Al decir, como se ha dicho, que en el Transantiago no hay vuelta atrás, lo que se está señalando básicamente es que las micros amarillas no volverán. Pero con eso no se está asegurando que el desenlace del nuevo plan de transporte público tenga que ser necesariamente bueno para todos los actores involucrados: los usuarios, […]

  • 9 marzo, 2007

Al decir, como se ha dicho, que en el Transantiago no hay vuelta atrás, lo que se está señalando básicamente es que las micros amarillas no volverán. Pero con eso no se está asegurando que el desenlace del nuevo plan de transporte público tenga que ser necesariamente bueno para todos los actores involucrados: los usuarios, las empresas concesionarias, los choferes, el administrador financiero, los santiaguinos en general, el Estado…

Uno de los problemas más serios que pareciera presentar el plan se refiere a los incentivos y garantías que se acuerdan en los respectivos contratos a las empresas concesionarias para operar. Mientras no se transparenten esas condiciones, es muy difícil evaluar el sistema. Porque si los incentivos, por ejemplo, para sacar los buses en la noche son débiles y las garantías muy fuertes, no cabe duda que el Transantiago va estar en serios problemas que ni los GPS ni la presencia de más fiscalizadores en las calles podrán corregir o neutralizar. Un sistema de transportes no puede depender puramente de la fiscalización y al final del día es imposible poner un comisario en cada bus y otro en cada paradero. Tampoco la operatividad del sistema puede basarse en un régimen severo de multas, porque salta a la vista que, de hacerse efectivas las sanciones pecuniarias que Transportes ha anunciado en contra de varias de las empresas concesionarias, simplemente éstas irán a la quiebra, con lo cual el remedio resultará peor que la enfermedad.

Como en todos los mercados, el transporte también requiere de un justo equilibrio entre zanahoria y garrote. Siendo así, ¿qué dirán al respecto los contratos?

El Ministerio de Transportes tiene la palabra.