Si hay algo en lo que muchos están de acuerdo es en que se necesita realizar cambios urgentes en el sistema laboral chileno. ¿Dónde están los principales problemas? Se lo preguntamos a distintos especialistas, quienes nos ayudaron a configurar un listado de por lo menos diez claves sobre las que hay que poner ojo. Hay de todo: Aspectos en favor de las empresas y detalles importantes que mejorar en pro de los trabajadores. Por Cristian Rivas Neira; Ilustración, Ignacio Schiefelbein.

  • 22 octubre, 2010

Si hay algo en lo que muchos están de acuerdo es en que se necesita realizar cambios urgentes en el sistema laboral chileno. ¿Dónde están los principales problemas? Se lo preguntamos a distintos especialistas, quienes nos ayudaron a configurar un listado de por lo menos diez claves sobre las que hay que poner ojo. Hay de todo: Aspectos en favor de las empresas y detalles importantes que mejorar en pro de los trabajadores. Por Cristian Rivas Neira; Ilustración, Ignacio Schiefelbein.

Como lo ilustra la imagen que acompaña a este artículo, para muchos especialistas el sistema laboral chileno se asemeja a un auto antiguo, de esos que funcionaban bien hace 20 años, pero que con el paso del tiempo requieren de cambios sustanciales para mantenerse en movimiento.

Aunque la reflexión pueda sacar ronchas o despertar suspicacias, en lo que no hay duda es en que hoy se tiene un sistema laboral que no está sano. Y que, por ello, necesita poner en marcha una serie de cambios que resultan imprescindibles en el mundo moderno, de modo que la fuerza laboral deje de regirse por leyes que pertenecen a otras épocas y que pueden estar entrampando su expansión.

Capital conversó con distintos especialistas en materias laborales para que nos entregaran su visión acerca de dónde nos está apretando más el zapato en estos temas. Y propuestas hubo para todos los gustos: tanto en defensa de los trabajadores como a favor de las empresas y de su mejor funcionamiento.

Por supuesto hubo temas que se repitieron, lo que, visto en forma positiva, confirma que se trata de ideas que cuentan con amplio consenso. Tanto, que para los más tajantes da para pensar incluso en una reforma profunda al Código Laboral… lo que, por cierto, no es compartido por todos.

Aquí describimos los diez principales nudos que hoy enfrenta el país y aportamos algunas luces sobre lo que se debería hacer para liberarlos.

Con la mirada de las empresas

1. La carga de los años… de servicio

La indemnización por años de servicio es ciertamente uno –si no el que más– de los aspectos que se han discutido en el último tiempo. Y ha sido así por los altos costos que implica en la contratación de trabajadores en forma permanente, y que se suman a otros que buscan darles seguridad, como el seguro de desempleo, en el que las empresas, el Estado y los propios cotizantes aportan recursos a un fondo común.

El profesor de la escuela de Ingeniería de la Universidad Católica Ricardo Paredes plantea que la indemnización por años de servicio tiende a limitar lo que define como “movilidad virtuosa” en la fuerza laboral, porque muchas personas no están dispuestas a cambiarse de empleo para no perder el beneficio y prefieren seguir trabajando hasta ser despedidos. Lo peor, dice, es que este sistema protege a una fuerza laboral pequeña –porque ha llevado a que muchas empresas no realicen contratos de largo plazo, para reducir los costos del despido– y que es menos vulnerable.

Por eso, su idea y la de varios otros expertos es que no se elimine por completo, sino que más bien se reduzca el número de años que están obligadas a pagar las compañías (once, como máximo) en el caso de un despido, pero que se acreciente –por ejemplo– el aporte al seguro de desempleo, de manera de hacerlo mucho más fuerte para que se haga cargo de situaciones complejas, como mejor capacitación y, por ende, aumentos en la productividad.

2. Ser flexibles la lleva

La flexibilidad laboral es otro de los temas candentes a la hora de hablar de piedras en el zapato. Tanto, que para desmarcar la discusión que por años se ha dado en torno al tema, recientemente el gobierno y la CUT decidieron cambiarle el nombre, de modo que su discusión sea menos conflictiva. Ahora se la conoce como adaptabilidad laboral, y está incluida en los proyectos del gobierno que buscan que trabajadores y empresas acuerden directamente temas particulares, como la jornada de trabajo.

La mayoría de los especialistas ve que el sistema es muy rígido, porque funciona con un salario mínimo necesariamente asociado a 45 horas de trabajo a la semana. El director del programa de Justicia de Libertad y Desarrollo, Rodrigo Delaveau, dice que lo esencial es que se dé libertad a las empresas para que negocien directamente con sus trabajadores aspectos como jornada laboral y distribución de descansos.

