de medidas, tales como:

1. Revisar los sistemas de reclutamiento y selección para verificar si se es capaz de atraer buenos candidatos a los cuerpos policiales.

2. Revisar la organización de funciones y estructura para reforzar perfiles cada vez más profesionales en la policía de calle, tal como ha ocurrido en otros países desarrollados, revisando de pasada la diferencia entre formación de oficiales y suboficiales en la policía preventiva y de control.

3. Revisar y adecuar los procesos de formación policial y la revisión de los programas, contenidos y mallas curriculares de las academias policiales, para verificar si se les entrega en forma real y efectiva los conocimientos y destrezas, que luego le son exigibles en el duro trabajo de persecución a la criminalidad.

4. Revisar los sistemas de educación continua del personal policial y los incentivos para permanecer o mejorar en la institución.

5. Revisar la estructura de organización para la persecución de los delitos de modo de ajustarla a las nuevas realidades de una criminalidad crecientemente organizada, móvil, dinámica y profesional.

6. Revisar las modalidades de trabajo y relaciones que tienen fiscales y policías de modo de hacerlas más dinámicas, cotidianas y funcionales. Mejorar los sistemas de comunicación, planificación y traspasos de información entre ellos.

7. Revisar los presupuestos policiales y su ejecución, a fin de determinar áreas donde se requiere inyección de recursos o mejoras en la administración de los mismos.

Dicho de otra forma, entender que el sistema penal, en lo que atinge a los modelos de persecución penal, puede experimentar mejoras a partir de pequeños ajustes normativos al Código Procesal Penal, es una mirada muy incompleta. Lo anterior no obsta a la necesidad de atender cambios en áreas del Ministerio Público, o revisar los sistemas de evaluación del trabajo de los jueces; sin embargo, el foco técnico más relevante debe observarse en el ámbito policial.