En un nuevo capítulo de la demanda de Parque Titanium contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por las obras aledañas a la construcción de la Costanera Sur, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó esta semana el recurso interpuesto por la inmobiliaria en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de […]

  • 12 abril, 2019

En un nuevo capítulo de la demanda de Parque Titanium contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por las obras aledañas a la construcción de la Costanera Sur, la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó esta semana el recurso interpuesto por la inmobiliaria en contra de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ya había confirmado que el Estado no tenía nada que pagarle.

En noviembre de 2013, Parque Titanium demandó ante el 9° Juzgado Civil de Santiago al MOP para que le reintegre las 146.511,73 unidades de fomento, equivalentes a unos 6,1 millones de dólares en plata de hoy, que gastó en la habilitación de la Costanera Sur para trasladar los llamados “servicios de utilidad pública” necesarios para entregar al uso público el tramo entre Avenida Andrés Bello y calle Isabel Montt: alumbrado, semáforos, redes telefónicas de siete empresas y agua potable, entre otros.

Según Parque Titanium S.A., los cambios de servicios que debió efectuar para la ejecución de su proyecto inmobiliario excedieron las obligaciones que le imponía el Estudio de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU). Por eso se querelló contra del fisco.

La sentencia de esta semana estimó que los trabajos de traslado de servicios de utilidad pública que cobra la firma de Abraham Senerman eran necesarios para realizar las obras de mitigación a las que se había obligado Parque Titanium, ya que precisamente ese traslado corresponde a una obligación evidente en cualquier mitigación.

El fallo indica que no existe posibilidad alguna de imponer el financiamiento de estas obras al Estado, ya que la obligación para Parque Titanium nacía obviamente tras la aprobación del EISTU y que es imposible acusar al fisco de haberse enriquecido gracias a estas obras, pues el Estado siempre actuó en su rol de “autoridad vial”.