Esto es necesario, a su juicio, porque ayudaría a despejar aspectos relevantes, como ir en beneficio de los quintiles con ingresos más bajos, que viven con un solo ingreso familiar, dado que el otro cónyuge (principalmente, la mujer) no puede abandonar el hogar durante el día, porque tiene a su cargo el cuidado de los hijos. Asimismo, permitiría que jóvenes y estudiantes, puedan integrarse a la fuerza laboral con cargas horarias menores, compatibles con sus otras actividades. De paso, también sería un beneficio significativo para las empresas, que no requieren tener trabajadores en días específicos u horarios determinados.

Y para proteger los intereses de los trabajadores, la académica de la escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez Andrea Repetto dice que una manera sería estableciendo topes a la continuidad de la jornada o que los sindicatos participen de la negociación de estos acuerdos.

3. Menos atribuciones para la Inspección del Trabajo

Tanto Delaveau como el director del programa laboral del Instituto Libertad, Alvaro Pizarro, plantean que dado el carácter paternalista del sistema laboral chileno y sus resabios casi monárquicos –entendido esto como un cuidado excesivo hacia un trabajador que en otros tiempos estaba indefenso– se asignaron a esta institución tareas que hoy parecen incompatibles: dicta normas, las ejecuta y a la vez es mediador administrativo en los conflictos.

En otras palabras, una sola entidad reúne las funciones de los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Por eso, lo que plantean los expertos es que esas tareas debieran separarse y avanzar sobre un sistema con más autonomía, que también se desligara del poder político de turno.

4. Despolitizar el sistema laboral

Como los temas laborales tienen impacto directo en el bienestar de las familias, esta materia está siempre sujeta a controversias que trasuntan al debate político, ocupan un rol central en cualquier campaña electoral y se exaltan ideas que finalmente pueden no ser muy viables.

Ese es uno de los principales problemas que ve Alvaro Pizarro al analizar el sistema laboral chileno. Advierte que el tema siempre se transforma en un cajón de promesas, lo que dificulta que se legisle adecuadamente, porque las discusiones tienden a acalorarse al ritmo de las convicciones políticas.

Lo que plantea Pizarro es la necesidad de discutir los temas sin esa mirada un tanto oportunista, de modo que se ayude a configurar ideas de largo plazo.

5. Mejorar la justicia laboral

En marzo de 2008 se puso en marcha la reforma a la justicia laboral, que propició la instalación de tribunales especializados, con el objetivo de asegurar a las personas el acceso a la justicia en las máximas condiciones de igualdad posible y velar para que las diligencias judiciales se realicen oportuna y rápidamente.

Aunque esto significó un gran paso para el país, tal como la reforma procesal penal y los tribunales de familia, lo cierto es que su implementación ha tenido algunas dificultades, partiendo por que se ha tendido a judicializar el cobro de beneficios por parte de los trabajadores.

Delaveau menciona en paralelo algunas fallas con que se ha llevado a la práctica la nueva legislación, que originalmente establecía que fueran tres los jueces a cargo de un tribunal; y lo que ha ocurrido es que, por distintas razones, hoy están funcionando con uno solo. También se pregunta si se justifican los millonarios presupuestos para defensoría de trabajadores, pensando en si se tiene que subsidiar a alguien por su condición de trabajador o de pobre.

El jurista propone que se reestudien algunos mecanismos, como que exista una especie de voucher por equis cantidad de dinero con el que las personas puedan buscar su propio abogado.

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Bajo el prisma de los trabajadores

6. Oportunidad para mujeres y jóvenes

Chile tiene una de las tasas más bajas de participación femenina en la fuerza laboral. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa está en torno al 40% del total, muy por debajo de porcentajes como los de los países europeos, donde las mujeres registran cerca del 70%.

Esta baja participación, en opinión de la académica de la Universidad de Chile Alejandra Mizala, hace necesario impulsar políticas que incentiven la llegada femenina, dado su impacto en la superación de la pobreza y en la reducción de la vulnerabilidad en el hogar al existir un segundo sueldo. “El aumento de la tasa de participación femenina requiere implementar medidas que mejoren la compatibilidad entre las responsabilidades familiares y laborales, de modo que el costo relativo de contratación de las mujeres se asemeje al de los hombres”, sostiene.

En este sentido dice que la obligación de proveer salas cunas no debiera estar únicamente vinculada al número de mujeres dentro de una empresa, sino que se debiera promover la compatibilización del horario de la sala cuna con el trabajo. En paralelo, también sería una ayuda facilitar la reinserción laboral de madres con hijos recién nacidos flexibilizando el post natal. “Un tema importante aquí es la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la crianza de los hijos”, sentencia.

Cosa aparte son los jóvenes. Por varios años, la tasa de desempleo juvenil (de edades de entre 18 y 24 años) se ha movido en los dos dígitos, en línea con lo que ocurre en el mundo, donde el promedio se sitúa en 15%. Mizala diagnostica que es clave mejorar el acceso de los jóvenes a la fuerza laboral, tanto de aquellos que entran por primera vez a trabajar a tiempo completo, como los que buscan un empleo para tener un ingreso mientras estudian. En este sentido, dice que es un buen logro la política implementada el año pasado, que subsidia la contratación de jóvenes y programas como el primer empleo, aunque recalca que también es necesario implementar programas que mejoren la empleabilidad de los jóvenes en riesgo social.

