En vísperas de la discusión del proyecto de ley que presentará el gobierno al Congreso para inyectar la suma de 290 millones de dólares al Transantiago este año, es interesante volver al tantas veces aludido paper escrito por Andrés Velasco, Guillermo Díaz y Andrés Gómez-Lobo (“Micros en Santiago: de enemigo público a servicio público”, publicado […]

  • 1 junio, 2007

En vísperas de la discusión del proyecto de ley que presentará el gobierno al Congreso para inyectar la suma de 290 millones de dólares al Transantiago este año, es interesante volver al tantas veces aludido paper escrito por Andrés Velasco, Guillermo Díaz y Andrés Gómez-Lobo (“Micros en Santiago: de enemigo público a servicio público”, publicado en marzo del 2006 en el libro del CEP Santiago. Dónde estamos y hacia dónde vamos), en especial a sus estimaciones sobre las rentas que generaba esta industria. Los autores señalan que una estimación conservadora es que las rentas totales del negocio de las micros llegaban a los 65 millones de dólares anuales. Y señalan, textualmente: “El 46% (aproximadamente 30 millones de dólares) se lo dejan para sí los choferes, que reciben una remuneración inusualmente alta. Un tercio (22 millones de dólares) lo perciben los empresarios dueños de recorridos de alta rentabilidad, y el 20% restante (13 millones de dólares) es para los titulares de las concesiones”.

La pregunta que hasta el más distraído se hace es cómo explicar que una industria donde el fisco no ponía un solo peso, y que generaba rentas por 65 millones de dólares anuales, ahora necesite de la caja fiscal nada menos que 290 millones de dólares este año para alcanzar sus nuevos equilibrios. ¿A cuánto ascienden las rentas que el nuevo plan de transportes tiene contempladas? ¿Qué porcentaje de esa torta se están llevando los choferes, las empresas concesionarias, el Metro y el administrador financiero? ¿Qué tiene de bueno o de mejor el nuevo plan de transportes que justifique este gigantesco aporte de recursos públicos?