• 7 octubre, 2011



El sistema de partidos y, por consiguiente, el sistema político están al borde del colapso de su credibilidad.


Todas las encuestas muestran una creciente y preocupante distancia de la ciudadanía para con los partidos políticos, y más en general, con toda la institucionalidad política. El nivel de credibilidad de los políticos cae al lugar más bajo del ranking, a la vez que decrece significativamente el interés de los chilenos en la política. En Latinoamérica, somos el país que más cae en identificación no sólo partidaria, sino que incluso en identificación con alianzas políticas y con el eje izquierda/derecha. Para hacer frente a este panorama, la política tradicional debe, primero, tomar conciencia de que se trata de un tema preocupante. Y segundo, adoptar reformas que sacudan un sistema en vías de desborde. Pero esas reformas, para que sean creíbles, deberán doler a la clase política.

El fenómeno no es nuevo, ciertamente. Siempre hubo en Chile un cierto nicho electoral en el discurso anti política, muy basado en los liderazgos caudillescos, con toques de nacionalismo y de aspiración transversal. Carlos Ibáñez del Campo ganó en 1952 con una sola promesa de campaña: barrer a los políticos apernados en los cargos públicos, con su famosa escoba. El propio Pinochet hizo del discurso contra “los señores políticos” parte fundamental de su relato refundacional y –lamentablemente–, parte de su coartada para justificar los crímenes cometidos. Joaquín Lavín reeditó la aparente contradicción “problemas políticos versus problemas de la gente” en 1999, logrando subir el piso del 40% de la derecha post plebiscito y llegar casi al 50%.

Con todo, la situación que se aprecia en la última década es preocupante. Porque a la baja en las encuestas se agregan otros datos de preferencia revelada, como son la participación electoral y la inscripción en los registros electorales. Hoy, un tercio de la población en edad de votar sencillamente no puede hacerlo. Otro ejemplo son las movilizaciones sociales del último año: la ciudadanía ya no acude a sus representantes para plantear dilemas políticos –porque qué más político que discutir sobre cómo se deben organizar el sistema educacional o la política medioambiental– sino que prefiere movilizarse de manera autónoma y cada vez con más fuerza.

Hay que decirlo con todas sus letras: el sistema de partidos y, por consiguiente, el sistema político están al borde del colapso de su credibilidad. La experiencia comparada sirve para conocer hacia dónde lleva ese camino: el surgimiento de liderazgos populistas, muchas veces poco amigos de las reglas del fair play democrático y de fortalecer la institucionalidad.

¿Puede renovarse la base del sistema político? Es difícil, en gran medida, porque los renovadores son los mismos que los renovados. Es decir, quienes deben tomar las medidas institucionales que abren el sistema y dan cauce a la nueva demanda de participación son quienes pierden con esas reformas. Dicho de otro modo: toda reforma institucional significa transferir poder de un lado a otro. El problema es que quienes deben hacer las reformas son los que hoy tienen todo el poder.

Hay tres tipos de reformas: están las populares, las impopulares y las reformas que duelen. Entre las populares, por ejemplo, están las primarias. Entregar a la ciudadanía la última palabra sobre la selección de candidatos es una medida fácil de adoptar y muy popular entre la gente. Los partidos saben, además, que ellos siguen teniendo el monopolio en la designación de los participantes en las primarias y que poseen, a pesar de todo, mayores recursos movilizadores que otro tipo de organizaciones sociales, o ni hablar que de un independiente.

Pero también hay que tomar medidas impopulares. Si los partidos quieren de verdad salir de la precariedad institucional que viven, deben proponer financiamiento público a sus organizaciones y acceder a algunas contraprestaciones: transparencia, rendición de cuentas, democracia interna, formación de nuevos liderazgos, construcción de plataforma programática. La opinión pública se iría en contra de una propuesta como ésta, ciertamente. Nada más impopular que dar dinero a los políticos. Pero es una reforma imprescindible.

Por último están las reformas que duelen. Si los partidos no se atreven a estas reformas, la gente sencillamente no creerá en su ánimo renovador. Hay varias medidas en este sentido. De partida, si de verdad se quiere reformar el binominal y pasar a un sistema proporcional atenuado, se debe hacer un nuevo dibujo de los distritos electorales. También hay que limitar el número de reelecciones de parlamentarios y alcaldes. Atreverse a extraer poder del centro y traspasarlo a las regiones. O establecer cuotas de participación femenina. O aprobar de una vez por toda la inscripción automática. Todas esas reformas disminuyen el poder de los actuales detentores del mismo y lo traspasan a nuevos actores. La duda es, entonces, si el gobierno estará dispuesto a impulsarlas y los partidos a aprobarlas. Si las reformas no duelen, las reformitas intermedias no servirán de nada.