7. Urgente, más productividad vía capacitación

Durante gran parte de la década de los 90, la productividad total de factores (capital más trabajo) contribuyó en torno al 2% al crecimiento de la economía. Sin embargo, desde la crisis asiática este índice cayó sostenidamente, ubicándose incluso en terreno negativo, según datos del Banco Central y de Hacienda. Peor aún, Chile ostenta el record mundial de más horas de trabajo anuales, sin que eso se traduzca en mayor productividad.

Por eso, Mizala plantea que es fundamental mejorar el desempeño de la fuerza laboral, lo que podría lograrse con más y mejor capacitación, la que hoy día llega a muy pocos trabajadores; en su mayoría, de compañías más grandes. El 80% de la franquicia que se entrega para capacitación lo utilizan las grandes empresas y los trabajadores del quintil más rico de la distribución de ingreso tienen cuatro veces más posibilidades de capacitarse que los del quintil más pobre, de acuerdo a las conclusiones del Consejo de Trabajo y Equidad (2008).

Lo primero que habría que hacer, según Mizala, es desarrollar un mejor mercado de capacitación que permita que sus beneficios sean los apropiados para cada trabajador. “Es necesario asimismo preocuparse de los trabajadores más vulnerables, entre los cuales la capacitación es más cara y a la vez más necesaria”, sostiene.

8. Utilidades para todos

Lo que ocurre hoy día con este tema es que el Código del Trabajo estipula que toda empresa que tenga utilidades debe repartir una fracción de ellas a sus trabajadores. Para eso, permite escoger entre dos modalidades: una que se realiza en forma mensual, desligada de las utilidades, como un 25% de las remuneraciones del trabajador con tope de 4,75 ingresos mínimos al año; mientras que la otra es un bono equivalente al 30% de las utilidades luego de descontar el capital propio, y que se reparte una vez por año.

Andrea Repetto explica que la gran mayoría de las empresas –casi el 70%– ha optado por el primer mecanismo y sólo una pequeña fracción reparte utilidades reales. “Ello significa que las empresas escogen un instrumento que no promueve la transparencia de lo que sucede al interior de la firma, ni los incentivos a la productividad”, acusa.

En otras palabras, pareciera que las compañías minimizan los costos laborales en vez de utilizar estos mecanismos para articular dentro de ellas un diálogo que tenga como finalidad elevar simultáneamente la productividad, los salarios y las utilidades. Por eso, propone como posibilidad que se amplíen los espacios de negociación con los trabajadores.

9. Más y mejores sindicatos

Entre los estudios elaborados por la Comisión de Equidad en 2008 figuraron varias encuestas realizadas a trabajadores de distintas empresas. Un dato relevante desprendido de estas consultas es que más del 70% cree que los sindicatos son importantes para conseguir un trato justo, un empleo estable y mejores salarios.

El problema es que la sindicalización en Chile bordea el 15%; principalmente, porque la gran mayoría de la masa laboral trabaja para empresas pequeñas, en las que no existe un piso mínimo para formar un sindicato.

Por eso, el llamado de expertos como Andrea Repetto es que se fomente la formación de sindicatos y con ello la negociación colectiva, porque así disminuiría la polarización que todavía existe en el país en términos de ver al empleador como a un rival de los trabajadores. “En todo ámbito, las buenas relaciones se consiguen con gestos y con aprendizaje. Sentarse a negociar de manera transparente permite construir confianzas y entendimiento. Se dice mucho, equivocadamente creo yo, que la negociación colectiva sólo genera paralizaciones y problemas, que sería un juego de suma cero. Al contrario, el rol de la negociación es permitir que ambas partes ganen, que puedan encontrar maneras de hacerse cargo de las necesidades de los trabajadores y de las empresas”, resuelve la economista.

10. ¿Qué hacer con los empleados públicos?

Una situación no menor es la que viven los empleados públicos. Según las cifras del Presupuesto 2010, en el país existen más de 180 mil empleados en distintas reparticiones y, por ley, no tienen derecho a negociar colectivamente sus remuneraciones y, por lo tanto, tampoco pueden ir a huelga.

Lo anterior suena completamente irónico cuando se tiene a la vista que en la práctica es uno de los sectores con mayores conflictos laborales en el país. Por eso, Ricardo Paredes es un convencido de que se debiera modificar la ley que rige al estatuto público, de manera de transparentar e igualar sus derechos con los que se tienen en el mundo privado.

Con mayor razón, si se agrega que aquí es donde existe el empleo más precario del país, con contratos a plazo fijo y honorarios. Porque, además, la actual normativa pone muchas trabas para el despido y con ello se frena el recambio generacional, frustrando de paso incrementos significativos en la productividad.