Las nuevas críticas del presidente Sebastián Piñera a los fiscales volvieron a encender las alarmas. Y también la polémica. ¿En verdad está abierta la puerta giratoria? Según todas las cifras, la respuesta es negativa. Pero a doce años de iniciada la Reforma Procesal Penal en Chile, el sistema comienza a mostrar algunas grietas. El gobierno acaba de anunciar un proyecto de ley con importantes mejorías.

  • 3 julio, 2012

Las nuevas críticas del presidente Sebastián Piñera a los fiscales volvieron a encender las alarmas. Y también la polémica. ¿En verdad está abierta la puerta giratoria? Según todas las cifras, la respuesta es negativa. Pero a doce años de iniciada la Reforma Procesal Penal en Chile, el sistema comienza a mostrar algunas grietas. El gobierno acaba de anunciar un proyecto de ley con importantes mejorías.

Un millón cuatrocientas mil denuncias anuales, 105 mil condenados o imputados, 50 mil presos y causas que terminan en menos de 120 días. A doce años de iniciada la reforma procesal penal en Chile, el sistema muestra numerosos éxitos, pero poco a poco comienza a aparecer el lado oscuro de su balance: casi la mitad de todas las denuncias no se investiga, los funcionarios dicen estar sobrepasados, el gobierno se pelea frecuentemente con los fiscales acusándolos de mano blanda, con la delincuencia y por si fuera poco, en la ciudadanía persiste la sensación de que la justicia anda mal.

El 13 de junio pasado, el presidente Sebastián Piñera volvió a cuestionar a los fiscales. “No es posible que los delincuentes salgan libres porque la Fiscalía o algún fiscal no ha hecho su trabajo con la suficiente dedicación”, dijo mientras promulgaba una serie de leyes en materia de seguridad ciudadana.

De inmediato, Pedro Orthusteguy, de la Asociación Nacional de Fiscales, calificó de “injustos” los dichos del mandatario y hasta el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Patricio Villarroel saltó al ruedo diciendo que a veces se absuelve a los inculpados “porque han faltado las pruebas suficientes para condenarlos”.

En el sector judicial, diversas fuentes coinciden en que las alarmas encendidas por el gobierno se deben a que existe una enorme desalineación entre lo que efectivamente el sistema procesal penal vigente puede dar y las expectativas que el Ejecutivo, la ciudadanía y los medios tienen.

Fue lo que pasó en el “caso bombas” o en el de los que asesinaron a dos personas al interior de un bus del Transantiago. También, en el caso de los que mataron a un joven de 16 años en Quilicura o en el de la liberación de encapuchados y varios otros más, sostienen abogados y especialistas.

“Si bien el sistema ha sido reconocido y mirado a nivel internacional y latinoamericano como un gran avance, aún debe despejar problemas propios de su funcionamiento, como por ejemplo los archivos provisionales que llegan casi al 50% del total de causas terminadas, identificación de imputados, o mejoras efectivas a los primeros procedimientos policiales”, afirma el ministro de Justicia, Teodoro Ribera.

El lunes 30 de abril, el gobierno ingresó al Congreso el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, considerado la mayor reforma al sistema desde su creación en 1998. Se trata de una iniciativa de 30 millones de dólares que contempla un aumento en la dotación de fiscales y funcionarios, un servicio de atención a los usuarios y una fiscalía de alta complejidad para casos de lavado de dinero, tráfico de drogas o corrupción, entre otras medidas.

Congestión
Diseñada para atender entre 500 mil y 800 mil causas anuales, la “nueva justicia”, como se le llamó desde su lanzamiento, se enfrentó rápidamente a una demanda mayor que la esperada. Por el alza de delitos y la mayor confianza de la gente para denunciar, según afirman en el Ministerio Público, las denuncias crecen a tasas que superan el 10% anual.
Pero ello ha generado también un cuello de botella. En estos doce años, la planta de funcionarios sólo registró un aumento de fiscales: 22 en 2006. Así, si las estimaciones iniciales hablaban de unos mil casos por persecutor, hoy cada uno de éstos procesa al

Estrenada en 1998 la reforma procesal penal puso al país en el club de los estados modernos, pero necesita cambios coinciden el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, la senadora Soledad Alvear, el presidente de los fiscales Pedro Orthusteguy y el profesor Rafael Blanco.

menos el doble.

