• 2 agosto, 2018

Un importante periódico de la plaza le dedicó hace poco una de sus secciones al tierraplanismo, relatado en primera persona por uno de sus cultores, el arquitecto Guillermo Wood. Era importante precisar su profesión. Le da más autoridad. No es un cualquiera: debe tener alguna idea de lo que está hablando. Muchos se quejaron en las redes sociales. Les pareció que se validaba una creencia absurda, manifiestamente falsa, casi peligrosa. No vaya a ser que alguien lea el artículo y empiece a creer que la Tierra es plana. Bueno, es lo que le pasó a Wood, que abre su presentación contando que se hizo tierraplanista tras leer una noticia en ese vasto mar que es Internet. 

La polémica sobre el tierraplanismo no es científica, pero sí es política. Es el caso de laboratorio (que suelen ser los más extremos) que ocupan los filósofos para preguntarse cuál es el espacio –en el contexto de una sociedad pluralista y un régimen democrático– que pueden tener las creencias, ideas y opiniones que se rebelan frente al conocimiento científico, contra los hechos establecidos, contra la verdad de cómo son las cosas. Es una pregunta cada vez más importante. Aunque nadie sabe con certeza qué diablos es la postverdad, mi impresión es que tiene alguna relación con la reivindicación de ciertos de grupos de promover visiones alternativas de la realidad. Dicho de otra manera, de llevarle la contra a la ciencia. Populistas, fundamentalistas religiosos y libertarios –aunque por distintas razones– suelen encontrarse en los pastos del negacionismo científico. El manifiesto del tierraplanista tiene de un poco eso: conspirativo, apelando al sentido común, rebelándose ante la ciencia como discurso disciplinario a la Foucault, estructuralmente escéptico, al mismo tiempo que insoportablemente dogmático. 

Pero, al menos desde la perspectiva liberal, no es cosa de llegar y silenciar el negacionismo. Se supone que tenemos un compromiso con la tolerancia. Sostener creencias en ausencia de evidencia –o contra la evidencia– es un derecho. Persistir en una equivocación fáctica, ídem. Más aun, reservarse el derecho de dudar del consenso científico. En eso tenemos un acuerdo razonable. Los problemas empiezan cuando salen de la privacidad de la creencia individual y reclaman no solamente libertad de expresión, sino derecho a plataforma y tribuna. Por eso las redes sociales se enojaron con el medio y no con el tierraplanista. El segundo está loco, decían, pero el primero es irresponsable. Es la misma intuición que nos invade cuando vemos científicos y negacionistas discutiendo de igual a igual en los matinales. No son posiciones simétricas, pensamos, no deberían tener el mismo espacio. Pero esa es una decisión que deben tomar los medios, guiados por sus lineamientos éticos. Si entre ellos se encuentra la importancia de educar a la población y no meramente entretenerla, entonces se desprende que deben tomar partido por el conocimiento científico establecido (en cualquier caso, no pienso que La Tercera, donde se publicó la nota, haya “avalado” el tierraplanismo: la sección en comento se llama “cosas de la vida”, que es como decir “hay de todo en la viña del Señor”. Es casi una celebración del folclore patrio). Por cierto, los medios también debiesen reflexionar sobre la posibilidad de legitimar teorías que pueden poner en riesgo físico a la población. Los tierraplanistas son jocosos por la debilidad de su evidencia, pero también porque son inofensivos. No es el mismo caso de los antivacunas.   

De aquí pasamos al siguiente nivel de complejidad: ¿tienen los padres el derecho de educar a sus hijos en creencias manifiestamente falsas o que contradicen las “verdades” de la ciencia? Álvaro Fischer, el gran darwinista chileno, sostuvo en una reciente entrevista que las familias tenían el derecho de educar a sus hijos en colegios creacionistas, aquellos que niegan la teoría de la evolución. Más aun, con subsidio público. Muchos liberales piensan lo mismo. Les aterra que el Estado les diga qué pensar. Mejor una familia ignorante que vive libre que un Estado que obligue a la ilustración. Pero ¿no estamos comprometiendo los derechos individuales del niño al presentarle una visión científicamente equivocada de la realidad? Si nos importa la igualdad de oportunidades, ¿no los estamos desaventajando negligentemente en la carrera de la vida? ¿No deberíamos asegurar un set de conocimientos básicos sobre la estructura y funcionamiento del cosmos que actúe como mínimo común democrático, como una especie de requerimiento de ciudadanía? 

Finalmente, el tercer nivel de complejidad versa sobre el tipo de argumentos y razones que ofrecen los actores políticos para justificar normas y políticas públicas. La ciencia se presume epistemología pública. En su versión ideal, es un método que todos los ciudadanos razonables pueden reconocer como imparcial y válido para dirimir contiendas fácticas. Por eso se espera, al menos como un deber de civilidad, que los gobernantes, congresistas y jueces no se aparten en sus labores públicas de la evidencia científica disponible. Que un diputado tenga preferencias esotéricas no constituye ningún problema cívico. El problema son los diputados que legislan contra la ciencia. 

Como el ministro Gerardo Varela, que agradece que su “mala analogía” haya introducido una conversación importante, hay que agradecerle al tierraplanista por introducir la punta de un iceberg que hay que abordar de manera más sistemática.