Por: Rufino Martínez Serrano Abogado Contreras Velozo Durante los últimos días hemos sido testigos de las repercusiones que tuvieron los dichos de la recientemente ratificada ministra de la Corte Suprema doña Ángela Vivanco Martínez, quien sostuvo que “pretender que los jueces sean neutros es una tontería”. Y la verdad es que esta aseveración resulta cierta […]

  • 16 agosto, 2018

Por: Rufino Martínez Serrano

Abogado Contreras Velozo

Durante los últimos días hemos sido testigos de las repercusiones que tuvieron los dichos de la recientemente ratificada ministra de la Corte Suprema doña Ángela Vivanco Martínez, quien sostuvo que “pretender que los jueces sean neutros es una tontería”.

Y la verdad es que esta aseveración resulta cierta y además extensible no solo a los jueces, sino que a la totalidad de las actividades humanas, existiendo implícitamente un mayor o menor grado de sesgo y prejuicio en la toma de decisiones en todo ámbito.

Sin ir más lejos, es habitual que en cada oportunidad en que se dicta una sentencia de alta connotación pública, surjan voces que bogan por una modificación en el proceso de toma de estas decisiones y en el mecanismo de arribo a la convicción de condena o absolución. Estos reparos muchas veces se basan en criterios a lo menos cuestionables – como pudimos observar en el caso Luchsinger (fundamentados, entre otras razones, en la vestimenta de un magistrado que presidía el Tribunal).

El proceso penal parece en consecuencia, y a ojos del ciudadano, una serie de ritualidades sin sentido que desemboca en una decisión que toman “otras personas” y de las que no es partícipe, apreciando dicho resultado como arbitrario, caprichoso y muchas veces injusto.

Naturalmente, y como solución a estos vicios, resurgen algunos debates orientados a evitar que los veredictos sean ajenos a la comunidad, proponiendo como remedio a esta falencia la adopción del sistema de juicios por jurados. Sin embargo, surgen dos interrogantes fundamentales: ¿qué tan aplicable podría resultar hoy en Chile? y ¿confiaría ud. la decisión de materias enormemente relevantes a un grupo de personas con -muchas veces- nulos conocimientos de la ley?

Como argumento en favor de su implementación generalmente se señala la democratización, legitimidad e imparcialidad del veredicto, junto a una mayor concientización de la propia ciudadanía sobre sus derechos y cargas, sin mencionar los fines de prevención general para la comunidad al participar directamente del procedimiento.

Dentro de los principales argumentos que se oponen a la decisión por jurado, podemos destacar el escaso compromiso ciudadano que se manifiesta palmariamente en desalentadores índices de participación en diversos procesos cívicos, incluso en instancias tan fundamentales como las elecciones de nuestras autoridades. A lo anterior es necesario sumar el innegable peligro de la existencia de perjuicios -incluso aún más patentes a los hoy denunciados- en los integrantes de estos jurados.

En la búsqueda de pronósticos, podemos analizar la experiencia del proceso en Argentina, país que desde el 2014 introdujo el juicio por jurados para los procedimientos penales federales de las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Córdoba.  

En esta última ciudad, casi el 98% de los participantes declaró la experiencia como positiva, mientras que en la provincia de Buenos Aires, específicamente Mar del Plata, se concluyó que tras un juicio, el 91% de los participantes manifestó que volvería a ser jurado, mientras que el 100% de los ciudadanos que participaron en la instancia aseguró que su rol contribuyó a la resolución de la causa. Antes del juicio, sólo el 42,5% de los ciudadanos convocados tenía una opinión positiva de la justicia.

Esta situación es similar en otras provincias, con altos porcentajes de aceptación.  Si bien en Chile históricamente el tema ha sido objeto de un escaso debate y de una apresurada negativa, hoy como resultado de la adopción de un sistema procesal penal que ha dado muestras de transparencia, pareciera ser un buen momento para traer el tema nuevamente a la palestra, adelantando la discusión de asuntos tan sensibles como la seguridad e intimidad de los integrantes de jurado, las contraprestaciones económicas necesarias y la educación cívica básica con la que deberán contar los seleccionados.
Es probable que, como resultado de la hipotética implementación de un sistema como el señalado, se obtengan mejoras en la percepción y los niveles de confianza que la ciudadanía tiene sobre la justicia en su conjunto.