“Sólo en este último mes dos fiscales más renunciaron, engrosando la lista de 150 que han dejado el sistema. El gran problema de todo eso es que formar a cada fiscal le cuesta al Estado unos 30 millones de pesos en capacitaciones y que cada renuncia afecta a unas 300 mil personas. Desde que se va un fiscal hasta que llega otro pueden pasar unos cinco meses”, se queja Ortustheguy.

La senadora Soledad Alvear, quien como ministra de Justicia del gobierno de Frei encabezó la implementación de la reforma, añade que la introducción de cambios legales sin una mayor dotación es otra de las causas. “Tal es el caso, por ejemplo, de la ley sobre violencia intrafamiliar. Actualmente, casi el 10% del total de casos ingresados al Ministerio Público corresponde a ello y el 3,8%, a casos de Responsabilidad Penal Adolescente, y ese es un ejemplo de una reforma que se introdujo con cero dotación”, sostiene.

Desde hace varios años, los fiscales –en privado primero y públicamente después– vienen denunciado el atasco del sistema, pidiendo más recursos y personal. Aseguran que la falta de profesionales les impide entregar una mejor respuesta, ya que además de revisar carpetas, tomar declaraciones a víctimas y testigos, preparar los juicios orales y presentar las nuevas acusaciones, deben atender público. Incluso el año pasado realizaron un paro, el primero desde que se empezó a aplicar la reforma.

Según los cálculos del sector, hoy cada fiscal maneja en promedio 2.131 casos y existen historias increíbles como la del fiscal Hardy Torres, de Pozo Almonte en Tarapacá, quien estuvo tres años sin poder tomar vacaciones y sólo en un año debió manejar 3.852 causas y 70 juicios orales.

Por ello, la Fiscalía Nacional decidió enviar personal de apoyo a las fiscalías más atascadas y en cada unidad los casos se están trabajando con un pool de profesionales, a fin de dar respuestas más rápidas y cumplir con los objetivos y plazos dispuestos por la ley.

Sin embargo, el riesgo de todo eso es que se termine generando el perverso incentivo de sólo investigar los grandes casos.

No todo se investiga

Hoy, de todas las denuncias que ingresan a una fiscalía, una parte importante no llega a término. No se investigan, ni mucho menos se persiguen los casos en que no haya pruebas, autores conocidos o derechamente falte algún antecedente.

Sin testigos ni pruebas, un asalto, o lo que sea, escasamente tiene futuro en la justicia. Incluso un delito más grave como una violación puede quedar congelado si no se pudieron establecer los responsables. Existe, eso sí, la posibilidad de reabrir una carpeta cuando aparecen los antecedentes.

“Hay una percepción de desprotección e injusticia, en aquellos contra los cuales se cometen delitos menos complejos o de bajo valor delictivo, cuando sus causas son archivadas, especialmente cuando el autor es desconocido”, sostiene el ministro Ribera.
Es lo que en el gobierno llaman la puerta giratoria. Pero diversos juristas y expertos sostienen que el sistema no está diseñado para que la mayoría de los casos termine en sentencia, porque sería inabordable. En el sistema antiguo se investigaba todo, pero también todos sabían que más del 80% de los casos acababa en nada, con sobreseimiento definitivo.

De hecho, el Centro de Derechos Humanos de la UDP advirtió en uno de sus últimos informes que en Chile se está instalando la percepción de que el sistema penal no funciona y que sus respuestas hacia la delincuencia son blandas y advirtió de los riesgos para la democracia que ello conlleva.

Actualmente, en todas las fiscalías existe una unidad de Tramitación de Casos Menos Complejos o TCMC, como las llaman adentro. Estas entidades actúan como filtro para decidir –con total discrecionalidad– qué casos serán investigados y cuáles no. En promedio, hoy en Chile cerca de un 46% del millón cuatrocientos mil casos que entran al sistema van a parar cada año al archivo. Y en delitos como hurtos o robos no violentos casi el 70% tiene ese destino.

Las TCMC buscan la estandarización y tramitación de aquellos casos de poca complejidad jurídica, de manera de asegurar la obtención de resultados más eficientes y en menor tiempo.

