Sernac Financiero, reforma tributaria, nuevas superintendencias, eliminación del CAE, ley de etiquetado de alimentos… La lista es larga. La regulación económica ha sido intensa en el último tiempo. Se busca redefinir instituciones y mecanismos y hacerlos más eficientes, solidarios y modernos.

  • 24 mayo, 2012

Sernac Financiero, reforma tributaria, nuevas superintendencias, eliminación del CAE,  ley de etiquetado de alimentos… La lista es larga. La regulación económica ha sido intensa en el último tiempo. Se busca redefinir instituciones y mecanismos y hacerlos más eficientes, solidarios y modernos.

 

Por Arturo Fermandois
Socio de Fermandois, Evans & Cía.

Desde el mundo del Derecho surge la pregunta: ¿es completamente libre la ley, o el decreto, para crear nuevas regulaciones de la economía? ¿Puede el Congreso moverse con total libertad a la hora de redefinir las reglas con que se harán los negocios?
La respuesta es, naturalmente, no. Toda ley o decreto regulatorio están sometidos a ciertos parámetros constitucionales y el Tribunal Constitucional es quien primordialmente verifica –normalmente, a petición de las partes- vía recurso de inaplicabilidad, si los requisitos resultan satisfechos en el caso respectivo. Está en juego el valioso Estado de Derecho, quizás el activo que más se aprecia de Chile en el extranjero. En algunos casos, es el mismo presidente de la República el interesado en el respeto a las reglas constitucionales que rigen las regulaciones económico-sociales. Sucedió en 2011 en el caso del subsidio postnatal, cuando el Senado amplió los beneficios de esa prestación más allá de lo propuesto en el proyecto del jefe de Estado. Éste requirió al Tribunal Constitucional y nuestra alta magistratura declaró en ese caso infringido el crucial principio de la iniciativa económica exclusiva, del artículo 65 de la Constitución. Este principio impide a los parlamentarios presentar proyectos de ley que envuelvan gastos, así como aumentarlos en caso de proyectos enviados por el presidente.

Pero normalmente serán los particulares los primeros interesados en el estricto apego de la regulación económica a la Constitución. Ellos son los destinatarios directos de los impuestos, obligaciones, prestaciones, fiscalizaciones y a veces restricciones que conlleva el mundo regulatorio.

En síntesis, ¿cuáles son los requisitos que pone la Carta Fundamental a la regulación económica? Revisemos tres de ellos: reserva legal, proporcionalidad y respeto a la esencia de la propiedad.
El principio de reserva legal exige que los elementos centrales de la regulación de un negocio estén contenidos en una ley y no en decretos o reglamentos administrativos. Aquí la Constitución pide que el Congreso no sea omitido de la discusión. Esta exigencia es especialmente potente en materia de tributos y limitaciones del derecho de propiedad. El tema ha dado lugar a los más apasionados y frondosos litigios en el Tribunal Constitucional, desde el temprano caso “Publicidad Caminera I” (1992), hasta discusiones tributarias, educacionales e inmobiliarias en la última década. Desde la doctrina hemos provisto de elementos para que el Tribunal haga realidad este principio, que se conecta con pilares tan antiguos como la separación de poderes.

El principio de la proporcionalidad es el gran tema del momento en el Derecho constitucional. Lo que aquí se exige es que el regulador económico no se exceda; que si quiere restringir derechos de las personas y empresas para alcanzar un objetivo económico lícito, lo haga de la forma más tenue posible, apta para ese fin. Aquí aparece la triple exigencia de idoneidad, necesariedad y proporcionalidad, propiamente tal. El Tribunal Constitucional acogió este principio en 2007, en un caso sobre peajes eléctricos fijados por ley (Transelec con Panguipulli).

La protección de la esencia de los derechos es un principio general aplicado a las leyes, y especialmente sensible en materia de propiedad, corporal e incorporal.
Estos tres principios deben iluminar la regulación económica, y nuestro prestigioso Tribunal Constitucional es el primer custodio de su cumplimiento. Desde la reforma de 2005, se dispone de nuevas herramientas para hacerlos realidad.