• 13 julio, 2007

 

La falta de diálogo no es síntoma de fortaleza ni de convicciones especialmente profundas. Al contrario, es prueba de debilidad.

 

El rasgo más sorprendente del Chile actual en el plano político no es el desorden de las filas del oficialismo ni el colapso de la capacidad de gestión del Estado. Ambos fenómenos se estaban viendo venir desde hace un tiempo. Lo nuevo, lo realmente nuevo, es que a partir de la llegada de Michelle Bachelet a La Moneda, gobierno y oposición perdieron la costumbre no ya de alcanzar consensos elementales sobre asuntos de futuro, sino incluso la de sentarse a conversar. Es probable que la mitad de las desinteligencias que se han producido en los últimos meses se hubiesen evitado con resguardos tan simples como una llamada telefónica o un café a media mañana entre interlocutores válidos para prevenir desacuerdos, ahorrar sorpresas o neutralizar desconfianzas. Al parecer, luego que la Concertación quedara con mayoría en ambas cámaras, los contactos con la oposición pasaron a ser vistos en el ofi cialismo como un síntoma de entreguismo y claudicación. Hasta el día de hoy muchos recuerdan con recriminación que el ministro Viera-Gallo, muy poco después de haber asumido el cargo, haya tomado el toro por las astas concordando con la Alianza el nombre de nuevo contralor. En el fondo esos círculos se sentían mejor representados en el esquema con que trabajó su predecesora, la ministra Paulina Veloso, bajo cuya gestión se quemaron sucesivamente los nombres de respetables candidatos al cargo y el país estuvo, más por obstinación que por desacuerdos de fondo, sin contralor titular durante casi un año. Para hacer posible el diálogo político en un escenario con puntos de vista divergentes, las negociaciones requieren por una parte de ganas, esto es, de una mínima voluntad de romper los hielos a lo menos, y por la otra de interlocutores con un mandato claro de hasta dónde llegar en sus compromisos. Antes de eso –por supuesto– es fundamental tener convicciones propias y es posiblemente por esta razón que para el actual gobierno las convergencias no son mayor prioridad. Una administración que no se pone de acuerdo ni siquiera consigo misma, que funciona con un gabinete atravesado por contradicciones y que opera con vetos tácitos sobre colaboradores que están fuera del circuito de la simpatía presidencial, difícilmente estará en condiciones de conversar con sus adversarios. El solo hecho de que alguien lo haga puede ser peligroso incluso para su propia supervivencia política. Entonces mejor es no arriesgarse y culpar de los cabezazos contra el mundo a la pertinacia o a la intransigencia política del adversario en cuestiones tan manejables como el nombramiento de dos nuevos miembros del directorio de TVN o en la adopción de criterios consensuados para enfrentar algunos de los retos de la delincuencia.

La descapitalización que se está viendo en Chile en términos de confianza a uno y otro lado del espectro político tiene que ver con esto. Además de no ser una buena noticia para nadie, el fenómeno se está reflejando dramáticamente en las encuestas. De un año a esta parte, justo desde el momento en que las dirigencias políticas comenzaron a pensar no en este gobierno sino en la próxima elección presidencial, la cantidad de personas que no se siente interpretada ni por la Alianza ni por la Concertación ha ido aumento. En el oficialismo los disensos están convirtiendo cada votación legislativa relevante en un verdadero parto de los montes. En la oposición se dice que las filas están más ordenadas, pero curiosamente la Alianza no capitaliza ni un solo punto del desgaste del gobierno –ni uno solo– y el único bien evaluado del sector, su más probable candidato, Sebastián Piñera, tiene un estilo de liderazgo personalista e impulsivo que –lastimado por la desconfianza– despierta enormes suspicacias no solo en la UDI sino hasta en su propio partido.

¿Hay alguien pensando en acuerdos de futuro en estos momentos en Chile? Pareciera que no. ¿No hacen falta? Sí, más que nunca. El Estado chileno está haciendo agua en varias políticas públicas: energía, delincuencia, educación, manejo de empresas públicas, anacronismo de la orgánica estatal… ¿Será que no hay recursos para afrontar las tareas? En realidad, sobre todo ahora, el problema no está ahí. Entonces, ¿qué?

Por supuesto, sería sano comenzar a conversarlo.