“Todo sistema penal debe generar mecanismos de selección de casos para abordar la criminalidad. En ningún país del mundo se persiguen todos los delitos, por lo que se requiere de criterios claros, sistemas de control y evaluación de los mismos. Estos sistemas de selección existen en Chile y están a cargo del Ministerio Público. Creo que en general se han usado con buen criterio y han generado buenos resultados. Sin perjuicio de ello deben revisarse con mayor intensidad las decisiones de archivo provisional en conjunto entre policías y fiscales, pues este instrumento posee el riesgo de ser entendido o empleado como herramienta permanente y general sin haber fundamentos para ello”, sostiene Rafael Blanco, profesor de la Universidad Alberto Hurtado y uno de los arquitectos de la Reforma Procesal Penal.

Salidas polémicas
Uno de los “mitos” más extendidos del sistema es la existencia de bonos por cierre de casos. Según el Ministerio Público, no existe ninguna clase de estímulo al respecto, pero entre los 18 indicadores de gestión del sistema hay uno que considera el porcentaje de vigencia de las causas y que sí incide en la remuneración de los fiscales.

Este indicador, obliga a las fiscalías a cumplir con un número de causas vigentes, lo que presiona a acelerar las tramitaciones para iniciar o cerrar las investigaciones en forma anticipada. Si bien ello puede ser considerado como un estímulo para archivar, “es también un índice de salud de la cartera del fiscal para que no mantenga causas antiguas por demasiado tiempo”, se defiende un persecutor.

En todo caso, este bono es principalmente de naturaleza colectiva, advierte Orthusteguy. “No hay un estímulos para cerrar, sino

Cada año las fiscalías reciben 1,4 millones de denuncias. De ese total, el 46% va a parar cada año al archivo. Y en delitos como hurtos o robos no violentos, casi el 70% tiene ese destino.

que es un indicador que también es sano, porque no es bueno arrastrar causas antiguas. Tiene puntos malos y buenos”, reconoce.
Como máximo, el bono equivale a 1,5 veces el sueldo anual. El sueldo de los fiscales parte en 2.350.000 pesos brutos.

Igual de polémicas han resultado las salidas alternativas. Este mecanismo es aplicable a todo tipo de delitos en que la pena es muy baja. Las estadísticas demuestran que principalmente las causas relacionadas a casos de ebriedad, venta clandestina de alcohol, piratería o robos en tiendas se resuelven de esa manera.

El problema es que todas estas medidas no implican en términos prácticos mayores obligaciones para los condenados, salvo la de abstenerse de delinquir.

Según un informe de Libertad y Desarrollo, a pesar de que en 2011 las salidas judiciales se mantuvieron relativamente constantes respecto de 2010 (en torno al 42%), su composición sufrió cambios importantes: la sentencia definitiva condenatoria disminuyó en un 14%, mientras que la suspensión condicional del procedimiento aumentó en un 31%, “lo que puede ser riesgoso en términos de impunidad”, sostiene el documento.

“Hemos hecho estudios, discutido realidades, cifras, estándares, y hemos presentado una propuesta que involucra focalizar los recursos para una mejor persecución criminal en los delitos de alta complejidad para disminuir los archivos provisionales, obtener resultados procesales coherentes, mejorar la atención del público y disminuir los niveles de causas penales con salidas o términos que no resultan satisfactorios, especialmente de cara a las víctimas,” dice el ministro de Justicia.

Según el profesor Blanco, entre las próximas mejoras al sistema debe estar sí o sí el mecanismo de salidas alternativas. “La reforma requiere mejorar los sistemas de control, monitoreo y evaluación de los sistemas alternativos de resolución de conflictos, de modo de transformarlos en herramientas útiles para la reinserción y no en mecanismos de impunidad”, sostiene.

Por eso a la senadora Alvear no le gusta que se hable de puerta giratoria. “Ese es un concepto eminentemente político, no es técnico y al cual nadie ha sabido darle un contenido preciso a qué se refieren con eso. ¿Es que un delincuente entra y sale del sistema? El sistema está diseñado para poder absorber aquellos casos lesivos; y los menos lesivos tienen otras salidas alternativas”, sostiene.

