• 29 abril, 2009

Pongamos las cosas donde corresponden, el mérito del gobierno es que, contra toda autocomplacencia, se ha jugado por esta ley que permite visualizar lo que está mal y prevenir que siga ocurriendo mañana.

Desde el 21 de abril recién pasado, los sitios web gubernamentales cuentan con un banner denominado “Gobierno transparente”, que simboliza un nuevo hito en el proceso de modernización del Estado chileno. Se ha puesto en vigencia la Ley sobre Acceso a la Información Publica, más conocida como la Ley de Transparencia.

Hoy es una obligación de los tres poderes del Estado, así como de los municipios y empresas públicas, ejercer la transparencia activa; esto es, publicar en Internet una variada gama de información, como sus funciones y atribuciones, la contratación de asesorías, la naturaleza de los proyectos de inversión, la individualización de empresas o personas naturales que tengan cualquier tipo de relación económica con el gobierno y, por supuesto, las remuneraciones de todo su personal.

De la misma manera, las entidades supeditadas a la nueva norma deberán cumplir con la transparencia pasiva; es decir, tendrán plazos establecidos para responder cualquier solicitud de información que los ciudadanos realicen.

El acceso democratizado a la información de los organismos públicos, permanentemente actualizada y accesible, no sólo es posible porque nuestro país ha alcanzado altos índices de penetración de Internet. En el balance es evidente que, derrotando cualquiera otra tendencia, el esfuerzo modernizador ha orientado la gestión de los gobiernos de la Concertación, aunque no siempre con la rapidez o la efectividad que todos deseamos. La participación del Parlamento y la oposición también ha jugado un rol central en este esfuerzo de construir un Estado de calidad. Para reducir la discrecionalidad, para incrementar los derechos de las personas.

El respaldo común a esta iniciativa de senadores de la Concertación y de la Alianza (Jaime Gazmuri y Hernán Larraín) también es una nota positiva. La Ley de Acceso a la Información Pública es un instrumento que promueve la existencia de ciudadanos informados, y se plantea el ambicioso propósito de avanzar hacia un gobierno saneado de malas prácticas, vigilante de sí mismo y orientado a las personas. El mundo del poder se hace más diáfano para los ciudadanos. Con sus grandezas y miserias. Por supuesto, la puesta en marcha de la ley no estará exenta de las falencias naturales a la envergadura de la tarea y de la complejidad del manejo y coordinación de un enorme volumen de información. Considerando el número de transacciones y contrataciones del Estado, sería iluso pensar que no se encontrará ningún error, ningún engaño o, incluso, ningún delito. Pero pongamos las cosas donde corresponden: el mérito del gobierno es que, contra toda autocomplacencia, se ha jugado por esta ley que permite visualizar lo que está mal y prevenir que siga ocurriendo mañana.

Tampoco es adecuado considerar este camino como terminado y perfecto. Los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y la ciudadanía deben sacar más provecho de esta oportunidad. La información disponible permite abrir con más argumentos nuevas discusiones, como la que ya ha surgido en torno a la calidad del comportamiento del Estado como empleador y su alto número de trabajadores a honorarios. No me parece mal publicar, difundir o hablar de las remuneraciones públicas. Por el contrario, es una forma de maximizar la fiscalización de la opinión pública sobre ello, pero más allá del morbo inicial, es más trascendente que seamos capaces de articular debates mayores, como la eficiencia de los programas públicos y la correcta focalización y oportunidad de cuantiosos subsidios que, a fin de cuentas, pueden tener mucho mayor impacto en la vida de las personas.

Lamentablemente, las Fuerzas Armadas se han restado de este proceso aduciendo viejas normas del Código de Justicia Militar, referidas a asuntos estratégicos. Cuesta pensar que las remuneraciones de nuestros uniformados constituyan secreto. Esta decisión no ayuda a elevar el prestigio de nuestros estamentos armados. No es inteligente negar información cuyo conocimiento, probablemente, comprometería más activamente al mundo civil. El caso Mirage expone una vez más la urgencia de involucrar a las instituciones democráticas y a la opinión pública en las cuestiones claves de la defensa. No en vano, estos temas ocupan lugares principales en la agenda pública y parlamentaria de los países desarrollados. El reciente debate sobre el avión presidencial, respecto del cual la Fuerza Aérea ha respondido artículos de prensa con inserciones (pagadas por los contribuyentes) en vez de utilizar las normas legales vigentes del derecho a réplica, fortalece la duda respecto de si la transparencia que celebramos para toda la nación también avanzará en ese terreno. O si al final, como corresponde, será sólo una cuestión de tiempo. Ojala, así sea.