Escepticismo entre los vecinos
Todos los cuestionamientos han generado una fuerte baja en la confianza de las personas hacia las instituciones encargadas de la seguridad pública. Un sondeo realizado en enero por la fundación Paz Ciudadana y Adimark evidenció que jueces, fiscales, gobierno y Congreso reciben bajísimas evaluaciones. El escepticismo es extendido entre los vecinos de cualquier parte.

La mejor nota es para las policías pero, según la encuesta, el 40,9% estima que en su barrio ha aumentado la delincuencia. Se trata de un duro golpe para el gobierno, que ha hecho del tema una de sus banderas principales.

Eso mismo ha generado una fuerte desazón en el sistema. Pidiendo reserva de sus nombres, fiscales y policías reconocen que en muchas ocasiones sus intereses no están del todo alineados. Que a veces no hay cómo responder a las demandas de uno y otro lado. Entre los policías se comenta con frecuencia que hay algunos fiscales más apasionados o dedicados que otros y entre éstos, que muchas veces la policía prefiere concentrarse en los casos de mayor connotación pública.

“Si nosotros vemos las metas de la policía, del gobierno, los jueces, los fiscales, Sename, Registro Civil y de todas las instituciones auxiliares del sistema, no existe un hilo conductor en todas esas metas y está pendiente una discusión en ese sentido”, reconoce Orthusteguy.

El mismo profesor Blanco sostiene que debe mejorarse el trabajo técnico de las policías. “Es un órgano clave al que se ha apoyado poco y que requiere mejores preparación y recursos. Muchos de los problemas que la reforma tiene hoy en día podrían resolverse si se pensara en mejorar la organización, instrucción y coordinación de las policías con el Ministerio Público”, afirma.

El ministro, en todo caso, sostiene que radicar el problema de la falta de pruebas, por ejemplo, sólo en las policías, es un despropósito. A su juicio, “hay que mejorar tiempos de respuesta, primeras pericias, análisis de las mismas y la manera de cómo se presentan y discuten frente al tribunal”

Reforma de la reforma
Por ahora, el gobierno confía en sacar adelante el proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, que considera la contratación de 70 fiscales, 53 profesionales de apoyo a la labor investigativa, 174 técnicos y otros 73 administrativos y auxiliares.
“Esta propuesta contempla recursos –sólo en personal– superiores a los 11 mil millones de pesos. El aporte es sustantivo y así se lo hemos hecho ver a los parlamentarios”, enuncia el ministro.

Pero no será tan fácil. Varios parlamentarios de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a la que entró el proyecto,

El gobierno anunció un proyecto de ley para fortalecer Ministerio Público que considera contratar a 70 fiscales, 53 profesionales de apoyo investigativo, 174 técnicos y otros 73 administrativos y auxiliares. Pero su tramitación no se vislumbra tan expedita

critican la falta de atención a regiones. “La tramitación va a ser compleja”, admite el diputado del PRI Pedro Araya.

La Asociación Nacional de Fiscales, de Orthusteguy, tampoco está conforme. En su primera comparecencia en el Congreso en mayo pasado, explicó que el aumento en la dotación planteada por el Ejecutivo no soluciona los problemas, ni tampoco se hace cargo de las reivindicaciones históricas del sector, como homologar los sueldos a los del Poder Judicial o crear la figura de fiscales subrogantes.

No sin antes advertir sus dudas sobre las dotaciones de personal, la senadora Alvear considera que las líneas del proyecto sí son adecuadas. “Es interesante lo del análisis criminal que contiene el proyecto, porque es precisamente una de las estrategias que a nivel comparado se han utilizado con fuerza sobre todo en lo relacionado con la persecución de mercados delictuales, que usualmente van asociados a estos delitos sin imputado conocido. Es sumamente atractivo también el que efectivamente se pueda instalar tecnología y personal capacitado para efectuar análisis criminal, que a su vez sea complementario con el análisis que hagan las policías”, menciona.

En general, todos los expertos coinciden en la necesidad de acometer reformas de segunda generación a la reforma misma y responder después a otras urgencias, como las cárceles colapsadas. Todo, con el fin de cambiar la persistente sensación de la ciudadanía de que la justicia anda mal.